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México y el costo de la salud 

  • EDITORIAL
  • 5 ago
  • 2 Min. de lectura

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El sistema de salud en México es mixto, con sectores público y privado, y enfrenta desafíos como el acceso limitado, la falta de medicamentos y la desigualdad en la atención. Se ha implementado el INSABI para buscar la universalidad, pero persisten problemas como el desabasto de medicamentos y la baja cobertura efectiva, especialmente en el primer nivel de atención. Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud en México creció 43.7 % en términos reales. Este incremento no es menor: revela el monto que las familias mexicanas deben pagar directamente para atender problemas de salud que, en teoría, deberían ser cubiertos por el sistema público. Medicamentos, consultas, estudios diagnósticos y tratamientos parte fundamental del derecho a la protección de la salud se han vuelto una carga cada vez más pesada para los hogares, sobre todo para los más pobres. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el aumento fue marcadamente regresivo. Los hogares del decil I el 10 % con menores ingresos incrementaron su gasto de bolsillo en 86.2 % en seis años. En contraste, el decil X el 10 % con mayores ingresos lo hizo en 35.7 %. Los datos muestran que cuanto menor es el ingreso del hogar, mayor fue el aumento en su gasto directo en salud. Esto no es un accidente ni una anomalía estadística: es el resultado previsible de una política pública que desmanteló sin construir, que centralizó sin plan y que prometió gratuidad sin recursos suficientes.

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La desaparición del Seguro Popular, sustituido primero por el INSABI y luego por el IMSS-Bienestar, implicó una ruptura institucional que afectó especialmente a quienes no tienen seguridad social. Lo que se presentó como una reforma para garantizar el acceso universal a los servicios públicos terminó dejando un vacío operativo que millones de personas llenaron de su propio bolsillo. En muchas entidades, los servicios de salud pública se han deteriorado o colapsaron, y la respuesta inmediata fue individual: acudir a farmacias, laboratorios o consultas privadas. Durante los años previos a 2018, México había logrado avances en la reducción del gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud. De más del 50 % en 2003, se redujo a cerca del 40 % en 2018. Pero a partir de ese año, la tendencia se revirtió. Las decisiones en materia sanitaria que se tomaron entre 2018 y 2024, en lugar de reforzar la protección financiera de la población más vulnerable, trasladaron los costos del sistema a los hogares, y lo hicieron de manera desigual: es un retroceso medible y documentado. No se trata solo de un problema económico, sino de una señal de alerta sobre el deterioro de un derecho constitucional. Reconstruir la protección financiera en salud implica reconocer errores, recuperar capacidades institucionales y asegurar financiamiento público sostenible en el tiempo. Prometer gratuidad sin garantizar acceso es una simulación. La evidencia es contundente: mientras no exista un sistema que funcione, la salud seguirá pagándose con la cartera. Y la pagarán, sobre todo, quienes menos tienen. El sistema de salud mexicano se encuentra en un proceso de transformación, con avances y retos importantes para lograr una atención de calidad y equitativa para todos los mexicanos, según el análisis de Gaceta UNAM. 

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