¿En duda la seguridad del 2026?

En Estados Unidos, el combate al narcotráfico, particularmente al fentanilo, ha sido plenamente incorporado al marco de la seguridad nacional. Este escalamiento en el nivel de atención abrió la puerta a la movilización de su aparato militar para intervenir directamente sin esperar a que prosperen mecanismos de cooperación bilateral, basada en intercambio de información y asistencia técnica. El combate al narcotráfico se desplaza a una lógica estratégica más amplia, orientada a la estabilidad regional y a la contención de actores percibidos como adversarios sistémicos. En este marco, la narrativa de “mano dura” contra los cárteles cumple una función instrumental: permite articular políticas de seguridad interna con objetivos geopolíticos hemisféricos. América Latina vuelve a ser conceptualizada como un espacio de competencia estratégica, no solo por su ubicación geográfica, sino por la presencia creciente de China, Rusia, Irán y Cuba en ámbitos económicos, políticos y de seguridad. México ocupa una posición crítica en este esquema. A su papel como socio comercial clave de Estados Unidos se suma que desde el Departamento de Estado se observa una acelerada presencia económica china y el fortalecimiento de vínculos políticos con gobiernos que mantienen tensiones abiertas con Washington. Esta combinación inserta a la seguridad mexicana en un tablero regional más amplio, donde las decisiones internas tienen externalidades geopolíticas inmediatas. Las presiones externas interactúan con restricciones internas que complejizan la definición de una estrategia coherente. Dentro de Morena no existe una posición unificada en política exterior ni en seguridad. Coexisten visiones pragmáticas, orientadas a la cooperación con Estados Unidos, con corrientes que privilegian la narrativa soberanista y el realineamiento estratégico contra la hegemonía estadounidense. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el antiintervencionismo operó como un eje discursivo central y como mecanismo de cohesión política interna. Esa lógica persiste en sectores del oficialismo y condiciona la forma en que se procesan las exigencias externas en materia de seguridad. En el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum, sin embargo, se enfrenta un punto de inflexión. Las investigaciones y procesos judiciales impulsados por Estados Unidos contra actores políticos de la región, como el caso venezolano, generan incentivos para un eventual distanciamiento selectivo de alineamientos previos. El resultado es una contradicción estructural: mientras la presión externa empuja hacia un realineamiento estratégico con Estados Unidos, subsisten vínculos políticos, económicos y simbólicos con gobiernos considerados adversarios por Washington. El escenario emergente apunta a una estrategia de seguridad estructurada en tres niveles interdependientes. El primero corresponde a la seguridad pública, enfocada en la contención de la violencia y el debilitamiento de las capacidades operativas del crimen organizado. El segundo se inscribe en el ámbito de la seguridad nacional, e involucra la investigación de vínculos transnacionales, flujos financieros ilícitos y redes de protección institucional. El tercero introduce una dimensión hemisférica, orientada al desmantelamiento de estructuras políticas y económicas consideradas funcionales a intereses estratégicos adversos a Estados Unidos. Desde esta lógica, la evaluación del avance en la cooperación bilateral deja de centrarse en indicadores tácticos como detenciones y se desplaza hacia métricas estructurales: judicialización de redes políticas y empresariales, investigaciones financieras complejas, operaciones multinacionales coordinadas y ruptura de circuitos transnacionales de protección, adicionalmente a la adopción de políticas económicas y comerciales que proyecten la competitividad de Estados Unidos, y contrarresten la expansión de China. La implementación simultánea de estos tres niveles no está exenta de tensiones. La seguridad pública orientada a mejorar la percepción ciudadana puede verse subordinada a prioridades de estabilidad estatal y seguridad hemisférica, con el riesgo de normalizar prácticas de excepción y violaciones sistemáticas a derechos humanos. En términos operativos, la presión estadounidense se traduce en la expectativa de una confrontación más decidida con organizaciones criminales de alta capacidad territorial y logística, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. La evidencia histórica muestra que este tipo de confrontación genera reacomodos violentos, disputas territoriales y aumentos en delitos de alto impacto, incluso cuando se plantea como una estrategia focalizada o basada en inteligencia. El antecedente del gobierno de Felipe Calderón, durante el enfrentamiento con Los Zetas, ilustra que el debilitamiento de organizaciones criminales puede coexistir con un deterioro acelerado de la legitimidad gubernamental y de la percepción de control del Estado. La lección central es que el costo político del uso intensivo de la fuerza es estructural, no coyuntural. Factores coyunturales, como la organización conjunta del Mundial de Futbol entre México, Estados Unidos y Canadá, imponen en el corto plazo un equilibrio entre contención y confrontación. Es previsible que, una vez concluido este compromiso internacional, la presión estratégica sobre México se intensifique. Estados Unidos ha utilizado de forma recurrente la acusación de vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales como instrumento judicial y diplomático. En un escenario de cooperación intensificada, esta lógica puede adquirir centralidad también en el ámbito interno mexicano, funcionando como un mecanismo de reconfiguración del poder y de asignación selectiva de costos políticos. Si la estrategia impulsada por Donald Trump se consolida electoralmente, figuras como Marco Rubio podrían profundizar una política hemisférica más activa y exigente. Para México, ello implicaría enfrentar un ciclo prolongado de presión externa generando el riesgo de mayor fragilidad y debilitamiento institucional. En este contexto, la seguridad en 2026 no dependerá únicamente de la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado. Dependerá, sobre todo, de su capacidad para procesar presiones hemisféricas sobre su agenda interna. Más que un problema de violencia, el escenario que se abre es uno de redefinición del ejercicio del poder bajo condiciones de hegemonía externa. La pregunta central no es cuánta violencia puede contener el Estado, sino qué tipo de Estado emerge cuando la seguridad se convierte en una variable estratégica de un orden regional en disputa.