Piedra en el zapato la extorsión y el comercio ilegal

La extorsión y el comercio ilegal han convertido al pequeño comercio en México en un campo de batalla silencioso. Tienditas, abarrotes y misceláneas enfrentan la presión del crimen organizado que, además de cobrar cuotas, obliga a vender mercancía ilegal. La pregunta es inevitable: ¿cómo detener un fenómeno tan extendido y rentable para los delincuentes?. Los especialistas coinciden en que no hay soluciones rápidas, pero sí rutas claras: fortalecer el marco legal, blindar las aduanas, combatir la corrupción, promover la cooperación internacional y proteger directamente al pequeño comerciante. El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) ha documentado que la extorsión se persigue de manera desigual en los estados. Mientras en algunos es un delito grave, en otros apenas se castiga con sanciones menores. Por ello, propone una Ley General contra la Extorsión que homologue el tipo penal en todo el país, reconozca las distintas modalidades del delito (digitales, empresariales, telefónicas, presenciales) y eleve las penas para desalentar la reincidencia. Armando Vargas, de México Evalúa, coincide en que la falta de uniformidad legal es un obstáculo: “La extorsión afecta la competitividad y encarece productos, pero las autoridades no cuentan con herramientas homogéneas para enfrentarla”. el problema central es que la extorsión se ha normalizado. “En México estamos aceptando que la extorsión sea parte de la realidad. Si llegamos a eso, el país pierde muchas de sus posibilidades”, advierte. El dirigente insiste en que debe considerarse delito grave, con sanciones más duras y sin posibilidad de fianza. Hoy, en muchos estados, quienes son detenidos por extorsión recuperan su libertad rápidamente y regresan a delinquir. Otro punto clave es el control de las aduanas. Rivera lo explica con claridad: “Un país debe tener control de sus fronteras terrestres, aéreas, marítimas y subacuáticas. Hoy, los contrabandistas las vulneran con facilidad”. El Colegio de México documenta que entre 2017 y 2023 el comercio ilícito de cigarros creció 240%. Gran parte de esta mercancía ingresa por puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas, donde los contenedores pasan sin revisión rigurosa. El general retirado Juan Carlos Buitrago, fundador de Strategos BIP, es contundente: “Mientras no se erradique la corrupción en aduanas, policías y autoridades locales, cualquier estrategia será insuficiente. El crimen organizado opera como una empresa, y la corrupción es el lubricante que mantiene su maquinaria”. Más allá de leyes y cooperación internacional, el centro del problema sigue siendo el pequeño comercio. Rivera advierte que los tenderos están desprotegidos: “Los comerciantes no quieren pleito, solo buscan trabajar. Pero cuando los amenazan, no queda otra opción que pagar, aceptar las reglas o cerrar”. ANPEC propone mecanismos de protección al denunciante, programas de seguridad comunitaria y acceso a créditos blandos que permitan resistir la presión del mercado ilegal. Sin apoyo estatal, muchos comerciantes cierran y dejan el espacio libre al mercado informal. El ONC agrega que se requiere una estrategia nacional de prevención que incluya campañas de consumo responsable. Comprar productos de contrabando o piratería alimenta directamente a las redes criminales. Todos los especialistas coinciden en que ninguna estrategia tendrá éxito sin atacar la corrupción. Buitrago recuerda que las organizaciones criminales no solo usan la violencia, sino que también “compran” voluntades en aduanas, policías y gobiernos locales. El Observatorio Nacional Ciudadano lo resume así: sin controles internos y sin vigilancia efectiva, las instituciones mexicanas son parte del problema. Y mientras la corrupción siga permeando, el mercado ilegal seguirá encontrando puertas abiertas. El peligro más grande es la aceptación social de la extorsión. Rivera lo plantea de manera cruda: “Si normalizamos la extorsión, México pierde sus posibilidades”. Lo que hoy ocurre en Culiacán o Guerrero, donde el crimen impone marcas y precios, puede replicarse en más estados si no hay intervención oportuna. El estudio sobre cigarros ilícitos del Colmex advierte que el crecimiento del mercado ilícito de cigarros no solo es un problema de salud pública o fiscal, sino también de gobernanza: cuando el crimen dicta reglas en la economía cotidiana, el Estado pierde autoridad frente a la población. Por ello, frenar la extorsión y el comercio ilegal que afectan al pequeño comercio en México no será tarea sencilla. Requiere un marco legal uniforme y robusto, un control real de las aduanas, la erradicación de la corrupción, la cooperación internacional y un apoyo directo a los comerciantes. Mientras tanto, las tienditas seguirán siendo víctimas de un fenómeno que combina violencia, economía ilegal y ausencia estatal. La batalla por rescatar al pequeño comercio es, en realidad, una batalla por el futuro de la economía popular y por la vigencia del Estado de derecho en México.