Exige la UNIR justicia para Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez

Tuxtla.- Pese a que han pasado siete años del asesinato de Noé Jiménez Pablo y de José Santiago Gómez Álvarez, integrantes de la Unión Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) llamó al Estado a hacer justicia y sentenciar a quienes ejecutaron y planearon ese hecho.

José Truinidad López Calvo, líder del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN), recordó que ambos fueron levantados, torturados y luego asesinados por encabezar una lucha contra el gobierno municipal de ese entonces, pues carecían de obras y otras cuestiones que mantenían en el rezago a esa localidad.

Recordó que Noé y José eran defensores de derechos humanos y en ese momento, junto a cientos de personas, conformaron el Movimiento por la Paz, Justicia y Bien Común de Amatán para “echar abajo a los caciques, los hermanos Manuel y Wilber Carpio Mayiorga que ya llevaban más de 12 años en el poder y no había progreso para el pueblo”.

Lamentó que por culpa de dos jueces ambos hermanos, el primero detenido en 2019 y el segundo en 2020, hayan sido liberados en marzo de 2024, presuntamente por falta de pruebas que los vincularan a esos hechos.

Más bien, mencionó, hubo un acuerdo político para sacarlos de prisión, “y lo peor es que ahora tienen puestos en la actual administración; uno es director de un Cobach en la región Norte, ¡¿cómo es posible eso?!

Además, aseveró que aún no se han ejecutado cinco órdenes de aprehensión en contra de otros sujetos que participaron en los asesinatos, “y luego algunas personas que han testigos se han retirado porque recibieron amenazas”.

Por ello, afirmó que este 19 de enero acudieron al Poder Judicial de la Federación para que Jorge Masón Cal y Mayor, magistrado ponente del Primer Tribunal Colegido en materia civil y penal con residencia en Tuxtla Gutiérrez, realice la revisión oportuna, eficaz y veraz de los expedientes 66/2024 y 102/2025.

“Que no queden impunes esas muertes, porque el mensaje es claro: al parecer quieren acabar con los defensores de derechos humanos del país”.

Entre otras cuestiones, solicitó que el actual gobierno del estado acepte la recomendación que emitió en 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a este caso.