¿Cuál e s la causa de la pobreza en México?

Las causas de la pobreza en México son estructurales y mientras que éstas no se ataquen de raíz, los actuales programas y acciones de gobierno seguirán siendo paliativos, no una solución efectiva. Una de las alternativas viables, frecuentemente desdeñada por los gobiernos desde hace años, es la Economía Social, un modelo distinto de economía, incluyente, que pone en el centro a las personas sobre su capital con equidad, que promueve el desarrollo sustentable en perspectiva comunitaria y de identidad territorial. Las empresas sociales en México se concentran principalmente en regiones de mayor marginación, como las comunidades indígenas, en donde el impacto de la pobreza es de mayores proporciones que en cualquier otro sector de la sociedad. La Economía Social se refiere a unidades económicas estables y permanentes de propiedad colectiva; pueden ser cooperativas, unión de comunidades indígenas o sociedades de solidaridad social. En ejidos y comunidades rurales e indígenas se constituyen este tipo de empresas sociales para enfrentar las prácticas de acaparadores, coyotes e intermediarios que se quedan con la mayor parte del valor y extraen riqueza de quienes la producen. La Economía Social tiene un lugar relevante en la economía del país, el INEGI refiere que en el 2023 aportaron el 1.6% del PIB nacional, aglutina sectores como aprovechamiento forestal, agricultura, cría y explotación de animales, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y pesqueras. Además, genera al menos 1.7 millones de puestos de trabajo remunerado. En comparación con otros países, México está rezagado; por ejemplo, en Francia genera el 10% del PIB y emplea a 2.3 millones de personas; en España también aporta el 10% del PIB y emplea a 2.2 millones de personas. En Europa, en promedio, significa el 8% del PIB y emplea a 13.6 millones. La pobreza en la que se encuentran las personas indígenas atenta contra su bienestar e inhibe el ejercicio de derechos sociales a la educación, a la salud, a la protección y seguridad social, a la vivienda digna, a la alimentación, en sus niveles más básicos y, peor aún, para quienes viven en pobreza extrema. El impulso de la Economía Social puede ser la enorme diferencia entre mantener los niveles de pobreza en este sector de la población, o contribuir a que se supere desde la raíz. Si bien en el país la pobreza bajó del 42% al 36%, entre 2018 y 2022, la pobreza extrema creció 1% y afecta a 9.1 millones de personas. De acuerdo con la Escala del Bienestar que hace unos meses realizó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 2 de cada tres personas indígenas son pobres (65%) y 90% presentan al menos una carencia social. Sólo 3 de cada 100 tienen condiciones de bienestar (3%). La Economía Social es una posibilidad real y un compromiso global. La Asamblea General de la ONU adoptó en abril de 2023 la primera resolución para promoverla y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente a la eliminación de la pobreza; acceso al empleo y al trabajo decente, a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, al empleo de jóvenes, al desarrollo comunitario y la cohesión social, a la protección del medio ambiente, así como al crecimiento inclusivo y sostenible, entre otros. Por eso, alienta a los Estados miembros a impulsar y aplicar estrategias, políticas y programas de apoyo y fomento a la Economía Social y Solidaria como modelo de desarrollo sostenible. A nivel internacional, ha ido ganando reconocimiento, por ejemplo: la Comisión Europea cuenta desde el 2021 con un Plan de Acción para la Economía Social; el Consejo de la OCDE adoptó en 2022 la Recomendación sobre la Economía Social y Solidaria y la Innovación Social, y ese mismo año la OIT adoptó una Resolución sobre Trabajo Decente y Economía Social y Solidaria. El impacto global de la Economía Social en el mundo contrasta con las decisiones tomadas en México, pues se ha demostrado que los programas gubernamentales de transferencias monetarias no modifican las condiciones estructurales de las personas en pobreza; mucho menos de los pueblos y comunidades indígenas.

Tampoco crean empleos en condiciones dignas, ni fortalecen la capacidad productiva de pequeños productores. Los programas de transferencias monetarias excluyen a 6 de cada 10 hogares de menores ingresos, los que se ubican en los deciles del I al IV. En un contrasentido, la actual administración eliminó el presupuesto del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), que por ley debe fomentar el sector social de la economía, especialmente en las zonas más pobres. En 2018, antes del actual gobierno, el INAES tenía un presupuesto de 1,979 millones de pesos. En 2019 se redujo a 629 mdp y para este 2024 tiene apenas 243 mdp. El recorte en estos 6 años fue de 88% y carece de recursos para subsidios o inversión en proyectos. El Programa de Fomento a la Economía Social de Sedesol tenía en 2018 un presupuesto de 2,112 millones de pesos; en 2019 se recortó a 629 mdp y para este año es de CERO PESOS. Ante esta circunstancia, y de cara al próximo gobierno, es trascendente atender esta oportunidad como estrategia clave para afrontar la raíz de la pobreza; por ello, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza entregó a los equipos de las candidaturas presidenciales 5 propuestas, una de ellas se refiere al fomento de la Economía Social (documento disponible). En resumen, se destaca la necesidad de crear un marco normativo de fomento, crear fondos de inversión mixtos, con criterios sociales y económicos, garantizar el acceso a mercados y vías de comercialización para productos y servicios. Además, se plantea otorgar subsidios y becas para la formación y capacitación de cuadros organizativos y gerenciales, y fomentar las empresas y emprendimientos de mujeres y jóvenes, especialmente en proyectos de economía circular, economía del cuidado y otros nichos de protección al medio ambiente y sectores sociales prioritarios. La Economía Social tiene un impacto y potencial particular en las zonas más pobres y más vulnerables del país, incluyendo las zonas rurales e indígenas, brindando opciones económicas y creando condiciones para ejercer el derecho al trabajo digno y al emprendimiento productivo. Es por ello que, en virtud del cambio de gobierno, resulta indispensable incluir en los programas de gobierno acciones estratégicas que sí aporten a la disminución de la pobreza, dado que el reparto de transferencias monetarias, en definitiva, no resolverá el problema mientras que las personas no tengan los mecanismos y las oportunidades para emprender y generar sus propios medios de desarrollo en condiciones dignas y de bienestar.