El derecho internacional humanitario y de los derechos humanos

En esta semana, los ojos de todo el mundo se mantienen en Gaza y en la posibilidad de alcanzar un urgente cese al fuego. A unas semanas de que se cumplieran dos años de los terribles ataques del 7 de octubre en Israel, de los que aún hay decenas rehenes privados de la libertad, y ante las atrocidades cometidas en Gaza, en la semana del inicio del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), 150 de los 193 Estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas reconocieron el Estado de Palestina y se pronunciaron por una solución de dos Estados. Estos pronunciamientos llegan, a pesar del amplio cuestionamiento a los derechos humanos a nivel global, de la mano de robustos informes y pronunciamientos de comisiones de investigación y de expertas independientes que han documentado la dimensión de las atrocidades y crímenes internacionales que se están cometiendo. También llegan acompañados de esfuerzos de la sociedad y activistas a nivel global de poner al centro de las discusiones la urgente necesidad de tomar acciones ante las emergencias humanitarias, como lo es la Flotilla Global Sumud, en la que participó una importante delegación mexicana. México activamente ha participado de esta discusión en los espacios internacionales y se ha sumado a este llamado y a la urgencia de encontrar salidas multilaterales a los conflictos, como lo destacó en su mensaje el secretario de Relaciones Exteriores durante el Debate General de Alto Nivel de la 80 Asamblea General, quien expresó abiertamente que “Las guerras en Gaza, en Ucrania, y en todos los otros lugares donde ocurren tienen que parar ya”, a solo unos días de que por primera vez se emitió una posición contundente desde la tribuna presidencial sobre lo que sucede en Gaza. Esta posición firme del Estado mexicano es de saludarse, no sólo porque destaca la urgencia del respeto al derecho internacional en los conflictos que impactan la vida y dignidad de las personas –incluyendo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos–, sino también porque se aleja de la práctica diplomática de México que ha guiado la política exterior de múltiples administraciones –y que se mantenía al menos en los primeros meses del Gobierno actual– basada en la Doctrina Estrada, la cual coloca los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores, incluso por encima de los derechos humanos, lo que resultó ciertamente conveniente para que distintos mandatarios decidieran no pronunciarse incluso ante graves violaciones a derechos humanos cometidas por aliados en la región. Que actualmente esta política se esté dejando de lado debe reconocerse. Hoy es fundamental que en México y en todo el mundo se ponga en el centro la dignidad de las personas y que en la arena internacional se promuevan acciones para fortalecer el multilateralismo porque el principio de “la no intervención” no puede ser ciego ni omiso ante los abusos. Por ello, este giro puede abrir nuevas oportunidades para que México tome acciones a nivel multilateral para abordar la situación en diversos países de la región, donde los regímenes autoritarios como el de Nicaragua, se han alienado de los órganos internacionales y regionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), escudándose en posiciones contra el intervencionismo, a la vez que se incrementan las violaciones graves a derechos humanos contra la población. Es en este y otros tantos casos de la región -donde México juega un papel central- en los que también se requiere defender la relevancia de una régimen internacional protector de los derechos humanos, que ponga al centro a las y los más vulnerables. En un contexto marcado por la polarización y la estridencia en todo el mundo, defender los derechos humanos supone no cerrar los ojos ni por un momento frente a aquellos escenarios que trastocan lo más esencial de la humanidad, la dignidad humana. Por ello, hay que reconocer el compromiso de la sociedad mexicana y global que se conduele de lo que sucede ante las diversas crisis humanitarias y exige la respuesta y el compromiso de la comunidad internacional ante estas. Sólo así podremos contribuir a fortalecer el actuar internacional para garantizar la justicia y los derechos humanos para todas las personas a nivel regional y global.