Preocupa el aumento acelerado de deportaciones en la frontera sur

Tuxtla.- De Acuerdo con el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, se han registrado graves violaciones a los derechos humanos en contra de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional en las fronteras de Ciudad Hidalgo y Talismán.

Las organizaciones que integran el colectivo documentaron expulsiones “en caliente” en la frontera sur de México, realizadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), esto durante el recorrido en carretera hacia la frontera.

“Observamos al menos ocho autobuses del INM con niños y niñas a bordo. En el centro de personas retornadas en Tecún Umán, identificamos cuatro autobuses más del INM con familias y menores de edad ingresando a las instalaciones”. El colectivo obtuvo testimonios que exponen que las devoluciones de migrantes y solicitantes de asilo comenzaron hace aproximadamente como tres semanas, “lo que puede relacionarse con el término del Título 42 en Estados Unidos”.

En el puente fronterizo de Talismán, también observaron otro autobús de Migración con familias a bordo que iban a ser expulsadas. En este caso, los agentes federales del INM informaron que partieron de Veracruz.

“Lo que constata que se han realizado traslados indiscriminados y arbitrarios de personas migrantes y solicitantes de asilo desde el norte y el centro del país al sur de México”, destacó el colectivo.

“En estos traslados los migrantes no reciben la información adecuada y veraz, no hay asistencia legal y ni consideración de las circunstancias individuales, vínculos familiares o solicitudes pendientes ante el INM o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)”, denunció.

En un pronunciamiento, las organizaciones del colectivo exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al INM suspender de manera inmediata las deportaciones de personas refugiadas que se están realizando en violación del principio de no devolución.

Pidieron, por su parte, a la Comar garantizar que todas las personas que ingresen al país tengan acceso a un procedimiento justo y eficaz para determinar su condición; mientras a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a investigar a los responsables de las violaciones y al debido proceso que se han cometido en los casos de deportación como la falta de información, asistencia legal y recurso judicial efectivo.