Nuevo fiscal: ¿autonomía o continuidad política?

La renuncia sorpresiva de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) y la subsiguiente publicación de la lista de diez aspirantes por el Senado han puesto en marcha un proceso que definirá, en buena medida, el futuro del combate a la impunidad en México. Más allá de los nombres en la mesa, este relevo es una encrucijada crucial: ¿elegirá el poder ejecutivo y legislativo a un fiscal con probada autonomía técnica, o se inclinarán por un perfil que garantice la continuidad política?. El listado es heterogéneo, incluyendo desde magistrados y abogados independientes hasta exfuncionarios con experiencia en seguridad. Sin embargo, un nombre acapara la atención y el debate: Ernestina Godoy, la actual encargada de despacho y, hasta hace una semana, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum. La trayectoria de Godoy es innegable. Su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México, coincidiendo con la Jefatura de Gobierno de Sheinbaum, le confiere una experiencia operativa y una cercanía política evidente con el actual sexenio. Su rápida asunción como titular provisional y los cambios estratégicos que ha iniciado en la AIC y la FEMDO —áreas neurálgicas de la FGR— sugieren que su perfil es el de la favorita para la consolidación de un proyecto de justicia alineado. Y es precisamente esta cercanía la que debe poner en alerta a la ciudadanía. La FGR fue creada para ser un órgano constitucionalmente autónomo, una pieza fundamental para que la justicia se imparta sin sesgos ni presiones políticas, independientemente del partido en el poder. La nominación de un perfil tan estrechamente ligado a la cúpula ejecutiva, por más competente que sea, lanza una señal preocupante: ¿estamos ante la consolidación de una fiscalía supeditada al poder presidencial?. Otros aspirantes en la lista, como Luz María Zarza Delgado o Luis Manuel Pérez de Acha, representan alternativas que, por su trayectoria más enfocada en lo jurisdiccional o en la defensa civil, podrían encarnar una mayor distancia del aparato político. La Presidenta Sheinbaum tiene la responsabilidad histórica de sopesar estos perfiles al momento de integrar la terna. El proceso de selección no es un mero trámite administrativo; es la prueba de fuego de la vocación democrática del Estado. Necesitamos un fiscal general que tenga la solvencia moral y la independencia técnica para investigar a cualquier actor, sea oposición, aliado o incluso al propio gobierno. Si la elección se define puramente por la cercanía política y no por la capacidad de ejercer una autonomía irrestricta, la FGR corre el riesgo de convertirse en un instrumento para la persecución selectiva, socavando la confianza pública en el sistema de justicia. México merece un fiscal que le sirva a la ley y a los ciudadanos, no a los designios del poder en turno. El Senado tiene ahora la palabra final. Esperemos que, al votar por el nuevo Fiscal General, los legisladores prioricen la autonomía de la institución por encima de cualquier coyuntura política.