¿Es un infierno para los migrantes cruzar por México?

La tragedia en Ciudad Juárez en la que bajo la tutela del Estado mexicano- perdieron la vida 40 migrantes y otros 28 resultaron gravemente heridos, reveló sólo la punta de un iceberg mucho más complejo y grave, documentado y denunciado desde hace una década por la REDODEM. Aunque la problemática se ha venido produciendo y agravando desde administraciones anteriores, lo cierto es que la actual administración federal no ha sido capaz de gestionar la migración en México y de garantizar los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, que se ven obligadas a salir de su lugar de origen.

Todo lo contrario, las acciones de la política migratoria mexicana violentan sus derechos, no atienden sus necesidades básicas, y peor aún, les orilla a situaciones de mayor riesgo y les expone -sobre todo al crimen organizado- al fungir como país “filtro” para impedir su llegada a Estados Unidos. Más allá de asegurar la no impunidad en la tragedia de Ciudad Juárez y garantizar la no repetición, el replanteamiento de la política migratoria tiene que asegurar cambios reales y concretos. Se necesitan acciones inmediatas y de diseño e implementación que sean efectivas y tengan continuidad en futuras administraciones, para que un cambio de gobierno no eche atrás el trabajo y verdaderamente se encamine a erradicar la corrupción e impunidad y garantice los derechos de las personas migrantes. Está más que documentado que las estaciones migratorias y estancias provisionales en México violan los derechos humanos de las personas migrantes y representan un riesgo latente a su seguridad, vida e integridad.

Es urgente que las 10 estaciones migratorias sean inspeccionadas por parte de la sociedad civil y los órganos públicos de derechos humanos y cerrar las que representan un riesgo latente, que evite una nueva tragedia. El Estado tiene la obligación de asegurar que se respeten los derechos de las personas migrantes y garantizar su seguridad e integridad en todo momento. “Nos agarraron tipo dos de la mañana, desde entonces fue un caos, nos pusieron como si fuéramos delincuentes.

Nos humillaban verbalmente, nos decían que qué hacíamos en un país que no era de nosotros, que buscáramos otro medio para pasar, que nadie nos mandaba a andar fuera de nuestro país", expresó “Nancy"*, una mujer nicaragüense que nos proporcionó el testimonio de su estancia en un centro de detención en México donde sufrió diversas violaciones a sus derechos humanos. Asimismo, se necesitan alternativas migratorias efectivas y reconocidas por las distintas autoridades -hemos documentado que las propias autoridades migratorias les rompen las Tarjetas por Razones Humanitarias, expedidas por el propio INM- para un tránsito libre y seguro por México.

Es fundamental asegurar que la detención sea la excepción, no la regla. Migrar no es delito. En cuanto a las acciones de diseño e implementación, es necesario contar con mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno. También se debe reconocer la condición de México como país de expulsión, tránsito y destino, lo que incluye generar medidas acordes a cada perfil migratorio y asegurar recursos y capacidades a la COMAR y a los gobiernos locales en las regiones del país, entre otras condiciones.

La política migratoria en México requiere un rediseño de gran calado y medidas concretas para su implementación y monitoreo, que incluya de manera amplia la participación, el conocimiento y la experiencia de la sociedad civil. Sin una discusión amplia, ni conocimiento de qué se propone con la Coordinación de Migración y Extranjería (ConMéxico) para sustituir al INM, no hay certeza de que se esté abordando de manera adecuada el desafío. Se necesitan consensos para lograr una política que trascienda la administración actual. El Estado mexicano está obligado legalmente a garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos de las personas migrantes. Esa es la deuda.