La Sombra de Pegasus

En un contexto donde el respeto a los derechos humanos y la transparencia gubernamental parecen haber quedado relegados, la reciente exigencia de la organización no gubernamental Artículo 19 cobra especial relevancia. En su comunicado, se demanda al Gobierno de México y a la Fiscalía General de la República (FGR) una investigación profunda sobre las revelaciones acerca del uso del software de espionaje Pegasus durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Es un llamado no solo a la verdad, sino también a la rendición de cuentas que nuestro país necesita con urgencia. El reportaje del diario israelí The Marker, que señala cómo dos empresarios israelíes se beneficiaron con 25 millones de dólares al actuar como intermediarios en la compra de Pegasus, pone en evidencia un entramado de corrupción que no puede ser ignorado. La afirmación de que estas irregularidades están ligadas a un caso de espionaje en el que se vieron afectados figuras como la periodista Carmen Aristegui, es un testimonio claro de cómo se ha abusado del poder. Esto nos lleva a cuestionar hasta qué punto la opacidad y la complicidad han marcado la actuación de ciertos funcionarios públicos en nuestro país. Artículo 19 resalta algo que muchos preferirían olvidar: la intervención ilegal de comunicaciones no solo representa un abuso de recursos públicos, sino que, además, propicia violaciones masivas a la privacidad. Según la ONG, el testimonio de un informante protegido revela que el dueño de KHB, una de las empresas intermediarias de Pegasus, operaba fuera de cualquier marco legal. ¿Qué más necesitamos para reconocer la gravedad de esta situación? ¿Hasta cuándo permanecerán impunes quienes han utilizado el poder para controlar y acallar voces disidentes?. La solicitud de una investigación “independiente, exhaustiva y transparente” por parte de Artículo 19 es una exigencia legítima de la sociedad civil ante la falta de acción tangible. La defensa de la libertad de expresión y el periodismo crítico son pilares fundamentales de una democracia saludable. Es innegable que el uso de tecnologías de vigilancia para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos no solo coarta la libertad individual, sino que también socava la confianza en nuestras instituciones. En un momento en que el gobierno actual se ve envuelto en este escándalo, la postura de Artículo 19 se convierte en un recordatorio de que la lucha contra la corrupción y la impunidad no puede ser un tema de agendas políticas, sino una prioridad que debe trascender cualquier administración. Más aún, el hecho de que la FGR ya tenga abierta una investigación sobre Peña Nieto es un rayo de esperanza que debemos alimentar. Sin embargo, la merecida justicia solo será posible si se actúa con firmeza y sin contemplaciones hacia aquellos que han pisoteado los derechos de otros. En este contexto, la exigencia de “plena rendición de cuentas” y garantías de no repetición se torna indispensable. La sombra de Pegasus sigue oscureciendo la relación entre la ciudadanía y las instituciones en nuestro país. El clamor por verdad y justicia no puede ser silenciado. Así, reafirmamos que la lucha por una democracia sana y transparente es tarea de todos, y no se permitirá que estas graves violaciones a los derechos humanos queden en el olvido. Es momento de actuar, de exigir y de no permitir que la impunidad marque nuestro rumbo.