Desplazamiento forzado: el dolor de muela en Chiapas

Una de las problemáticas y hasta dolor de cabeza para Chiapas ha sido los desplazamientos forzados. Incluso las administraciones pasadas abonaron muy poco en el tema y actualmente el gobierno a tratado de doblar esfuerzos pero los resultados no han sido los mejores. El desplazamiento forzado es una grave violación a los derechos humanos. Se trata de uno de los dramas más terribles que le pueden pasar a una persona, a una familia, a una comunidad, ya que pierden su proyecto de vida, pierden parte de su historia, que van desde su vida cotidiana, sus recuerdos y sus prácticas culturales, hasta sus bienes materiales e inmateriales y sus herramientas de trabajo. En el caso de los pueblos indígenas, los desplazados pierden su tierra, su terruño; se fractura su cotidianidad, se apodera de ellos un dolor profundo que cruza el cuerpo y se expresa en su andar, en una búsqueda de la vida en el vacío, al ser obligados a huir para sobrevivir. En Chiapas, la concepción del desplazamiento forzado es relativamente reciente, a pesar de que, en términos generales e históricos, la población ha estado en constante desplazamiento ocasionado por los intereses económicos de poderes fácticos y políticas de gobierno en cada época. Las comunidades indígenas han sido la población más afectada.

El día de ayer, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se reunió con un grupo representante de los desplazados del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, quienes la mañana de este viernes, bloquearon el kilómetro 46 de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez. Ismael Brito señaló que si bien es un deseo común el retorno de las familias desplazadas a las comunidades, este tema no puede ser tomado a la ligera, ya que se debe considerar que este proceso se ejecute con seguridad, dignidad y tranquilidad, de tal manera que el volver a sus viviendas les genere estabilidad, sin que existan riesgos ni actos que lamentar. Y tiene razón, el problema es que en esta localidad siempre ha sido de riesgo, los desplazados de Aldama han vivido entre el peligro, ante los ataques de los pobladores de Chenalhó tienen que irse a las montañas, o resguardarse en muros de piedras que los mismo pobladores han construidos para protegerse de los disparos de sus contrincantes; todo esto por la disputa territorial de 60 hectáreas de tierras de cultivo que, argumentan, han sido de los indígenas de Aldama desde tiempos ancestrales, sin embargo, los comuneros de Santa Martha Chenalhó reclaman lo mismo. En junio del año pasado, representantes de ambas comunidades firmaron un pacto de paz para detener las agresiones armadas, que se venían reportando desde 2017, a la que asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. El pacto apenas duró un mes, pues una mujer indígena de la tercera edad resultó herida luego de que un grupo armado que se escondió en Santa Martha Chenalhó disparó en contra de comuneros del paraje Tabak. Luego de esta agresión, la paz se mantuvo al menos sie7e meses hasta hace un mes que volvieron los ataques. La preocupación es grande entre los comuneros de Aldama, quienes han solicitado al gobierno que garantice la seguridad de la zona con vigilancia policial. Hasta el momento el gobierno del estado ha estado pendiente de la situación. El secretario general de Gobierno indicó que los verdaderos acuerdos deben existir entre la misma población, con el fin de vivir en paz y armonía, porque aun cuando exista la intervención del gobierno, si no hay un gesto de prudencia, tolerancia y empatía entre las comunidades, poco se irá avanzando; por lo que se acordó un calendario de manera conjunta con las autoridades del Ejido Puebla y del municipio de Chenalhó, para dar seguimiento a este tema. A nivel nacional, Chiapas y Oaxaca son los estados más pobres, que nos pone además es un estado vulnerable, en economía y ahora por el Covid-19 en salud; es duro y lamentable saber que existe en nuestro estado, personas o grupos como son los pueblos indigenas es desplazamiento forzado, encontrándose así más vulnerables por la cuestión de salud, a la intemperie de las enfermedades y el hambre. Sumando además en Ocosingo, desplazados de los Ejidos Tenango y Cintalapa, así como del paraje Shulvó de Zinacantán, sostuvieron una protesta en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Tuxtla Gutiérrez, para exigir su pronto retorno y se cumplan los compromisos pactados con las autoridades.

Mientras que en San Cristóbal de las Casas, el desplazamiento de un grupo de evangélicos de una comunidad de Huixtán es más un tema agrario que por intolerancia religiosa, ya que son unas 40 personas las que luego de redimir una diferencia de creencias, construyeron un templo y ahora se disputan unos terrenos, opinó  Esdras Alonso González, pastor de la iglesia Evangélica “Alas de Aguila, Ejercito de Dios”. Gobierno debe poner más para resolver estos temas, que van más allá de la perdida de tierras, es un tema además de derechos humanos.