El crecimiento económico de México

En las últimas cuatro décadas, el crecimiento económico de México ha sido mediocre y menor al de otras grandes economías de América Latina. En 1985, por ejemplo, el PIB per cápita de México era un poco más del doble que el de Chile; para 2024, el del país sudamericano ya era 17 % mayor al de nuestro país. En ese mismo periodo, el PIB per cápita de México ha crecido menos que el de Argentina, a pesar de las múltiples crisis macroeconómicas que ese país ha experimentado. Por otra parte, México no ha presentado un proceso de convergencia con las economías avanzadas. En 1985, el PIB per cápita de Estados Unidos era seis veces superior al de México, una proporción que se mantiene en 2024. Países como Chile, Brasil y Perú, si bien todavía están lejos del nivel de Estados Unidos, han logrado acortar la brecha. Una economía crece ya sea porque aumenta el número de trabajadores, el acervo de capital, o bien porque se incrementa la productividad total de los factores; es decir, la eficiencia con la que se combinan trabajo y capital. En los últimos cuarenta años, México ha crecido principalmente por el aumento del número de trabajadores y, en menor medida, por el incremento del capital. Sin embargo, desde 1990, la productividad ha crecido a tasas negativas. Somos una economía cada vez menos eficiente. Hacia adelante, la fuerza laboral no aumentará al mismo ritmo que en las últimas décadas debido a la transición demográfica, a menos que se fomente una mayor participación laboral femenina. Para ello, se requiere un mercado laboral más flexible que permita esquemas como el trabajo por horas, en lugar de implementar una semana laboral rígida de 40 horas como se ha propuesto. Además, sería necesario invertir nuevamente en estancias infantiles para que las madres puedan trabajar. Por otra parte, con los niveles actuales de inversión no se vislumbra un crecimiento significativo del acervo de capital. El país debería estar invirtiendo más del 25 % del PIB para alcanzar tasas de crecimiento mayores a las de las últimas décadas. Lograrlo se antoja difícil: la inversión privada ha estado consistentemente por debajo del 21 % del PIB, y la incertidumbre generada por la reforma al Poder Judicial hace difícil pensar en un repunte significativo. Por su parte, el gobierno, que hace algunos años destinaba 6 puntos del PIB a inversión pública, ahora asigna menos de 3. Y considerando el bajo espacio fiscal disponible, resulta poco probable que esa cifra aumente. Por tanto, para crecer más, será necesario aumentar la productividad. Esto requiere transformar la estructura productiva del país. El 95 % de las unidades productivas en México son microempresas, pero generan solo el 14.6 % del valor agregado nacional. La gran mayoría de estas son informales. Somos, en buena medida, un país de changarros improductivos. La informalidad limita el acceso a crédito y la capacitación de los trabajadores. En México, el 63 % de las empresas son informales y generan apenas el 24 % del PIB. Reducir la informalidad es complejo: muchas personas están en esa situación porque no cuentan con las habilidades o el nivel educativo necesarios para insertarse en la economía formal. Pero también existen incentivos para empresas para permanecer informales, como evitar cargas fiscales o no pagar seguridad social a los empleados, cuyos beneficios, sobre todo en la parte de salud, además se han deteriorado en calidad. Una estrategia eficaz para reducir la informalidad sería disminuir el uso de efectivo en la economía, ya que esta florece en contextos donde predomina el dinero físico. Una digitalización integral, en la que la mayoría de los pagos se realicen por canales electrónicos, podría ayudar a combatir la informalidad y aumentar la productividad. Además, un menor uso del efectivo ayudaría a reducir el crimen, la corrupción y la evasión fiscal.

El gobierno podría ayudar a dar un paso en esta dirección al realizar todos los pagos a proveedores y las transferencias sociales de forma digital. Además, las transferencias deberían hacerse a cuentas en que no se permita el retiro de efectivo y que permitan el pago de bienes y servicios de forma digital, aprovechando el eso extensivo del teléfono móvil en nuestro país. Para lograr mayor productividad y crecimiento también se requiere mejor infraestructura. Ante las restricciones fiscales actuales, será imprescindible la participación privada en el desarrollo de infraestructura productiva como puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles. La buena noticia es que el ahorro interno podría financiarlo: gracias a la reforma de pensiones de 2020, los activos administrados por las Afores pasarán del 20 % del PIB actual al 54 % en 2040. El reto consiste en canalizar ese ahorro hacia infraestructura productiva, lo cual requiere diseñar instrumentos adecuados para que el sector privado, en conjunto con el gobierno, realicen estas inversiones. Además, los estados y municipios podrían contar con mayores recursos para invertir en infraestructura social salud, educación, agua, si ejercieran sus facultades recaudatorias. En los países de la OCDE, el impuesto a la propiedad genera en promedio 4 % del PIB; en México, apenas 0.4 %. Es necesario rediseñar el marco fiscal para que los gobiernos locales tengan incentivos para recaudar. Hasta ahora, han dependido de las transferencias de la federación. Para revertir las décadas de bajo crecimiento, México debe fomentar la participación laboral femenina, digitalizar su economía para reducir el uso del efectivo, y lograr que tanto el Estado como la iniciativa privada inviertan más en infraestructura productiva. Solo así se podrá mejorar la productividad y, con ella, el crecimiento económico sostenible.