Contraste entre México y España

El 1 de noviembre, los asistentes al Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán escucharon el tronido de siete disparos antes de que comenzaran a correr. Entre flores de cempasúchil y velas se desangraba su presidente municipal, Carlos Manzo, otra víctima de la violencia homicida generada, según declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch por presuntos operadores y células criminales vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación en el estado. Un par de semanas después, al otro lado del Atlántico, una operación conjunta de la Policía Nacional española, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y autoridades policiales neerlandesas logró desmantelar “la oficina” del CJNG en España. El hecho dejó al descubierto su forma de operar en este territorio. Si bien han logrado infiltrarse en el territorio español gracias a que han podido aprovechar la gran infraestructura logística y, según informes del Ministerio Interior, abrirse paso hacia el resto del mercado europeo por medio de colaboración logística con redes vinculadas a la camorra napolitana, lo han hecho de manera extremadamente mesurada. Sin ejecuciones. Sin tiroteos. Sin matanzas. El asesinato de Manzo y el mencionado desmantelamiento dan cuenta de cómo dos grupos pertenecientes al mismo cartel adaptan sus estrategias en contextos completamente opuestos. En Michoacán, violencia abierta; en España, discreción absoluta. Este cuestiona la narrativa impuesta de que los “cárteles son inherentemente violentos”, y que, en consecuencia, la única forma de combatir el fuego es con más fuego. No obstante, primero debemos entender que la violencia es una herramienta más de los grupos criminales, y es utilizada de manera estratégica en la consecución de objetivos específicos como gestionar conflictos, protegerse, o evitar la captura. De acuerdo con Duran-Martínez, la violencia se forma a través de interacciones entre actores criminales y el Estado. Su frecuencia, así como su visibilidad dependen de un cálculo de costo-beneficio que involucra factores como la cohesión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la competitividad del mercado y la presencia de protección estatal hacia grupos criminales. Por otro lado, Lessing denomina condicionalidad de represión, a la capacidad del Estado para influenciar este cálculo. Al condicionar el nivel de represión estatal al comportamiento de los grupos criminales, el Estado aumenta el costo de violencia y se desincentiva su uso. El caso español ilustra un ejemplo de cómo esta dinámica puede hacer más costosa la violencia y generar un escenario donde los criminales optan por establecer alianzas que les permitan obtener ganancias sin llamar la atención de las autoridades en lugar de disputarse territorios y mercados con otros grupos abiertamente. Esto no solamente se debe a las consecuencias inmediatas que puedan enfrentar, como el arresto de algunos de sus miembros, sino al aumento de las sanciones y represión que pueda imponer un Estado. Un claro ejemplo de esto fue la propuesta legislativa impulsada por el Partido Popular en diciembre del 2024, que buscaba endurecer las penas para delitos relacionados con el narcotráfico, y surgió a raíz del asesinato de dos guardias civiles por narcotraficantes en Cádiz un mes antes. Según reportes de la Policía Nacional de España, pequeñas células del CJNG operan en las sombras en territorio español, internalizando sus tareas para evitar altercados, mediante personal especializado de confianza traído desde México. Colaboran con miembros de la camorra italiana, quienes facilitan la logística y distribución internacional de narcóticos, mientras que son empresarios españoles, no criminales “de oficio”, quienes prestan sus nombres y sociedades mercantiles como pantalla legal para el trasiego de cocaína y anfetaminas, así como el blanqueo de capitales. El uso (o no) de la violencia criminal se adapta al contexto. Aunque las penas por narcotráfico y pertenencia a una organización criminal en España son sustancialmente menores que en México, la amenaza de que la represión por parte de la autoridades estatales aumente y el miedo a la captura evitan que la violencia escale. No solo existe un alto costo reputacional para los grupos criminales en España, sino que el Estado ha convertido a la violencia en una estrategia que no es viable. No obstante, en este caso debemos preguntarnos, ¿es la ausencia de violencia homicida lo mismo que la ausencia de daño social?. Michoacán presenta la imagen opuesta y evidencia lo que sucede cuando la fragmentación del Estado junto con su aparato de seguridad, una crisis de impunidad y políticas militaristas abaratan la violencia mientras que sus rendimientos se elevan por los cielos. A diferencia de aquellas que operan en España, las células del CJNG en Michoacán se permiten la subcontratación de servicios entre los cuales se encuentran niños y jóvenes reclutados, como quien disparó contra Manzo, el uso de la fuerza para competir por territorio, rutas y mercados locales con otros cárteles, resolver disputas y demostrar su fortaleza de una manera creíble como lo plantea Gambetta. La fragmentación entre diversas autoridades gubernamentales y de seguridad convierte a la violencia en una estrategia perfectamente redituable mientras que la militarización y un sistema penal que no ofrece incentivos para la moderación, rompen con cualquier esquema de condicionalidad e imposibilitan la construcción de respuestas estatales efectivas. La fragmentación entre autoridades federales, estatales y municipales impide respuestas coordinadas y permite que los grupos criminales exploten jurisdicciones débiles. La militarización y la represión sin distinción entre el narcotráfico violento y no violento elimina cualquier incentivo para la automoderación: si el castigo potencial es el mismo, la violencia se convierte en una herramienta eficiente y mucho más valiosa que la negociación. El aparato estatal ha generado un contexto donde la violencia es la opción más rentable para los grupos criminales, y comparte la responsabilidad causal en los resultados de este sistema. El contraste entre España y México no implica la existencia de una receta transferible: los contextos históricos, políticos, geográficos y de mercado son muy distintos. Sin embargo, lo que si evidencia es que la violencia criminal está sujeta a cálculos racionales que pueden ser influenciados para alterar los resultados con los que vivimos día a día.