México vive una crisis multidimensional

Desde hace varios años en México vivimos en una crisis multidimensional vinculada al acceso a alimentos nutritivos, a los sistemas bajo los cuales se producen nuestros alimentos y a las implicaciones que tienen para el medio ambiente. Por ejemplo, sabemos que en los hogares de México existe una brecha económica importante para costear una alimentación suficiente -en cantidad y calidad-; que, en cada familia del país al menos una persona tiene diabetes tipo 2, o que 75 % de la población adulta presenta obesidad o sobrepeso. Por otro lado, la realidad de la vida en el campo está lejos de la justicia social: de acuerdo con el CONEVAL, en 2024 casi la mitad de la población rural vivía en pobreza y 15 % estaba en pobreza extrema. Además, paradójicamente, la población rural tenía un porcentaje mayor (30 %) de inseguridad alimentaria que quienes habitan las ciudades. Finalmente, ya no resulta extraño escuchar que cada año se rompen récords de sequía, altas temperaturas y fenómenos climáticos extremos que ponen en riesgo la producción de alimentos, la vida y patrimonio de las personas y que, como causa y consecuencia de ello, la producción agrícola cada vez necesita de más recursos naturales y expandir sus fronteras productivas. Desde hace años he dedicado mi vida académica y de investigación a mejorar los sistemas de salud; sin embargo, hacer un análisis sistémico y multidimensional me ha llevado a entender y atender las causas que están en la raíz de las problemáticas de salud en México y en América Latina. Este giro ha significado reconocer -junto con muchas otras personas colegas- que, lejos de las responsabilidades individuales, las causas de las problemáticas de salud, como la obesidad o la diabetes, se encuentran en los entornos alimentarios, así como las políticas agrícolas y comerciales que les dan forma, entre otros factores estructurales. Que muchas veces es la desigualdad social y económica la que facilita, o no, que algunas personas tengamos acceso a alimentos nutritivos o servicios de salud, mientras que otras quedan al margen. Desde esa perspectiva, estas tres crisis -salud, medio ambiente y justicia social-, lejos de ser fenómenos aislados, están estrechamente vinculadas a la forma en la que se estructuran, financian y organizan los sistemas alimentarios en nuestro país. En términos sencillos, cuando hablamos de sistemas alimentarios, nos referimos a la forma en la que se producen, transforman, distribuyen y consumimos nuestros alimentos todos los días. Alrededor de dichos sistemas interactúan una gran cantidad de personas e instituciones con intereses -visibles y ocultos- políticos y económicos con la capacidad para influir en la alimentación, salud y medios de vida de millones de personas. Así, en este contexto de crisis, y de un panorama complejo, hay una claridad que no podemos evitar: los sistemas alimentarios se tienen que transformar para asegurar el acceso universal a dietas saludables, que los alimentos se produzcan de manera sostenible y resiliente, y que su producción garantice medios de vida justos y equitativos. La transformación que imaginamos es profunda, radical y estructural.

Una que apunte al diseño e implementación de modelos sostenibles, resilientes y equitativos. Actualmente, México se encuentra en un momento favorable para consensuar y empujar esa transformación. Desde el gobierno anterior se promulgó la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible -que debe ser entendida como un logro de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Sin embargo, para asegurar su aplicación es necesario publicar su reglamento -cuyo plazo legal actualmente se encuentra vencido- para lo cual hacemos un llamado. Además de ello, la Ley, que tiene una visión intersectorial para articular políticas públicas a través del Sistema Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (SINSAMAC), ahora requerirá de la capacidad colectiva para construir acuerdos amplios, legislar las leyes secundarias que aseguren que su implementación mantenga el espíritu bajo el cual se imaginó y que ayude a fortalecer las capacidades institucionales necesarias para sostenerla en el tiempo. Para lograrlo, será necesaria la participación de actores e instituciones diversas, entre las cuales la academia puede, y debe, jugar un rol clave -y con el que, desde la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, tenemos compromiso- de tal forma que lleguemos a diagnósticos precisos para proponer rutas concretas de acción para transformar la manera en la que se financian los sistemas alimentarios; los incentivos y mecanismos de pago que influyen en la producción de alimentos; la forma en la que se organiza la producción, distribución y consumo de alimentos; los marcos regulatorios que condicionan el comportamiento de quienes participan en los sistemas agroalimentarios, y los factores culturales, simbólicos y sociales que influyen en las formas de consumo. En conclusión, tenemos enfrente la posibilidad no sólo de imaginar, sino de sumarnos a la construcción de un país en el que las todas las personas tengan acceso a dietas nutritivas y saludables, producidas bajo sistemas que ayuden a la naturaleza a regenerarse, y que aseguren trabajo digno para todas las personas involucradas desde la producción de alimentos hasta su consumo.