Se debe denunciar la corrupción

Un importante hito hacia la prevención y el combate a la corrupción es contar con visibilidad e información suficiente sobre las denuncias de actos indebidos a nivel nacional, federal y municipal. Las denuncias contenidas en registros oficiales permiten a las autoridades planear y ejecutar la política pública anticorrupción. Lo anterior permitirá además conocer a profundidad la forma en la que opera la corrupción y el impacto que tiene en la sociedad. México es un país con una de las cifras negras (delitos no denunciados) más altas en el mundo. Se calcula que durante 2022 ocurrieron alrededor de 26.8 millones de delitos, de los cuales 92.4 % no fueron denunciados penalmente, o la autoridad correspondiente no inició una carpeta de investigación. Igualmente, se conoce que solamente el 5 % de los presuntos actos de corrupción fueron denunciados –aproximadamente 170 mil actos de corrupción–. Además, la corrupción afecta negativamente el desarrollo económico, social y político de México, lo que da especial importancia a las denuncias generadas por las diferentes conductas que configuran delitos relacionados con hechos de corrupción y faltas administrativas graves. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2021, estimó que el costo total de la corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares, es decir, el costo de la corrupción para la población mexicana en lo general, relacionado con el realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, ascendió a 9,500 millones de pesos, lo cual representa 3,044 pesos promedio por persona afectada. Aunque la lucha contra la corrupción ha sido un tema relevante durante décadas, y en 2015 se reformó el artículo 113 Constitucional para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y para combatir este fenómeno de manera efectiva y coordinada, fomentar la denuncia de la corrupción sigue siendo un gran pendiente en este proceso. Ello tiene un impacto significativo en la construcción de un México más justo y transparente, en donde constantemente la población percibe el incremento de la impunidad y corrupción. De acuerdo con los hallazgos del Informe de Sociedad Civil sobre la implementación de los Capítulos II y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés) en México, la regulación en materia de mecanismos de denuncia y de protección a denunciantes en el país resulta deficiente en relación con el contenido de tratados y recomendaciones internacionales. Además de no existir una ley específica en la materia, el marco actual no considera incentivos para denunciantes, acciones para evitar las represalias, ni la reparación del daño por actos de corrupción, por lo que se requiere una reforma sólida sobre protección a denunciantes –el enfoque de medidas de protección de México se centra en alertadores internos–, reserva de identidad, y los incentivos por denuncia efectiva.

De manera particular, el informe señaló que existe contravención al artículo 36 de la UNCAC en tanto que no se prevé ni para el régimen administrativo ni para el penal un organismo independiente para la atención de las denuncias y para la protección de denunciantes en contra de actos de intimidación y represalia. A su vez, reconoció que el contexto de inseguridad y violencia en México hace latente la necesidad de una normativa con procesos de coordinación interinstitucional orientados a lograr una aplicación efectiva que otorgue la protección necesaria y garantice la seguridad de los denunciantes y la efectividad de las denuncias. Dentro de los principales retos que enfrenta la ciudadanía para presentar quejas y denuncias se encuentran la carencia de esquemas eficaces de protección y anonimato de los denunciantes; falta de un marco normativo y de procedimientos adecuados que protejan efectivamente a servidores públicos y ciudadanos que denuncian hechos de corrupción; falta de confianza en las autoridades, sobre todo en las Unidades de Control Interno u homólogas; falta de capacidades institucionales (presupuesto, personal y profesionalización), entre otras. Lo anterior se destaca a partir de lo planteado en la Política Nacional Anticorrupción, y con datos del INEGI. En términos de esa política, “existe una preocupación por la veracidad, impacto y condiciones en las que se presentan las denuncias, por lo que es necesario construir un mecanismo de validación explícito y transparente, que brinde confianza a la ciudadanía y a los servidores públicos para la presentación de denuncias”. Esto sin contar las posibles represalias, en un país con altos niveles de violencia.