Justicia energética

La energía eléctrica es un servicio básico que mejora la salud, la educación, la seguridad, la productividad económica y la equidad social. Desde una perspectiva de Transición Energética Justa, es fundamental reconocer que el desarrollo energético ha excluido sistemáticamente a ciertos grupos y territorios. Por ello, la transición hacia energías limpias no debe limitarse a un cambio tecnológico, sino incluir transformaciones estructurales que distribuyan equitativamente los beneficios y costos. Más de 730 millones de personas en el mundo aún carecen de este servicio esencial, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). En México, aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado electrificar al 99.7 % de la población, el INEGI reportó en 2024 que aún hay más de 375 mil personas sin acceso, principalmente en comunidades rurales y aisladas. ¿Por qué sigue siendo tan difícil alcanzar la cobertura total? La respuesta está en la infraestructura. Los sistemas eléctricos tradicionales se basan en grandes centrales ubicadas lejos de los centros de consumo, lo que requiere costosas redes de transmisión y distribución. En zonas urbanas, el alto número de usuarios justifica la inversión. Pero en comunidades dispersas, el costo por usuario se dispara, haciendo inviable la expansión de la red convencional. Además, el crecimiento urbano desordenado ha generado zonas con infraestructura eléctrica deteriorada o insuficiente, provocando apagones y variaciones de voltaje. Estas condiciones afectan especialmente a comunidades vulnerables, perpetuando desigualdades históricas en el acceso a servicios básicos. Electrificar a las comunidades excluidas con energía limpia y procesos participativos es una forma concreta de avanzar hacia la justicia energética. En este contexto, las microrredes emergen como una solución de gran valor. Las microrredes son sistemas locales que generan, almacenan y distribuyen energía cerca de los usuarios. En general funcionan con fuentes renovables como solar, eólica, hidroeléctrica de pequeña escala, o incluso con diésel, aunque este último no contribuye con un ecosistema sano. Además de operar de forma aislada, las microrredes también pueden estar interconectadas a las redes de distribución o transmisión. En estos casos, aportan valor al sistema eléctrico en su conjunto. Por ejemplo, pueden mejorar la calidad del servicio en vecindarios vulnerables al reducir interrupciones y variaciones de voltaje. Asimismo, al gestionar de forma inteligente la demanda y el almacenamiento, las microrredes pueden descongestionar las redes eléctricas, aportar flexibilidad operativa y facilitar la integración de energías renovables variables. Esto las convierte en una herramienta estratégica para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico frente a eventos climáticos extremos o picos de demanda. Las microrredes también pueden ser una palanca de desarrollo de las localidades. Por ejemplo, en comunidades pesqueras sin electricidad, contar con energía permite refrigerar productos, fabricar hielo y acceder a mercados más justos. La gobernanza participativa es clave para el éxito de estos proyectos. Cuando las comunidades tienen voz en el diseño, operación y mantenimiento de sus sistemas, se fortalece la apropiación, la sostenibilidad y la equidad. Algunas comunidades incluso establecen esquemas de cobro que permiten pagar sueldos a personas locales encargadas del mantenimiento, generando empleo y autonomía. Desde el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA) hemos acompañado a comunidades y gobiernos subnacionales en el diseño de proyectos comunitarios. En colaboración con Iniciativa Climática de México, desarrollamos una propuesta regulatoria para reconocer la Generación Distribuida Comunitaria, que busca fortalecer la viabilidad económica de estos proyectos al reconocer las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades sin interconexión. Además, el pasado 3 de octubre entró en vigor el Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico, que define los Pequeños Sistemas Eléctricos en Régimen de Micro-Red. Esto permite desarrollar proyectos de hasta 0.7 MW sin necesidad de permiso de generación, o hasta 5 MW con dicho permiso. CFE podrá prestar el servicio de suministro, pero también se abre la puerta a proyectos particulares. La Comisión Nacional de Energía (CNE) deberá emitir disposiciones específicas que regulen estos sistemas, lo que representa una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo energético justo en México. Las microrredes no son solo una solución técnica sino también una herramienta para cerrar brechas, redistribuir oportunidades y construir resiliencia comunitaria. En el marco de la Semana de Acción Climática de México, desde IDEA presentamos un taller sobre microrredes, donde compartimos experiencias, aprendizajes y propuestas para avanzar hacia un modelo energético más justo, inclusivo y sostenible. La transición energética no será justa por sí sola. Requiere voluntad política, innovación regulatoria, financiamiento adecuado y participación comunitaria. Las microrredes son una pieza clave en este rompecabezas que pueden convertirse en un motor para el desarrollo sostenible de algunos de los usuarios más vulnerables del sector eléctrico.