La salud no debería costar vidas, pero en México está costando hogares

vanessa.traconis@fundacionredsalud.org

​En 2024, más de 857,000 hogares mexicanos cayeron en pobreza por gastos médicos de bolsillo, lo que significa que pagar por atención sanitaria o medicamentos los dejó por debajo de la línea de pobreza, o representó más del 30% de sus ingresos totales. En muchos casos, esta crisis financiera ocurre precisamente ante la necesidad de tratar enfermedades, curar infecciones o adquirir fármacos de uso cotidiano.

​Esta realidad no es anecdótica: la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 mostró que en promedio cada hogar gastó 6,421 pesos en salud al año, un aumento del 7.9% respecto a 2022. De ese gasto, 38-50% se destinó únicamente a la compra de medicamentos, expresión directa de un sistema que falla en proveer cobertura efectiva y que empuja al borde del abismo a millones de personas. En paralelo, datos de la OCDE (2025) señalan que el gasto de bolsillo representa alrededor del 41% del total del gasto en salud en México, muy por encima del promedio de la organización (18%). En ese contexto, los medicamentos son el principal motor de ese desembolso familiar, y en México su peso es particularmente alto: más del 60% del gasto de bolsillo en salud se destina a fármacos en nuestro país.

​Este panorama económico coexiste con un sistema público que aún no logra universalizar la atención sanitaria real: cifras oficiales señalan que cerca de un tercio de la población declarada afiliada a servicios públicos termina buscando atención privada, con el consiguiente impacto financiero negativo para millones de hogares. En suma, el llamado derecho constitucional a la salud parece quedar desarticulado de la experiencia cotidiana de amplios sectores sociales: estar afiliado no equivale a tener acceso efectivo, y el financiamiento insuficiente del sistema de salud traslada costos al bolsillo de la población más vulnerable.

La desigualdad se traduce en vulnerabilidad ​México invierte proporcionalmente poco en salud: cerca del 5.9% de su Producto Interno Bruto (PIB), muy inferior al promedio de los países de la OCDE que supera el 9%. El gasto per cápita, de alrededor de 1,500 USD, también está entre los más bajos del grupo. Este contexto se traduce en profundas disparidades; el CIEP y análisis sociales muestran que las familias de menores ingresos gastan, proporcionalmente, hasta casi el doble que las de mayores ingresos en salud, aun cuando tienen menos acceso efectivo a servicios públicos. Entre 2018 y 2024, el gasto promedio en medicamentos de las familias mexicanas se ha más que duplicado, lo que evidencia no solo un incremento de precios, sino la persistencia de brechas sistémicas.

​Además debemos considerar, que para poblaciones vulnerables –especialmente en contextos rurales y comunidades indígenas–, estas cifras no son números sino decisiones de vida: pagar por un medicamento puede significar sacrificar alimento, educación o servicios básicos. Esta correlación entre pobreza y salud es una tragedia estructural de justicia social y derechos humanos que el debate público no puede eludir.

Desabasto y fragilidad del sistema de salud ​A pesar de los esfuerzos públicos por mejorar la adquisición y distribución de medicamentos, los problemas de desabasto persisten. Estudios oficiales y análisis civiles indican que millones de recetas no se surtieron en años recientes por falta de insumos o por fallas logísticas. La falta de medicamentos en los hospitales públicos no solo obliga a las familias a comprar fármacos en el sector privado, sino que convierte soluciones médicas cotidianas en riesgos financieros. Este fenómeno –que se ha documentado en diversos estados, con efectos más severos en regiones marginadas– es una manifestación de la precariedad de la infraestructura y su impacto desigual en la población.

​El gasto de bolsillo y la fragilidad del sistema se retroalimentan: la incapacidad del sistema público para garantizar continuidad de tratamientos y abasto de insumos empuja a las familias hacia el sector privado, agravando las brechas económicas y sanitarias.

Valor compartido: una brújula para la transformación ​Frente a este diagnóstico sombrío, no todo está dicho ni todo está perdido. La urgencia de revisar nuestros modelos de acción social y sanitaria exige mirar más allá de la filantropía tradicional o la asistencia coyuntural. Es necesario construir mecanismos sostenibles e integrados, que conecten las necesidades reales de las comunidades con soluciones estructuradas.

​Modelos de Creación de Valor Compartido (CVC) ofrecen un camino para alinear desarrollo social, innovación institucional y sostenibilidad económica en salud. Esta lógica propone que las organizaciones no solo mitiguen carencias, sino que transformen condiciones: generar valor social, económico y comunitario simultáneamente, integrando soluciones al “núcleo” del servicio, no como complemento periférico.

​En salud, esto significa diseñar intervenciones que lleguen más allá de las urgencias y den respuesta a problemas como: • La falta de acceso efectivo a servicios públicos y medicamentos. • La reducción del gasto de bolsillo catastrófico. • La inclusión de comunidades marginadas en circuitos de atención continua. • La generación de evidencia para políticas públicas.

​La Fundación RedSalud Internacional ha desarrollado su labor desde una visión ética, sistémica y territorial, impulsando iniciativas como el Observatorio de la Pobreza Farmacéutica, la Equidad Sanitaria y la Exclusión Social y el Fondo Solidario de Medicamentos, mecanismos estructurados de acceso equitativo a medicamentos esenciales y modelos de atención comunitaria orientados a la continuidad terapéutica. Estos esfuerzos no operan como acciones aisladas ni como respuestas coyunturales, sino como componentes interconectados de un ecosistema institucional diseñado para generar valor compartido en salud. ​Este entramado se articula, además, mediante una plataforma tecnológica de análisis y gestión de datos, que permite integrar información social, clínica y territorial, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia. A través de este sistema, instituciones públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y aliados estratégicos pueden coordinarse bajo criterios comunes, indicadores verificables y estándares de transparencia, fortaleciendo así la sostenibilidad de programas que, por su naturaleza social, requieren continuidad, evaluación permanente y corresponsabilidad intersectorial.

​El enfoque de valor compartido no sustituye la responsabilidad del Estado, pero complementa, articula y fortalece la capacidad social de responder a desafíos estructurales, especialmente donde las brechas son más profundas.

Hacia una salud con dignidad y justicia social ​La crisis del gasto de bolsillo, el desabasto de medicamentos y las desigualdades de acceso no pueden reducirse a estadísticas: son experiencias de vida que resuenan en millones de hogares. Los números –por dolorosos que sean– nos muestran el tamaño del desafío; las historias nos recuerdan la urgencia moral de responder.

​Invertir en salud no es gasto; es compromiso con la dignidad humana. Alinear instituciones, comunidades, entidades no gubernamentales y políticas públicas en torno a un enfoque que articule valor económico y social no solo fortalecerá sistemas, sino que hará posible que la salud sea un derecho real y no una carga financiera.

La pregunta es: ¿Podremos construir un sistema donde ninguna familia tenga que elegir entre curarse o empobrecerse?

Para seguir la conversación Número total de palabras: 1,320 Tiempo estimado de lectura: 5.3–5.7 minutos Preguntas para reflexión:

1. ¿Cómo impacta el gasto de bolsillo en salud tu percepción sobre la eficacia del sistema sanitario en México?

2. ¿Qué papel pueden jugar las organizaciones sociales y las alianzas intersectoriales para reducir la pobreza farmacéutica?

3. ¿Qué políticas públicas serían prioritarias para transformar el acceso efectivo a medicamentos y servicios de salud en comunidades marginadas?