Incierta la aplicación del Título 8 en población migrante

Tuxtla.- De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de México acordó, en negociaciones poco transparentes con Estados Unidos, recibir hasta mil personas deportadas al día desde Estados Unidos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El documento firmado por diferentes grupos e individuos, enfatizó que México recibirá a personas no mexicanas sin un plan público de cómo garantizará el principio de no devolución, el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, a un documento migratorio y a la seguridad de las personas deportadas, señalaron más de un centenar de organizaciones y sociedad civil.

Durante los primeros días de la aplicación del Título 8 y derogación del 42, las organizaciones documentaron que más de 2 mil 400 personas fueron recibidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y transportadas en aviones y autobuses a Villahermosa, Tabasco y Tapachula, Chiapas.

“En un intento por alejarlas de la frontera norte y de organizaciones de la sociedad civil que pueden orientarlas. Estas personas fueron deportadas bajo una nueva regla que requiere que antes de cruzar la frontera con Estados Unidos para pedir protección, lo hayan solicitado en algún país por el que transitaron”.

Hicieron hincapié en que les resulta imperativo que el gobierno mexicano se reúna con la sociedad civil para poder entender los alcances y procesos de implementación del Plan Humanitario Conjunto sobre Migración, firmado con el gobierno de Estados Unidos.

Hasta ahora se desconoce qué documentos migratorios proporcionará México; cómo atenderá las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y trabajo; cómo apoyará a los albergues de la sociedad civil que han sostenido las necesidades de las personas expulsadas; y qué acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez se considerarán para garantizar la unidad familiar.