Inicia elecciones municipales

Ayer lunes comenzaron las campañas municipales en 14 entidades del país. Entre el 20 y el 26 de abril, se sumarán otros seis estados y, para el último día del mes, todo el país estará en campaña proselitista. Este año se votará para renovar mil 802 ayuntamientos en 30 entidades (incluidas seis alcaldías de la Ciudad de México). Es decir, salvo Veracruz y Durango, todo el país renovará el poder municipal. Junto con ellos, se elegirán planillas con 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares municipales. Esto quiere decir que, de los 20 mil 708 cargos a elegir en la mega elección de 2024, una abrumadora mayoría (18 mil 972) son del nivel municipal. Si hubiera tres candidaturas por cada uno de esos cargos, estamos hablando de más de 56 mil personas que estarán en campaña en abril y mayo en busca del poder local, una buena parte en condiciones de riesgo frente a los poderes criminales locales. El poder municipal representa la autoridad más directa y cercana a la ciudadanía, pero también es la más vulnerable. Es el eslabón más débil del sistema político-electoral mexicano. La evidencia de dos procesos electorales municipales que fueron concurrentes con elecciones federales (2018 y 2021) demuestra que es en este nivel donde se registran la mayor parte de ataques a candidatas, candidatos, dirigentes partidistas y funcionarios electos. Y lo que va del proceso electoral 2024 confirma la hipótesis: de las 23 personas que han sido asesinadas de septiembre a la fecha, 20 pretendían cargos municipales: 19 presidencias municipales y una concejalía. La violencia político electoral se concentra en el ámbito municipal por varias razones, que van desde la disputa por territorios y rutas de trasiego, hasta la lejanía geográfica, el aislamiento y el franco olvido en el que tratan de ejercer autoridad muchos alcaldes que son abandonados a su suerte por los gobiernos federal y estatal y por los partidos políticos que los llevaron al poder. La propia secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, presentó en febrero de 2021, cuando apenas tenía unos meses en el cargo, un documento en el que se explicaba que el crimen busca capturar a las autoridades municipales para controlar presupuesto, asignación de obras públicas y policías locales, lo que les da un enorme poder e influencia en los territorios que dominan. En la conferencia de prensa del 4 de marzo de 2021, cuando comenzaban las campañas de las elecciones federales y locales de ese año, Rosa Icela Rodríguez usó un término para describir el fenómeno; habló del “partido de la delincuencia organizada” que -enfatizó- tiene como estrategias el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión. “Cooptan acercándose a los precandidatos y se coluden con actores políticos y gobiernos locales desde antes del proceso electoral.

Ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal para sus campañas”, reconoció la funcionaria que, después de presentar ese crudo diagnóstico, fue matizando sus dichos, reduciendo el nivel de alerta y minimizando los hechos. Rosa Icela dejó de hablar del “partido de la delincuencia organizada”, con el que había pretendido describir un fenómeno que, a nivel municipal, se volvió práctica habitual: la imposición de candidatos por parte de grupos delincuenciales a los partidos, y la intimidación, cooptación, desaparición o la ejecución de quienes busquen competir de buena lid contra “los elegidos” por los cárteles. La secretaria de Seguridad presentó una estrategia de protección a candidatas y candidatos, conminó a los partidos políticos a actuar dentro de la ley y analizar el perfil de las personas a las que postulan a cargos de elección, y prometió hacer “todo lo necesario para proteger el proceso electoral y la ciudadanía sea la que decida”. Lo cierto es que el proceso electoral de 2021 concluyó con más de 30 aspirantes asesinados que, nuevamente, buscaban en su mayoría un cargo del nivel municipal. Y no, la ciudadanía no eligió libremente en esos municipios y estados donde se reportaron asesinatos, atentados y desapariciones de candidatas y candidatos. Votar con miedo no es votar libremente. En 2021, además de lo ocurrido en las precampañas y campañas electorales, en muchos estados del país se votó en condiciones precarias, bajo el asedio y vigilancia del crimen organizado, y con prácticas que alteraron muchos de los pasos que deberían dar certeza al proceso electoral, como la designación y capacitación de funcionarias y funcionarios de casilla, la integración de las Mesas Directivas de Casilla el día de la jornada electoral, el cómputo de los votos la noche de los comicios, el traslado de los paquetes a los Consejos Distritales, e incluso el cómputo definitivo de la votación. Las denuncias de candidatos y partidos, semanas, meses e incluso años después de las elecciones, dejan ver que en 2021 no sólo se trastocó la democracia a nivel municipal, sino que el crimen organizado pudo haber influido en elecciones de gubernaturas. Las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para los casos Michoacán 2021 y Tamaulipas 2022, así lo refieren. Aunque los magistrados no encontraron razones suficientes para anular esos procesos, en sus sentencias hicieron un recuento pormenorizado de la actuación del crimen organizado hostigando a candidatos y ciudadanos, en unos comicios que fueron todo, menos libres y democráticos.