México inseguro para los defensores del medio ambiente

Al día de hoy, México es el país del mundo con más sacerdotes y periodistas asesinados y uno de los que tiene el mayor número de líderes sociales asesinados.En gran parte de México, defender el medio ambiente y hacerlo con nombre y apellido es una combinación que puede resultar fatal. Las últimas cifras globales han llevado al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas con un número que no ha parado de escalar en los últimos tres años. Los ataques contra activistas son parte de un patrón regional más grande: La combinación de recursos naturales vastos, empresas internacionales poderosas, grupos criminales violentos y una corrupción gubernamental arraigada ha hecho que América Latina se convierta en un punto neurálgico de violencia. Los ambientalistas asesinados en 2022 fueron 24, de acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), y en el primer semestre de 2023 son ya 13. Para tener una idea más clara de lo que ocurre con estos activistas sociales hay que decir que en 2017 fueron asesinados 29; en 2028, 21; en 2019, 15; en 2020, 18, y en 2021, 25. Si en el segundo semestre del año se mantiene el mismo número de ambientalistas asesinados, 2023 terminará con 26, dos más que 2022. El número de las agresiones de diverso tipo contra los ambientalistas se ha disparado en lo que va del actual gobierno. En 2019, fueron 39;

en 2020, 65; en 2021, 106, prácticamente se duplicó, y en 2022, 197. Se espera que al cierre de 2023 el número de las agresiones sea todavía mayor que el año anterior. El mayor número de las agresiones y asesinatos ocurren en las zonas rurales y en particular en comunidades indígenas, pero no solo se restringen a esos espacios. Con los años se han incrementado de manera considerable las agresiones y asesinatos relacionados con conflictos que tienen que ver con el control y manejo del agua, al tiempo que persisten los problemas conectados con la minería, la conservación del bosque y la defensa de la tierra. El Cemda plantea, como algo nuevo, la creciente intervención del crimen organizado en el control y manejo del agua en algunas regiones del país. Lo que se agrava por la escasa o débil presencia del Estado en alunas regiones del país. Y subraya la necesidad de que el Estado refuerce los mecanismos de protección de las y los defensores del medio ambiente. Desde el arribo el actual gobierno, de manera particular el presidente López Obrador ha criticado e incluso criminalizado a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas defensoras del medio ambiente. En el horizonte de 2023 y 2024 no hay nada que indique que se habrán de reducir el número de las agresiones y asesinatos de los ambientalistas en el país. Habrá que esperar al gobierno que asuma el mando en octubre de 2024, para escuchar su propuesta de protección, de un lado, y de reducción de las agresiones y crímenes contra los ambientalistas, del otro.