Preocupadas agencias de la ONU por condición de migrantes en México

Tuxtla.- Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) externaron su preocupación por las implicaciones que conlleva la aplicación de la norma denominada Título 42, mediante la cual el gobierno de Estados Unidos restringe el acceso a su territorio a personas extranjeras por razones de salud pública.

En un documento, explicaron que los movimientos migratorios mixtos requieren de una respuesta integral en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, cualquiera que sea la nacionalidad o condición migratoria de las personas y en todas las fases del ciclo migratorio -origen, tránsito, destino y retorno- incluyendo principios fundamentales como la no devolución, la protección de la niñez y la no discriminación, expresaron cinco agencias de Naciones Unidas.

Por ello, las Oficinas en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), evidenciaron que la aplicación de esta norma ha colocado a miles de personas mexicanas, centroamericanas y de otras nacionalidades en una situación crítica.

“Estas personas son expulsadas desde Estados Unidos, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, y sin tener acceso al sistema de asilo en dicho país, encontrándose en un limbo jurídico en la frontera norte de México”, externaron.

Por otra parte, refirieron que la capacidad de recepción de los albergues de la sociedad civil a lo largo de la frontera se encuentra rebasada, haciéndose necesario fortalecer la respuesta de la institucionalidad local, estatal y federal y de la sociedad civil para atender esta delicada situación humanitaria. “Todo esto agravado por la pandemia por covid-19 y la falta de protocolos de salud para mitigar los riesgos de contagios”.

Además de las devoluciones en frontera, desde la semana anterior dieron inicio vuelos desde Estados Unidos hacia el sur de México con personas expulsadas bajo Título 42, revelaron.

Esta nueva medida, lejos de terminar con estas restricciones, sitúa a las personas migrantes y solicitantes de asilo en una situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de ver violado su derecho a la no devolución, entre otros.

Las agencias de Naciones Unidas reconocieron que la realidad de la movilidad humana en la región es compleja y que en el caso de México, requiere atender movimientos migratorios mixtos, que incluyen personas con diferentes necesidades, edades y perfiles, tales como personas en situación migratoria irregular, personas en necesidad de protección internacional, personas apátridas, mujeres y personas LGBTI+, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y sexual, personas víctimas de trata y otros delitos, así como niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, entre otros.

Con 12 mil 807 nuevas solicitudes de asilo tan solo en el mes de julio, más de 70% en Chiapas, la tendencia en México de llegadas a gran escala se mantiene desde 2018, tendencia que se recuperó una vez que disminuyeron las restricciones fronterizas por covid-19 y comenzaron a reflejarse los efectos directos e indirectos de la pandemia, especificaron.

“Esta situación representa un enorme reto para México, cuya respuesta exige intervenciones adicionales al sistema de protección internacional y asilo. De igual modo, la llegada de miles de personas migrantes en tránsito, que son retornadas o que han elegido a México como país de destino, requiere de políticas públicas centradas en las necesidades particulares de las personas migrantes y refugiadas y generar alternativas de regularización e integración viables, dignas y seguras.”

Las Agencias reconocieron que el coronavirus representa importantes desafíos para todos los países, por lo que trasladar personas de un país a otro bajo argumentos de salud pública no es una respuesta viable.