La deuda de PEMEX

Cada año, mientras las transferencias del presupuesto federal para mantener a Pemex a flote van en aumento, la empresa contribuye cada vez menos a financiar servicios básicos como salud, educación o seguridad. Pero este 2026 marcará un punto de quiebre. El año próximo la paraestatal apenas entregará el equivalente a 1,731 pesos por habitante. Para dimensionar, esto es 57 % menos de lo que aportaba hace diez años (2,299 pesos). Sin embargo, la caída en las aportaciones no es lo que ha cambiado. Lo nuevo es el balance negativo. Cada persona en México deberá poner 1,960 pesos para cubrir las deudas de la petrolera: no sólo es un alza de 85 % respecto al año anterior, sino que la diferencia entre lo que aporta y lo que se lleva marca una pérdida de 230 pesos per cápita. Hay tres factores para entender este déficit. Tanto por el agotamiento natural de los pozos petroleros, como por una menor inversión en exploración, la producción de crudo en el país no ha dejado de caer desde 2021. A junio de 2025 se produjeron en el país un promedio de 1,366 miles de barriles diarios (mbd), el monto más bajo en por lo menos 35 años. Si comparamos esta cifra frente al promedio de 2004 (3,306 mbd), la producción ha caído en más de la mitad. Si se produce menos crudo, hay menos ingresos por su venta. Aquí hay que hacer una precisión. Desde 2018, las cifras oficiales de producción de hidrocarburos contienen no sólo la producción de crudo, sino de condensados. Estos son hidrocarburos que en el subsuelo se encuentran en forma gaseosa y que, al salir a la superficie, se transforman en líquidos. Los condensados se utilizan principalmente para fabricar plásticos, solventes y gasolinas ligeras, mientras que el crudo tiene aplicaciones más amplias en la refinación. Antes de 2018, estos volúmenes no se contabilizaban dentro de la producción nacional, y sólo se incluía al crudo. Al integrar los condensados en las cifras actuales, la caída en la producción de hidrocarburos parece menos pronunciada. En cualquier caso, para 2026 se estima una producción de 1,794 mbd de hidrocarburos incluyendo condensados, algo que no se ha alcanzado desde 2023. A junio de 2025, la producción promedia un nivel de 1,626 mbd, el monto más bajo desde 2018 que hay cifras comparables. A pesar del contexto, para 2026 se espera que el total de ingresos por la venta de petróleo de Pemex (ingresos petroleros del sector público) sea de 1.2 billones de pesos, un crecimiento de 20 %, o 204 mil millones de pesos (mmdp) frente al cierre estimado de 2025. El alza se basa en el supuesto de una mejora en la producción, lo cual es optimista. De no cumplirse la meta, como probablemente sucederá, los ingresos petroleros serán menores a lo anticipado. Según la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LIH) en su artículo 39, el pago del DPB se calcula en función del valor de los hidrocarburos extraídos por una tasa base del 30 % más una sobretasa en función del precio del crudo. Básicamente, cuando el precio del petróleo sea inferior a los 57.8 dólares por barril (dpb) Pemex pagará menos del 30 % de tasa y cuando el valor sea superior, pagará más. Hacienda estima que el precio del petróleo promedio para 2026 sea de 54.9 —debajo del rango de los 57.8 dpb— lo que significa que, de cumplirse tal estimado, Pemex pagará a la Federación una tasa de 29.6 % en lugar de 30 %. Al final, del total de ingresos por la venta de petróleo, la empresa se quedará con 81 % de los ingresos (2.5 puntos del PIB o 971 mmdp), mientras que la Federación tendrá sólo 19 % (0.6 puntos del PIB o 233 mmdp), la menor distribución histórica. Este monto de 233 mmdp también sería el segundo menor registro histórico, sólo por arriba del observado en 2024 (220 mmdp). En pesos por persona, la petrolera otorgará sólo 1,731 pesos. Sin cambios normativos, la única explicación a esto es que Hacienda está previendo “perdonar” o postergar el pago de impuestos a Pemex mediante decretos, como lo explicamos en esta investigación. Pero eso no es todo, que todavía faltan las transferencias a Pemex. Entre 2019 y 2024, la empresa recibió del Gobierno a través de la Secretaría de Energía 1.24 billones de pesos, que fueron usados principalmente para el pago de deuda y, en menor medida, para obras productivas. Esto equivale a que, durante el sexenio pasado, cada ciudadano pagó a Pemex 9,585 pesos. Para 2026 se proponen transferencias por 263 mmdp, que son superiores a todo el presupuesto del recién creado Seguro Social para el Bienestar (172.4 mmdp). Es igual a que los mexicanos pagáramos a la paraestatal 1,960 pesos per cápita. Pese a todo el apoyo fiscal que recibirá Pemex, su inversión en infraestructura será la segunda menor en más de 25 años: sólo 0.6% del PIB. En sus mejores momentos invirtió hasta 2%. Esto significa que no apuesta a volverse más productiva para ser independiente de apoyos fiscales y eventualmente aportar al bienestar de los mexicanos. Las implicaciones de este cambio son profundas. Pemex pasa de ser una fuente estratégica de ingresos públicos a convertirse en una carga estructural para las finanzas del país. En la práctica, los contribuyentes pagamos más impuestos no para financiar salud, educación o seguridad, sino para sostener a una empresa que no logra generar utilidades ni reducir su deuda. Este esquema compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, al destinar recursos crecientes a una petrolera cuya rentabilidad permanece en entredicho.