La situación de emergencia en México

Cada año, particularmente en el mes de septiembre, vuelven a la memoria colectiva los terremotos que en 1985 y en 2017 han afectado a varios estados del país, incluyendo a la ciudad de México, con las consecuencias catastróficas que se conocen. A pesar de que la única certeza que tenemos es que ese tipo de movimientos telúricos volverán a suceder con más consecuencias en los entornos sociales e incluso hasta efectos fatales en la vida de las personas, todavía no se adquiere consciencia suficiente de la importancia de contar con diseños claros y homogéneos para la atención de ese tipo de circunstancias de emergencia y, por otro lado, tampoco se ha reparado en la importancia de que cualquier estrategia de atención a emergencias debe estar mediada por criterios transversales de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, de modo que sea posible vigilar lo que hacen los gobiernos respecto de las situaciones críticas. La situación de emergencia en México, después de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017, abrió un espacio de oportunidad para acciones gubernamentales de gran calado que permitieran la reconstrucción de las entidades afectadas en el país y que involucraran el ejercicio de un gran volumen de recursos públicos. Hay que decir que no todas las situaciones críticas en el país tienen que ver con terremotos, pero esta sí es una vertiente de la mayor importancia, considerando la prevalencia de ese tipo de fenómenos. En ese sentido, ante cualquier momento de emergencia, conviene tener en cuenta que las acciones de atención a las afectaciones y, en su caso, reconstrucción, no sólo involucran el ejercicio de recursos públicos, sino también la articulación y funcionamiento de fondos privados cuya acción, sin embargo, tiene por fuerza consecuencias públicas. En ese sentido, se hace fundamental reconocer que la ejecución de todos los tipos de fondos para reconstrucción y atención a emergencias debe definirse a partir de los criterios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana no sólo para la vigilancia, sino también para la exigencia. En situaciones de ese tipo, es esencial que se reconozca que los problemas públicos que se deben atender rebasan los límites entre los espacios público y privado. Esto fortalece la idea de que el ejercicio de los recursos públicos no es el único que se debe observar, pues las acciones ciudadanas de acopio y donación de recursos que suceden en el espacio privado también implican consecuencias en el espacio público y, por tanto, deben vigilarse para evitar la discrecionalidad y los espacios opacos que pueden amparar actos de corrupción. Más allá, otro de los aprendizajes que las instituciones públicas mexicanas se han negado a asimilar tiene que ver con entender que la inversión frente a las emergencias, sea pública o privada, debe ceñirse a criterios de distribución geográfica, espacialidad y proporcionalidad correspondientes con el volumen de afectaciones en cada región, cada municipio y cada comunidad. Debido a la naturaleza de los problemas que plantean las situaciones de emergencia, es preciso que las acciones que se instrumenten sean plenamente transparentes, al tiempo que existan mecanismos garantizados de participación ciudadana. Esta participación debe ser tanto para exigencia como para vigilancia. Esta característica tiene que ver con que las consecuencias de las situaciones de emergencia, para el caso, las de los terremotos, afectan directamente a un número elevado de personas, de suerte que la planeación de las acciones debe responder a una lógica de identificación de problemas relacionada con las necesidades específicas y probadas de los ciudadanos y comunidades afectadas. De ahí que la exigencia sea fundamental para garantizar que las acciones instrumentadas responderán a problemas reales identificados como consecuencias negativas de una situación crítica. De otro lado, la participación ciudadana en la vigilancia es fundamental para disminuir los espacios opacos en los que pueden suceder actos de corrupción, cuyas consecuencias -en la eventualidad de otro terremoto- serían también devastadoras. Cuando los procesos de reconstrucción suceden al margen de la vigilancia ciudadana es difícil garantizar la calidad y coherencia de las acciones con un esquema de planeación ajustado a las necesidades ciudadanas reales. En este sentido, el modelo que siguen eludiendo diseñar las autoridades de los tres niveles de gobierno en México, para la atención de situaciones de emergencia, no puede supeditar el proceso de toma de decisiones e implementación de las mismas a los espacios burocráticos públicos o privados, a riesgo de generar oportunidades para actuaciones ilegales que, en el mediano y largo plazos, pueden tener efectos incluso peores que los de las emergencias mismas. La única forma para atender y responder, con acciones de corto, mediano y largo plazo, a la mitigación y resolución de los problemas generados por eventos naturales de consecuencias catastróficas es el diseño de un modelo de atención y resiliencia que destierre la idea de que las emergencias sólo se atienden con acciones inmediatas y que, una vez concluidas éstas, vuelve a primar el marasmo y la dejadez burocráticas que condenan a las personas afectadas al desamparo absoluto.