Proponen eliminar el IVA en anticonceptivos

En el Senado, la bancada del Partido del Trabajo (PT) ha presentado una iniciativa para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en diversos métodos anticonceptivos, incluyendo condones masculinos y femeninos, pastillas anticonceptivas y anticoncepción de emergencia. Este planteamiento busca asegurar que toda la población tenga acceso a insumos esenciales para la salud sexual y reproductiva.

La propuesta, expuesta por la senadora Geovanna Bañuelos, tiene como objetivo adicionar un inciso k) al artículo 2o.-A. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Durante su intervención, Bañuelos enfatizó que los anticonceptivos no deberían considerarse bienes de lujo, sino herramientas indispensables para la prevención, la autonomía personal y la equidad social.

El acceso a métodos anticonceptivos, subrayó la senadora, constituye un pilar fundamental de la salud pública y del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. "Son herramientas que empoderan a las personas al permitirles planificar su vida, decidir sobre su futuro y reducir riesgos sanitarios que históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres", aseguró.

Sin embargo, Bañuelos también destacó que en México aún persisten barreras económicas que dificultan la adquisición de estos métodos, especialmente entre los sectores más vulnerables de la población. Un gasto adicional, aunque parezca mínimo, puede ser determinante para acceder a estos insumos básicos de salud.

“Al eliminar el IVA a los anticonceptivos, se reduce de manera directa el costo de condones, pastillas anticonceptivas y anticoncepción de emergencia, facilitando que más personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, puedan utilizarlos sin que el precio se convierta en un obstáculo. Esta medida es, por tanto, un catalizador de inclusión y equidad”, afirmó Bañuelos.

La propuesta que se discute en el Senado pone de relieve la importancia de abordar la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social, destacando la necesidad de garantizar el acceso a métodos anticonceptivos como un derecho fundamental para todos.