La primer limpia en SCLC

Con la detención de personajes públicamente ligados al Partido del Trabajo y el propio Morena en Chiapas, los operativos iniciados desde el pasado fin de semana en San Cristóbal de las Casas han puesto nuevamente sobre la mesa posibles complicidades pasadas que podrían abrir redes mucho más extensas de omisiones y corrupción en ese municipio. Durante los últimos días fue confirmada la detención y decomiso de una red delincuencial dedicada al robo de autopartes, con una bodega de grandes dimensiones, con más de 200 toneladas de piezas automotrices, que no debió pasar fácilmente desapercibida y, sin embargo, operó así en la absoluta impunidad durante mucho tiempo. Además, este lunes, también se confirmó la detención de Diego “N”, alias “la Rata Gorda”, considerado por las autoridades como uno de los principales líderes de los denominados “Motonetos”. No obstante, ha sido la aprehensión y encarcelamiento de Manuel Collazo Gómez el dato más relevante de dichos operativos. Y es que, el líder evangélico no es ningún descubrimiento para las autoridades se seguridad y justicia en México. Desde 2022, la famosa filtración de archivos internacionales conocidos como GuacamayaLeaks, dio a conocer documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que vinculaban directamente a los hermanos Collazo Gómez con actividades ilícitas relacionadas con el “acopio y trasiego de enervantes, lavado de dinero, cobro de piso, tráfico de personas, droga y armas”, entre otros delitos”, que paradójicamente nunca se investigaron después de cobrar relevancia nacional.

Por el contrario, en 2023 y 2024 Collazo participó abiertamente en las precampañas como aspirante a cargos de elección popular. Como señala el académico y articulista José Adriano Anaya, a Manuel Collazo, a quien se le identifica como fundador de la Organización de Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH) y uno de los presuntos lideres del denominado Cártel Chamula, no sólo se le conocía por su capacidad de movilización electoral, sino por sus compromisos con la clase política, a quienes proporcionaba servicios para ganar elecciones. Era un personaje abiertamente conocido en el radar político estatal, detenido durante la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y liberado durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero, iniciando desde entonces, junto a su hermano, el fortalecimiento de su poder sobre los municipios de San Juan Chamula y San Cristóbal de las Casas. Así se mantuvo durante los últimos dos sexenios, sin que ningún presidente municipal o gobernador ejerciera acción penal en su contra. Por eso la confirmación de su detención este domingo es relevante, porque da sustento judicial a los señalamientos que ya antes se vertían en su contra. Pero, también, porque se pone sobre la mesa sus posibles nexos de complicidad con la clase política estatal, que no sólo le brindó impunidad, sino que además le dio juego político a él y su familia. Principalmente por la ola de violencia y sus víctimas que han pagado caro el embate permanente del crimen y sus complicidades institucionales en esa ya lastimada región de la entidad.