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  • CARLOS  LUNA

Dos municipios de Chiapas concentran los casos más fuertes de desplazamiento forzado

Tuxtla.- Los municipios de la Trinitaria y Frontera Comalapa, son los que concentran el mayor número de desplazados forzados con 850 familias y 3396 personas.


En este panorama, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) realizó un análisis sobre las diversas situaciones de Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas.


La organización con 32 años de experiencia en la promoción y la defensa efectiva de los derechos humanos, resaltó que estos hechos fueron a consecuencia de la violencia generada por la irrupción de grupos armados y por los enfrentamientos entre estos y las fuerzas de seguridad pública.


Otro caso analizado fue el del municipio de Larráinzar donde 15 personas de dos familias se vieron obligadas a desplazarse de la comunidad de Chuchiltón tras recibir amenazas por no haber pagado la multa que les impusieron por no cooperar para la realización de una fiesta religiosa, ya que pertenecen a otra religión.

Explicaron que “las familias desplazadas también fueron despojadas de sus pertenencias.”


“Debido a los hechos de violencia que se llevaron a cabo a mediados de junio en un mercado en San Cristóbal de las Casas, miles de personas indígenas de Zinacantán se vieron obligadas a abandonar los negocios de flores que tenían en el lugar y regresar a su municipio de origen”, precisó el análisis.


Además, que cuatro familias desplazadas hace más de diez años de la comunidad de Banavil, en el municipio de Tenejapa, por un conflicto agrario señalaron que no han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a comunidades indígenas chiapanecas y expuso que, las medidas cautelares (No. 882-17 y No. 284-18) fueron otorgadas para proteger la vida e integridad de las comunidades beneficiarias ante hechos de violencia y desplazamiento forzado.


Las familias exigieron justicia por el asesinato de uno de sus familiares y pidieron al gobierno estatal que esclarezca los hechos y las apoye para retornar con seguridad a sus hogares.

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