Importante el acceso a la información pública

En las últimas semanas se ha presentado el debate sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de nuestras autoridades. La reciente inhabilitación del consejo del INAI debido a la omisión en la elección de comisionados por parte del Senado es un riesgo para que la opacidad y la corrupción se continúen arraigando en muchas de las áreas del gobierno. Debemos de recordar que el acceso a la información pública y un gobierno abierto son componentes centrales del desarrollo democrático de una sociedad, por lo cual resulta indispensable que se garantice el derecho a la información.

Ejercicios como el Censo Nacional de Gobierno Federal 2022, publicado por el INEGI, sirven como referente de transparencia para que la ciudadanía conozca aspectos fundamentales de la administración pública federal como lo son el número de personal, presupuestos, y acciones de control interno y anticorrupción. Por tal motivo, en las siguientes líneas se analizan algunos de los resultados del Censo enfocados principalmente a la información que brindan las instituciones de seguridad a nivel federal. En cuestión del número de personal que labora en la administración pública federal, al cierre del de 2021, las instituciones federales reportaron 1,569,047 servidoras y servidores públicos.

De acuerdo al Censo, el personal dedicado a funciones de seguridad nacional tuvo un decremento de 33.9 % de 2020 al 2021, pasando de 7,141 a 4,721, mientras que se incrementaron en 12.8% los miembros dedicados a funciones de seguridad pública de 32,313 a 36.449, siendo en su mayoría hombres, los que efectúan dichas actividades a nivel federal. Resulta indispensable conocer cuáles son los criterios para reportar tan solo una parte de los miembros de la institución o a qué se deben estas discrepancias en las cifras, ya que instancias como la Secretaría de Salud y de Educación Pública reportan el total de sus funcionarios.

Los presupuestos y su destino es otros de los rubros que resultan indispensables para la transparencia y la rendición de cuentas. Esta situación de disparidad en los presupuestos, da cuenta de las prioridades que tiene el gobierno en donde se apuesta más a los combustibles y la militarización que al desarrollo artístico y cultural. Para dar cuenta del desarrollo presupuestal durante 2020 y 2021, a continuación, se muestra una tabla sobre los prepuestos de las instituciones encargadas de seguridad a nivel federal. En la tabla se puede apreciar que existe una variación muy alta entre el presupuesto aprobado y el ejercido en la SEDENA, SEMAR y SSPC. De igual forma no se comprende el motivo de la reducción sustancial del 28% del presupuesto que se ejerció en la Guardia Nacional durante 2021.

El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, ha señalado que en términos de recursos deben también tomarse en cuenta el control directo o indirecto por parte de las Fuerzas Armadas de ingresos públicos diversos, como los generados para el Aeropuerto Felipe Ángeles, el “Tren maya” y el presupuesto de otras instituciones que hoy controlan como las aduanas, los puertos, el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Nacional para la Prevención de Riesgos Sanitarios, entre otras. Aunado a ello, la SEDENA ha aportado recursos humanos y materiales, para la construcción de instalaciones de la GN a través de la guía de comodato.

Por ello resulta indispensable que todas las instituciones atraviesen por auditorías recurrentes a los presupuestos a fin de conocer el origen y destino del dinero que se ejerce. Desafortunadamente la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y las acciones para combatir la corrupción en la administración pública federal se encuentra en un punto álgido durante los últimos años. Las autoridades de control, vigilancia y fiscalización aplicaron en 2021 tan solo 2,336 auditorías, una disminución del 41% con respecto a las 3,979 auditorías realizadas en el 2016.

Asimismo, la mayoría de las acciones de auditoría son ejecutadas por los órganos internos de control y son mínimas las participaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. También resulta importante señalar que, en 2021, los órganos internos de control y/o las unidades de asuntos internos recibieron 27,934 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de las y los servidores públicos. Esto representó un aumento de 22.0 % en comparación con lo registrado en 2020.