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No se olvida las practicas del pasado: adjudicaciones directas


Una de las cosas que el gobierno actual ha manifestado o con la cual sea presentado, es la de cero corrupción y sí a la transparencia. Pero parece que se siguen las costumbres de ayer, porque se siguen con las compras por adjudicación directa en el gobierno federal. Cuando el gobierno compra o contrata un bien, un servicio o una obra pública, tiene tres alternativas: Hacer una licitación pública; invitar a cuando menos tres participantes para contratar al que ofrezca las mejores condiciones y tres, adjudicar de manera directa el contrato a una persona sin que haya un proceso de competencia. Por ello decía al principio, que a pesar de que una de las banderas de la presente administración federal ha sido la transparencia y el combate a la corrupción, las compras que se han realizado hasta el momento ha sido por adjudicación directa. Al menos es lo que dice Carlos Méndez, auditor certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, al precisar que al menos el 80 por ciento de las comprar realizadas por la federación han sido bajo esta modalidad, lo que es poco transparente. Aunque las adjudicaciones directas están contempladas como un proceso legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrían ligarse a actos de corrupción, son prácticas comunes. Este proceso se realiza sin que exista competencia y esa misma situación ha generado que muchas veces no se obtenga el resultado deseado, toda vez que este procedimiento termina ligado a actos de corrupción. La Constitución (artículo 134) y las leyes mexicanas señalan que la licitación pública debería ser la regla y los otros dos procedimientos sólo deberían utilizarse de manera excepcional. Incluso por eso la nueva administración definió en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que, dentro de su estrategia para erradicar la corrupción el gobierno se comprometía a prohibir las adjudicaciones directas. Pero 3 de cada 4 contratos del gobierno se entregaron por adjudicación directa. Estas cifras, en lugar de mostrar una transformación o cambio, revelan que el gobierno está siguiendo las mismas costumbres de sus antecesores. Así se ven los últimos datos en comparación con años anteriores.

Las compras del actual gobierno han sido en un 80 por ciento por adjudicación directa sin ninguna transparencia. Contra la Corrupción; en 10 meses la actual administración, ha comprado 165 mil millones de pesos por adjudicación directa. En 120 mil contratos, 90 mil fueron por un proceso de adjudicación directa, 13 mil por licitación pública y seis mil por invitación. La adjudicación directa no ha funcionado como se esperaba porque se ofrecen moches o mordidas, que involucra a los mismos servidores públicos con empresas de dudosa procedencia, o usurpación de identidad. El especialista, se trata de un signo de corrupción, en los términos de contratos que no se transparentan como en una licitación. En el primer año de gobierno de AMLO, 3 de 4 contrataciones siguen siendo por adjudicación directa y, en lugar de que haya señales de que esto pretenda cambiarse, como se prometió, parece que seguirá justificándose el quebrantamiento de la ley.

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