Mujeres indígenas viven en la desigualdad y el racismo

Hace unos días se conmemoro el Día Internacional de la Mujer Indígena, de verdad que es una conmemoración de las luchadoras. Precisamente el objetivo es destacar su importancia en la lucha de sus pueblos, y vislumbrar su papel en la familia y sus comunidades. Para empezar existe desigualdad total en la mujer, ahora un poco peor la mujer indígena en la sociedad se ha encontrado con grandes topes y poca valoración de su trabajo. La violencia contra las mujeres es un problema generalizado y de derechos humanos que afecta la vida de la sociedad, obstaculiza el desarrollo, la democracia y la gobernanza; impide el ejercicio pleno de derechos a las mujeres como ciudadanas; y ocasiona daños a familias, comunidades e instituciones. La violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y deriva de condiciones de desigualdad, subordinación y discriminación, particularmente entre hombres y mujeres, bajo un sistema patriarcal históricamente validado. En México, la brecha de implementación de los derechos reconocidos a la población constituye uno de los desafíos más importantes para la construcción de una sociedad realmente incluyente, así como de una democracia efectiva, hasta hoy detenida por las desigualdades que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y la población indígena.

El derecho de las mujeres indígenas a vivir una vida libre de violencia implica también el ejercicio de los derechos que este sector de la población tiene dentro del marco de derechos de las mujeres y el marco de derechos de los pueblos indígenas, principalmente.

Pero lo que más me ha llamado la atención es una situación en particular respecto a la mujer indígena. Y es que leí lo siguiente:

La justicia también es reinserción; sin más las mujeres indígenas son prisioneras de la desigualdad y el racismo. En 2020, 208 mujeres indígenas estaban privadas de su libertad, afectadas desproporcionadamente por la prisión preventiva y la falta de debido proceso.

En México, apenas cuatro de cada diez personas privadas de la libertad consideran que podrían lograr la reinserción social luego de cumplir su sentencia aunque, en lo que respecta a la reinserción laboral y escolar, sus expectativas son mayores.Ello podría relacionarse con la escasa oferta de políticas públicas que favorezcan la reinserción social, pero también con condiciones estructurales que obstaculizan que algunos sectores de la población alcancen mejores niveles de bienestar (incluso antes de entrar en contacto con el sistema penitenciario), y con la prevalencia de prácticas discriminatorias, en los ámbitos personal, institucional y comunitario. El caso de las mujeres indígenas es particularmente ilustrativo.

En comparación con los hombres indígenas y con las mujeres que no lo son, la prisión preventiva les afecta desproporcionadamente. Su vulnerabilidad frente al sistema penal está determinada, entre otros factores, por la falta de debido proceso. Basta decir que, en el país, al 2018, sólo se contaba con 25 defensores públicos bilingües y aproximadamente 1649 intérpretes acreditados. La Ley Nacional de Ejecución Penal define la reinserción social como la restitución plena de los derechos de las personas privadas de la libertad, luego del cumplimiento de una sanción. Propone la provisión de servicios de apoyo individualizados, conforme a las circunstancias del caso y atendiendo a las posibilidades de las personas liberadas y sus familias. Pero ¿cómo lograr la reinserción si las experiencias, requerimientos, preocupaciones y deseos de las mujeres indígenas ex privadas de la libertad están invisibilizados?