Defender los derechos humanos es un peligro

Hace unos días hablábamos precisamente de lo terrible que puede ser Chiapas para los activistas, los defensores de los derechos humanos, etc. y justo ayer se dieron varias posiciones, reprobando las acciones contra el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), y es que un mensaje con amenazas de muerte, y una pinta hecha con sangre, recibieron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el centro humanitario más importante de Chiapas, fundado por el obispo Samuel Ruiz García. De acuerdo a la denuncia que este día realizó el centro, la primer amenaza se recibió el pasado 12 de noviembre, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. El Colectivo labora en coordinación con el Frayba, en la documentación de casos de tortura cometidos por autoridades del gobierno de Chiapas, principalmente integrantes del poder judicial, contra reos indígenas que de esa forma fueron obligados a firmar declaraciones inculpatorias. Más de 60 casos han sido documentados por el Frayba, quien también lleva la defensa para conseguir la libertad de algunos de estos indígenas presos en diferentes cárceles del estado, y denuncias penales contra los agresores, en la Fiscalía contra la Tortura. También se llevó el caso ante el Comité contra la Tortura de la ONU. El centro humanitario denunció que a la par de estas amenazas, , ha habido vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. Estas acciones ya fueron denunciadas en el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, “a la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano”. También, se interpuso interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por las amenazas. “Sin embargo, la garantía y protección no sea hecho efectiva de parte del Estado mexicano, minimizado la situación de riesgo que por las circunstancias valoramos que vienen de agentes del propio Estado”, denunciaron los afectados. Con todas estas acciones, es necesario que las autoridades eviten a toda costa hacer caso omiso ya que puede correr sangre y es precisamente lo que ahora en Chiapas está ocurriendo. Y es que aunque no queramos en el gobernó aun persiste la omisión, la indiferencia y la nula respuesta hacia la situación de los derechos humanos; resultando la obstrucción hacia la reivindicación de justicia y discriminación para las personas de pueblos originarios. Están prendidos los focos rojos y la alerta por la vulnerabilidad que hoy por hoy enfrentan los defensores de derechos humanos, ya que pareciera que al estado mexicano lo que menos le gusta es que organismos y defensores de derechos humanos les señalen de manera reiterada las violaciones a los derechos humanos.

Por lo que dijo que el estado mexicano y sus tres niveles de gobierno están obligados al cumplimiento y el respeto a los derechos humanos como la emisión y el cumplimiento de los protocolos de seguridad para garantizar la vida y la seguridad de los defensores de derechos humanos.  Defender los derechos humanos les a costado la vida al menos a 27 mexicanos entre 2011 y 2013. En sólo tres casos se identificó a los responsables. La impunidad es la constante en las 409 agresiones, que van desde amenazas hasta las detenciones arbitrarias pasando por hostigamientos e intimidaciones diversas o el asesinato.