Defensora exige alto a matrimonios forzados y embarazos infantiles en Chiapas

Tuxtla.- La doctora Sandra Aurora González Sánchez, presidenta del Pacto de Sororidad e integrante de la Agenda Feminista 2024-2030, alertó que el argumento de los “usos y costumbres” no debe utilizarse como justificación para violaciones graves a los derechos humanos de niñas y adolescentes, como matrimonios forzados y embarazos infantiles en la región Altos de Chiapas.

“Ni los usos y costumbres ni la autonomía de los pueblos originarios pueden emplearse para hacer un uso indebido del poder y ejercer violencia contra las niñas. No pueden ser un cheque en blanco”, declaró la académica y defensora de derechos humanos.

En entrevista, González Sánchez subrayó que el Estado mexicano tiene la obligación, tanto por leyes nacionales como por tratados internacionales, de proteger de manera prioritaria a este sector de la población. Señaló que la responsabilidad última recae en las instituciones, no en las organizaciones civiles.

Frente a las críticas en redes sociales que culpan a colectivos feministas por la falta de educación sexual, la activista expresó que: “Las colectivas feministas somos grupos honoríficos, no recibimos financiamiento. Estamos organizadas por convicción, pero la obligación de garantizar educación sexual, salud y protección es del Estado, que recauda impuestos y tiene la estructura institucional”.

Añadió que las niñas “deberían estar estudiando y jugando, no siendo obligadas a asumir maternidades”, y lamentó la pasividad de las autoridades ante casos recurrentes en la región.

González Sánchez identificó como una de las causas profundas la falta de una verdadera transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, lo que deriva en que las instituciones actúen de manera aislada.

“No hay coordinación real. Cada dependencia trabaja por su lado, y al final, las niñas quedan desprotegidas”, explicó.