Partidos políticos ¿y la seguridad, justicia y paz para México?

Para mí está claro, ningún partido político en México parece dispuesto a construir una agenda de seguridad, justicia y paz sólida, basada en el conocimiento más avanzado y la evidencia disponibles. Las próximas elecciones todo indica que veremos lo que se confirma cada competencia por cargos de elección popular: poca o nula atención a estos temas. Hay liderazgos aislados que profundizan en el tema, pero no encuentran soporte en los institutos políticos que representan. Cuando un partido político pone atención a uno de estos temas suelen ser coyunturas que alinean las posiciones a favor o en contra, pero de igual manera no convocan a la deliberación informada, sostenida y menos a la rendición de cuentas. El ejemplo más reciente es la creación de la Guardia Nacional (GN), decisión impulsada sin el soporte de argumentos basados en la evaluación con base en evidencia. Lo vemos en el poder legislativo una y otra vez; la seguridad, la justicia y la paz son capturadas por coyunturas políticas que mueven la postura de los grupos parlamentarios a la manera de una banderola movida según la dirección del viento. ¿Pruebas? No hay que ir muy lejos; solo es necesario recordar que el apoyo o la oposición a la militarización de la seguridad pública se ha movido justamente en función del lugar en el que están: a favor cuando gobiernan, en contra cuando no, cada vez menos. La única vez que vi a un partido político invirtiendo en la profesionalización de sus cuadros en estos temas fue a mediados de la década de los noventa y ese esfuerzo fue también efímero. La resistencia al aprendizaje por parte de los partidos políticos y las personas candidatas no tiene costos, al menos desde su perspectiva. Jamás les ha sido indispensable responder qué funciona y qué no funciona en seguridad, justicia y paz, “con los pelos de la burra en la mano”, es decir, con pruebas irrefutables o al menos recogiendo las políticas públicas y las prácticas mejor documentadas, orientadas a buscar esa comprobación. Esto tiene a su vez un trasfondo de raíz autoritaria histórica: el sistema político mexicano no ha necesitado construir políticas públicas democráticas en seguridad, justicia y paz porque jamás se ha construido una fuerza política o social que así lo haya exigido, con presión suficiente para, de no conseguirlo, provocar el desequilibrio del arreglo político.

En otros términos, la verdadera disputa por el poder no incluye competir por dar resultados en estos temas; no se gana ni se pierde en función de estas estas agendas -no generalmente-, por increíble que parezca (desde luego no me refiero a los casos donde el resultado electoral es consecuencia de la gobernanza criminal). Si en el 2024 vemos candidaturas que se toman en serio la construcción de propuestas en estas materias, será excepcional y habrá que mirar las historias de quienes lo protagonizan y el contexto específico donde sucede. Puedo afirmar con absoluta seguridad que la inmensa mayoría de quienes el próximo año competirán por un cargo de elección popular harán todo lo que esté a su alcance para no lidiar con la complejidad que implica construir seguridad, justicia y paz. De hecho, vivimos una contradicción cada vez más aguda porque justo cuando esas agendas exigen más y mejor comprensión desde múltiples saberes, la política profesional en general y la competencia electoral en particular presentan cada vez menos contenidos, argumentos y racionalidad. La investigadora Ana Laura Magaloni declaró en una entrevista hace muchos años que la reforma penal era huérfana política. A 30 años de creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública y a 16 de la reforma constitucional penal oral, el sistema político sigue equilibrado sin necesidad de cumplir con los mandatos para los que fueron hechos esos cambios formales. Y es que nadie en la clase política ha empeñado, empeña o empeñará su capital político en desmontar la impunidad; todo cambio normativo y organizacional y todo flujo presupuestal en estos temas se queda y se quedará corto siempre que no haya poder (influencia) que así lo haga valer, por encima de cualquier otra prioridad. Creo que una agenda política que se proponga desmontar la impunidad “a cualquier costo” tiene tal efecto desequilibrador del sistema que, para todo efecto práctico, ahí está el límite del compromiso de cualquier color y de cualquier candidatura.