Nadie habla de la verdad de la educación en México

Cada 24 de enero, en el marco del Día Internacional de la Educación, se renueva una conversación que en México resulta tan necesaria como incómoda: ¿qué tan real es hoy el derecho a la educación para todas las niñas, niños y adolescentes? Más allá de discursos y conmemoraciones, la respuesta exige mirar de frente un sistema educativo que ha mostrado avances importantes, pero que sigue dejando fuera a millones de niñas, niños y adolescentes, particularmente a quienes nacen en contextos de pobreza, marginación, movilidad o discriminación estructural. Cifras positivas, realidades desiguales: en los últimos años, México ha registrado progresos relevantes en términos de cobertura. Para el ciclo escolar 2024–2025, la tasa de escolarización en educación básica (3 a 14 años) alcanzó el 88.6%, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2025). Asimismo, tras el impacto de la pandemia, se observa una recuperación parcial en educación media superior: la tasa de abandono escolar se redujo de 14.2% en el ciclo 2018–2019 a 11.3% en 2023–2024 (SEP, 2025). Estos datos reflejan esfuerzos institucionales importantes y una capacidad de resiliencia del sistema educativo. Sin embargo, las cifras agregadas no cuentan la historia completa. La pregunta central no es solo cuántas niñas y niños están inscritos, sino quiénes logran permanecer, aprender y completar sus trayectorias educativas en condiciones dignas. El rezago educativo como síntoma estructural: En 2024, 24.2 millones de personas en México se encontraban en situación de rezago educativo (INEGI, 2025). Aunque esta cifra representa una disminución respecto a mediciones previas, sigue siendo alarmante por su magnitud y por su impacto intergeneracional. A este panorama se suma la persistencia de la exclusión escolar y el riesgo de abandono entre miles de niñas, niños y adolescentes, una realidad que evidencia las dificultades del sistema educativo para garantizar trayectorias educativas continuas y equitativas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. Estas cifras evidencian que el sistema educativo continúa enfrentando barreras estructurales que contrarrestan los avances en cobertura. No se trata de fallas individuales, sino de desigualdades persistentes que limitan el ejercicio del derecho a la educación desde la primera infancia y a lo largo de toda la trayectoria educativa. Desigualdad territorial, cultural y material: La desigualdad sigue siendo el eje que atraviesa el acceso a una educación de calidad. Las niñas, niños y adolescentes indígenas —particularmente quienes hablan una lengua originaria— enfrentan barreras persistentes para acceder a servicios educativos pertinentes y de calidad. Esta exclusión refleja una deuda histórica del sistema educativo con los pueblos originarios y con la diversidad cultural y lingüística del país, así como la insuficiencia de modelos educativos que reconozcan y valoren plenamente sus contextos, saberes y lenguas. Las condiciones materiales de las escuelas profundizan esta desigualdad. De acuerdo con el CONEVAL (2024), el 4.1% de las escuelas de educación básica no cuenta con electricidad y el 17.4% carece de acceso a agua potable. En el caso de las escuelas comunitarias, más de la mitad enfrenta esta carencia. Estas condiciones no solo afectan el aprendizaje, sino que vulneran la salud, el bienestar y la dignidad de quienes estudian y trabajan en estos espacios. Pobreza y movilidad: cuando aprender no está garantizado: Las barreras económicas siguen siendo uno de los principales obstáculos para la permanencia escolar. Las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Pobreza por Ingresos enfrentan mayores probabilidades de inasistencia, una tendencia que se intensifica conforme avanzan los niveles educativos. Según la Universidad Iberoamericana (2025), al menos el 48% de la desigualdad económica en México está vinculada a la falta de oportunidades, relacionada con el lugar de origen, la escolaridad parental, la región y el género. A esta realidad se suma la situación de las niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Para ellos, la educación suele ser un derecho interrumpido. La falta de documentos de identidad, la movilidad constante, la dificultad para revalidar estudios, el trabajo infantil y la escasa formación docente para atender estas realidades fragmentan las trayectorias educativas. Aunque México cuenta con un Protocolo de acceso a la educación para niñas, niños y adolescentes en situación de migración, su implementación sigue siendo desigual entre entidades, lo que limita su impacto real. Lo que México pierde cuando no educa: No atender de manera urgente estos desafíos tiene consecuencias profundas. El rezago educativo perpetúa la pobreza intergeneracional y limita la movilidad social. De acuerdo con el INEGI (2025), el rezago educativo incluso aumentó ligeramente entre 2016 y 2024, pese a las políticas implementadas. Las desigualdades regionales también se amplían. Mientras entidades como Chiapas concentran niveles de pobreza multidimensional superiores al 60%, otras como Baja California se mantienen por debajo del 10% (INEGI, 2025). Cada estudiante que abandona la escuela representa un capital humano perdido y una oportunidad menos para el desarrollo del país, con impactos directos en la competitividad, la cohesión social y la seguridad. Aprender desde el territorio: Desde la experiencia que tenemos en Save the Children, con más de 50 años de trabajo en favor de la niñez y la adolescencia en México, una lección es clara: garantizar el derecho a la educación implica mucho más que asegurar un lugar en el aula. Significa crear condiciones para que las niñas, niños y adolescentes puedan aprender en entornos seguros, con acompañamiento emocional, alimentación adecuada, docentes fortalecidos y comunidades involucradas. En comunidades rurales, indígenas, zonas urbanas marginadas y contextos de movilidad, la experiencia ha demostrado que la educación se fortalece cuando se articula con la protección, la salud y el bienestar. Trabajar con docentes en metodologías inclusivas, impulsar el aprendizaje a través del juego, promover la educación bilingüe e intercultural o acompañar procesos de reincorporación escolar son ejemplos de cómo la educación puede adaptarse a las realidades de la niñez, en lugar de excluirlas. La educación como decisión colectiva: El mensaje que la sociedad mexicana debe comprender hoy es contundente: la educación no es un servicio ni un privilegio, es un derecho habilitador. Cada niña o niño fuera de la escuela pierde mucho más que aprendizajes académicos: pierde un espacio de protección, la posibilidad de desarrollar su máximo potencial y la oportunidad de ejercer una ciudadanía plena. Las desigualdades educativas no son naturales ni inevitables. Son el resultado de decisiones políticas, prioridades presupuestales y omisiones acumuladas. Cuando se normaliza que una niña de una comunidad rural tenga muchas menos probabilidades de acceder a educación de calidad que un niño en una zona urbana, se está eligiendo la exclusión. Invertir en educación —especialmente en la primera infancia— no es un gasto, es una inversión que se multiplica en desarrollo económico, cohesión social, salud pública y democracia. En este Día Internacional de la Educación, el llamado es claro: no podemos seguir postergando el derecho a aprender. El futuro de México se construye todos los días en cada aula, en cada escuela y en cada decisión que se toma sobre la educación.