Exigen investigar al o los autores intelectuales del asesinato del padre Marcelo

Tuxtla.- A pesar de que el pasado miércoles la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que el asesino del padre Marcelo Pérez Pérez, identificado como Édgar Rolando Mares Banda, fue sentenciado a dos décadas de prisión, defensores de derechos humanos de Chiapas exigieron que ahora se tiene que investigar para saber quién o quiénes ordenaron su ejecución en octubre del año pasado.

Gabriel Méndez, abogado comunitario de Oxchuc y reconocido por su activismo en favor de los más desprotegidos, advirtió que, por desgracia, quienes alzan la voz contra la corrupción y otras irregularidades son víctimas de la criminalización por parte del mismo Estado.

Además de cuestionar la rapidez de la autoridad para atrapar al asesino, afirmó que no es suficiente la sentencia que le dieron, pues lo importante es saber quién planeó la muerte del cura.

“Me enteré, de fuentes específicas, que la Fiscalía quería exhumar el cuerpo del padre porque supuestamente necesita determinar la causa de su muerte; pero eso se me hace muy raro, porque la misma Fiscalía levantó el cuerpo, hizo la necropsia, los mismos familiares recogieron el cadáver en el Semefo, y ahora dice que no pueden exhumar el cuerpo por un tema de usos y costumbres del lugar donde fue enterrado el padre. Pero, insisto, ¿qué quieren esconder?”, se cuestionó.

Lo preocupante, mencionó, es que la criminalización o agresiones a defensores de derechos humanos, activistas y hasta periodistas proviene, sin duda, del mismo gobierno; lo peor, agregó, es que no pasa nada.

“Silenciar la voz de uno de esos personajes siempre viene del Estado, no lo dudo; porque estos hacen quedar mal su imagen; porque, por ejemplo, el único pecado de Marcelo fue haber dicho que Chiapas no era como lo pintaba el entonces gobernador Rutilio Escandón Cadenas”, dijo Méndez, quien en 2018 fue agredido a balazos en Oxchuc y, en la actualidad, está amenazado por el alcalde de ese municipio, César Gómez Sántiz.

Como se informó en su momento, el sacerdote Marcelo Pérez, hablante de la lengua tsotsil originario del municipio indígena de San Andrés Larráinzar, fue una voz importante que denunció, en reiteradas ocasiones, a las autoridades que estaban inmersas en actos de corrupción.

También luchó, no sólo a través del discurso, sino de marchas y peregrinaciones y de otras acciones pacíficas, en contra de la venta de alcohol, drogas y de actividades como la prostitución.

Cuando fue párroco de Simojovel, encabezó en reiteradas ocasiones recorridos en la vía pública para solicitar el cierre de bares y cantinas y ponerle un alto a la comercialización de estupefacientes, lo que derivó en amenazas de muerte en su contra por parte de autoridades municipales. Incluso, Marcelo formaba parte del Mecanismo de Protección.

Sin embargo, el pasado 20 de octubre, al salir de oficiar una misa en la iglesia del Barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, sujetos armados lo esperaban para acabar con su vida, lo que lograron al dispararle cuando él ya estaba en su camioneta.

En una entrevista que le realizaron hace algunos años, Marcelo comentó la situación que vivían los pobladores de Simojovel, como las antes expuestas, además de otras no menos graves como asesinatos y secuestros.

Recordó que, como él “dio la cara”, comenzó a recibir amenazas de muerte de las propias autoridades municipales y de otros actores políticos, “la familia Gómez Domínguez (que en ese entonces gobernaba esa demarcación) son narcotraficantes; trafican armas, y en las cantinas venden sus drogas”, subrayó.

En esa entrevista, comentó que incluso el propio Ayuntamiento organizaba marchas y otras acciones para que lo expulsaran del pueblo, y a la par aumentaban las amenazas de muerte, como la del 11 de junio de 2015, “cuando le pusieron precio a mi vida, primero ofrecían 150 mil, luego 400 mil, y subió hasta un millón”.