Hay esperanza de combatir el feminicidio

El proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, que el ministro presidente Arturo Zaldívar puso a disposición de legisladores y legisladoras, así como a consideración de la sociedad, busca detonar un debate indispensable sobre la forma en que enfrentamos los feminicidios en nuestro país y la impunidad que los acompaña. Como todo punto de partida, lo expresó Arturo Zaldívar en su pasada conferencia de prensa, es un documento perfectible. Pero es una oportunidad excepcional para alcanzar un consenso sobre las medidas urgentes que deben tomarse para combatir los feminicidios que azotan a nuestro país. Todas y todos estamos llamados a construir para frenar la violencia feminicida. En ese esfuerzo, todas las aportaciones son bienvenidas. Pero limitarse a descalificar el proyecto y generar una narrativa de polarización a su alrededor es desperdiciar una oportunidad única para transformar esta dolorosa realidad, hoy que los reflectores están puestos sobre el problema y que tenemos la atención de quienes están en posición de hacer política pública. Equis Justicia para las Mujeres publicó una crítica en varios puntos, a los que doy respuesta puntual: Diagnostico; el proyecto no apuesta por el derecho penal como la única herramienta para erradicar el feminicidio, pero sí por el perfeccionamiento del marco normativo penal como un instrumento esencial para garantizar el acceso a la justicia, proteger y reparar integralmente a las víctimas, y erradicar la total impunidad que impera en este fenómeno. Perspectiva punitiva; la falta de coordinación y la ausencia de estándares claros y unificados en el tipo penal de feminicidio son un problema real que impide la adecuada persecución de este delito, y esto no es una mera suposición. Desde el año 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) recomendó al Estado Mexicano adoptar medidas para garantizar que la codificación del feminicidio se base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales e instó a acelerar dicha codificación. Posteriormente, en sus Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, dicho Comité afirmó que el carácter incompleto de la armonización de la legislación estatal para tipificar el delito de feminicidio ha impedido la aplicación efectiva de la legislación nacional sobre igualdad de género y de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Participación ciudadana; el proyecto presentado no es un documento legislativo, lo que explica que no haya sido sometido a foros de consulta o mesas de diálogo. Por el contrario, pretende ser un punto de partida para la deliberación pública sobre el tema. Presentamos una propuesta sustentada en estándares internacionales y criterios de la Suprema Corte, que sirva de base para una iniciativa de ley que en su momento vaya acompañada de las consultas y diálogos que procedan en sede legislativa. El proyecto simplemente retoma la Ley Modelo Interamericana, que a su vez refleja un consenso formado a partir del trabajo de ONU Mujeres y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI/OEA), en donde colaboraron algunas de las mujeres especialistas más destacadas en el continente. La perspectiva de género es un principio que obliga tanto a las personas juzgadoras como a las autoridades investigadoras y que exige precisamente atender al contexto. La Suprema Corte ha desarrollado una extensa línea jurisprudencial en ese sentido, que vincula y orienta necesariamente la actividad jurisdiccional y la procuración de justicia. La perspectiva de género es un principio que obliga tanto a las personas juzgadoras como a las autoridades investigadoras y que exige precisamente atender al contexto.

La Suprema Corte ha desarrollado una extensa línea jurisprudencial en ese sentido, que vincula y orienta necesariamente la actividad jurisdiccional y la procuración de justicia. Fortalecimiento del sistema de justicia; el proyecto enfrenta algunos de los problemas que han permitido la impunidad: tipos penales dispersos, protocolos de investigación inconsistentes y falta de una visión preventiva y reparadora. Los problemas estructurales de las fiscalías y de los poderes judiciales van más allá y requieren otras soluciones. Es el momento de proponerlas y debatirlas. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confiamos en que este proyecto convoque a un esfuerzo más amplio para construir soluciones contundentes a la violencia feminicida. No dejemos pasar esta oportunidad de hacer justicia a todas las niñas y mujeres de este país.