La delincuencia organizada en México

¿Cómo esta crimen organizado en México?, sinceramente es un problema grande para el país, ya que la delincuencia organizada en México es problema político, laboral y moral. La problemática de delincuencia organizada en México se debe a la falta de ética, valor social y al conformismo de la generación actual. También a diferentes factores como a la desigualdad social y al mal pago de los salarios a los que son sometidos los mexicanos.

Según el Índice global de crimen organizado 2021, México es el cuarto país más afectado en el mundo por la delincuencia organizada. Es el segundo entre 35 países de América y es el primero si solo se le compara con Centroamérica. En resiliencia, está en el lugar 112 entre 193 países, en el lugar 24 entre las 35 naciones de América y en el tercero entre 8 países con respecto a América Central.

La investigación expone que “la participación del Estado en la criminalidad es un fenómeno profundamente arraigado en todo el mundo: los funcionarios estatales y las redes clientelistas que tienen influencia sobre las autoridades estatales son ahora los intermediarios más dominantes del crimen organizado, y no los líderes de carteles o jefes de la mafia, como sería razonable pensar”.

Identificado como el hallazgo clave número 5, el reporte anota que “Los actores estatales son los primeros a la hora de facilitar economías ilícitas e inhibir la resiliencia al crimen organizado. Los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal más dominante en el mundo. El grado en que la criminalidad se extiende en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel, hasta la captura total del Estado”. Se descubrió que una de las correlaciones más sólidas que emergen del Índice es aquella entre la presencia de actores criminales integrados en el Estado y el bajo nivel de resiliencia… Los habitantes que viven en un entorno con una alta incidencia del crimen organizado son particularmente vulnerables a la influencia criminal que, de no abordarse adecuadamente, puede infiltrarse en las esferas política, social, económica y de seguridad de las comunidades, arraigándose en las sociedades y dejando poco espacio para que las actividades formales legales y legítimas ganen terreno”. Si personas adheridas o parte del Estado “son los primeros a la hora de facilitar economías ilícitas e inhibir la resiliencia al crimen organizado”, cómo esperar que el Estado mismo contenga y reduzca el fenómeno. Según más y más investigaciones académicas y periodísticas, no hay una frontera en sentido estricto entre la delincuencia organizada y el Estado. El juez Giovani Falcone, ícono en la lucha contra la mafia, habría dicho que luchar contra ésta muchas veces es como luchar contra el Estado. Hoy en México parece ya un lugar común asociar al Estado con la delincuencia organizada. Nos referimos a esto como si habláramos del clima o de cualquier cosa mundana. Se publicó este Índice y se publican regularmente sólidas evidencias de lo que algunos llaman “zona gris” (donde se organiza la complicidad) y no hay reacción colectiva mayor. Incluso la violencia homicida creciente en los procesos electorales que, según versiones cada vez mejor informadas, representa la toma de poder a balazos por parte de la delincuencia organizada, pasa igual sin grandes sobresaltos.

Es dable suponer que al Estado le funciona muy bien reproducir una política de seguridad y una política criminal que en realidad no confronta la delincuencia organizada ni transforma los factores que la reproducen, prefiriendo más bien aprovechar el tejido de complicidades que denuncia el Índice global de crimen organizado 2021. Bajo tal escenario, nada de lo que se está haciendo dará resultados diferentes, continuando el empoderamiento sin límites de los tejidos de complicidades que administran y disputan con violencia todos los mercados ilegales imaginables.