Esperemos que se sumen más asignaciones

El día de hoy, inicia el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura en el Congreso de la Unión, con la antesala de las próximas elecciones federales, las más grandes registradas a la fecha y el anuncio de la presentación de un paquete de iniciativas presidenciales. De confirmarse, podrían tener un efecto significativo y regresivo en varios procesos de designación y poner en riesgo la propia existencia de órganos clave para los controles democráticos y la apertura del ejercicio gubernamental, como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Tradicionalmente, y para desgracia de la sociedad, el último periodo de sesiones en el Congreso suele experimentar “poco movimiento”, ya que las personas legisladoras están más enfocadas en las campañas electorales y sus siguientes saltos que en completar su chamba. Esta Legislatura, al menos en el Senado, ha adoptado esta dinámica desde mucho antes. Basta rememorar el paquete de más de cien designaciones de altas responsabilidades públicas rezagadas desde hace bastante tiempo para afirmar lo anterior. Lo escrito no es una exageración. De las 44 designaciones previstas para 2024 de acuerdo con el universo priorizado por el Observatorio de Designaciones Públicas, 18 de ellas están rezagadas o pendientes de resolverse. A saber: dos magistraturas de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tres personas comisionadas del INAI y dos integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, de responsabilidad exclusiva del Senado; así como otras cinco magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tres personas comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, una integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y dos en la Comisión Reguladora de Energía, de las cuales el Ejecutivo no ha enviado las propuestas. Todas, injustificadamente. A este conjunto, además, hay que sumarle 46 magistraturas pendientes en 31 tribunales electorales estatales y en cada una de sus salas regionales y la especializada, nada menor en el contexto electoral que se intensifica cada vez más. Aunado a otras 51 magistraturas en salas regionales del TFJA, aproximadamente, que están sin resolución y que parecieran no tener fecha de salida, a pesar de ser una obligación constitucional tanto para el Ejecutivo como para el Senado, en estos casos. Por lo tanto, lo mínimo que se espera durante este periodo que arranca es la conclusión de este centenar de designaciones pendientes y entregar cuentas libres de rezagos, ya que es precisamente para eso que se les paga. Es decir, urgen menos campañas y más designaciones con perfiles adecuados, de los cuales no haya ningún cuestionamiento de sus conocimientos, de su trayectoria, de su integridad y de su independencia. No estamos pidiendo más que simplemente nuestro derecho a un buen gobierno, un derecho que nos pertenece a todas, todos y todes.

Es momento de que las designaciones reflejen el compromiso real con la transparencia, la capacidad y la imparcialidad que nuestras instituciones democráticas merecen. El Observatorio es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones. El año comenzó con 44 designaciones previstas, sin embargo, al concluir el plazo legal sin que el Senado concretara las relativas a tres personas comisionadas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Ejecutivo Federal lo hizo de manera directa. Por lo que el número se modificó a 41 nombramientos. Que comprende las siguientes instituciones: Banco de México; Instituto Nacional Electoral; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Comisión Federal de Competencia Económica; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Reguladora de Energía; Fiscalía General de la República; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Consejo de la Judicatura Federal; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Tribunal Superior Agrario; Auditoría Superior de la Federación; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Comité de Participación Ciudadana y Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción.