Etapa final del proceso electoral 2023-2024

Las autoridades electorales han entrado a la etapa final del proceso electoral 2023-2024, con tres temas importantes sobre la mesa: la fiscalización de ingresos y gastos de todas las campañas, el desahogo de las impugnaciones que se han promovido ante el Tribunal Electoral y la asignación de las diputaciones federales por el principio de Representación Proporcional. El tercero de estos temas ha generado una batalla al menos de narrativas, entre el oficialismo y la oposición. Morena y sus aliados confían en llegar a las 370 curules en la Cámara de Diputados, basados en un acuerdo aprobado en diciembre por el Instituto Nacional Electoral, en el que se establece que el límite a la sobrerrepresentación (de máximo el 8 por ciento respecto a los votos obtenidos en los comicios) debe aplicarse por partido político (tal como dice la Constitución), y no por coalición, como lo han planteado los dirigentes de oposición, analistas y expertos en materia electoral. La diferencia es significativa: si el límite de sobrerrepresentación se aplica por partido, Morena, PVEM y PT alcanzarían 370 diputaciones (74 por ciento de las 500), con lo que tendrían una holgada mayoría calificada de dos terceras partes, necesaria para reformar la Constitución. Si se aplicara por coalición, como argumentan juristas y exconsejeros electorales, entonces no podrían llegar al 66 por ciento, pues la votación de los partidos ya coaligados fue del 55 % el 2 de junio pasado, y máximo podrían alcanzar 63 % de la Cámara. La batalla parece ganada por la coalición Morena-PVEM-PT, pues el INE ya adelantó que aplicará el acuerdo de diciembre y sólo la consejera Claudia Zavala se ha pronunciado a favor de aplicar el límite del 8 % por coalición y no por partido. El debate, sin embargo, será álgido en medios y en el Consejo General del INE (donde los partidos tienen voz, pero no voto), y quizás en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde irá a parar el acuerdo que el INE aprobará en agosto asignando las diputaciones plurinominales que le tocarán a cada partido en la próxima Legislatura. Ese debate debería arrojar luz de cara a una eventual reforma político-electoral. Quizás en lugar de plantear la desaparición de las “pluris” -una idea que no va a transitar ni siquiera en las filas de sus partidos aliados, PVEM y PT-, la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, debería convocar a que se analice la forma en la que se asigna la Representación Proporcional. Otro tema que se resolverá pronto es el de la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos y candidaturas. El proceso es complejo, pues a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE le corresponde la revisión de los más de 20 mil informes de candidatos locales y federales. Con más de 17 mil candidaturas fiscalizables, el INE tuvo que emprender la revisión de ingresos por más de 6 mil 535 millones de pesos y gastos por 6 mil 541 millones de pesos y, en una primera propuesta de dictamen, la UTF ha detectado irregularidades que involucran más de 100 millones de pesos, por las que el INE estaría aplicando multas por 390 millones de pesos.

Las multas son menores, comparadas con el volumen de dinero gastado en las campañas y con multas que se han aplicado en otros procesos electorales. Pero lo más relevante de esta información preliminar es que confirma una actitud permisiva y complaciente del INE con los partidos, así como falta de exhaustividad en su labor de auditoría a los partidos. Un ejemplo de las limitaciones que enfrenta la fiscalización en este 2024 ocurrió recientemente, cuando la Unidad de Fiscalización y consejeras electorales lamentaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, a cargo del morenista Pablo Gómez desde 2022, haya decidido negarle sistemáticamente información a la autoridad electoral. Una fiscalización deficiente, como la que se alcanza a percibir en el actual proceso, no abona a la transparencia ni al fortalecimiento de la democracia. Ése es otro tema que, con buenas intenciones, podría discutirse en una próxima reforma electoral, si lo que quisieran Claudia Sheinbaum y sus legisladores fuera fortalecer el sistema electoral y las capacidades del árbitro. Nada de lo que ocurra en las próximas semanas y meses con los más de 200 Juicios de Inconformidad interpuestos por los partidos contra los Cómputos Distritales ni con las impugnaciones que promovieron Xóchitl Gálvez, el PAN-PRD y el PRI, cambiará la historia de las elecciones 2024. Nada impedirá que el Tribunal Electoral declare la validez del proceso, ni que Claudia Sheinbaum reciba su constancia de presidenta electa en el mes de agosto. La certeza proviene de un proceso electoral técnicamente bien instrumentado, en el que la ciudadanía recibió y contó los votos correctamente, y de la amplísima ventaja con la que ganó la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. A pesar de la gravedad de estos señalamientos, nada cambiará la historia de las elecciones. Claudia Sheinbaum puede estar tranquila, pues su triunfo será confirmado.