¿Qué están haciendo para detener el crimen organizado?

Los brazos armados del crimen organizado mostraron una vez más su capacidad de fuego, organización, control de territorio y terror, entre ellos mismos -como grupos antagónicos- y contra la población civil y las fuerzas armadas, a partir del 9 de agosto hasta este 12 de agosto. Iniciaron esta ofensiva en Guadalajara, se esparcieron a Guanajuato. La embestida más intensa se dio el día 11, en Ciudad Juárez, en un ataque directo a tiendas de conveniencia, mataron a 11 personas (mujeres, hombres y un niño), incendiaron vehículos y comercios. Tijuana, Tecate y Mexicali vivieron esos escenarios el día 12. El gobierno, en sus tres órdenes, les llama a estos ataques “narcobloqueos”, “ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales”, “ataques orquestados por los conservadores en contra del actual gobierno”, o consecuencias de la guerra contra las drogas. La Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, en su proyecto “Estado de Derecho en Conflictos Armados”, considera que el Gobierno de México está involucrado en dos conflictos armados no internacionales paralelos. El primero lo explica en términos del enfrentamiento entre el gobierno contra el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. El segundo es el conflicto que mantienen entre ellos ambos cárteles ya citados. Para llegar a esta clasificación de conflicto armado interno se han considerado dos criterios: 1) “el nivel de violencia armada debe alcanzar un cierto grado de intensidad que vaya más allá de los disturbios y tensiones internas”, 2) “en todo conflicto armado no internacional, al menos una de las partes del conflicto debe ser un grupo armado no estatal que debe exhibir un cierto nivel de organización para calificar como parte en el conflicto armado no internacional. Se presume que las fuerzas gubernamentales satisfacen los criterios de organización”. Ahora bien, cuando se trata de grupos delictivos independientemente de que sus objetivos sean económicos, no por ello pueden dejar de ser parte de un conflicto armado interno. Bajo el amparo del Derecho Internacional Humanitario hay indicadores que precisan ser valorados: la intensidad de la violencia, la duración de ésta, el número de combatientes, el tipo de armas, estructura y equipo militar, los daños sociales y materiales que causan, el número de civiles (mujeres, hombres, niños, niñas, y otras diversidades sexuales) que mueren, desaparecen, son tratados o son desplazados de sus hogares y sus espacios. Somos una nación con una memoria herida, con grandes fracturas humanas y pérdidas de vida irrecuperables. Sólo la verdad y la justicia pueden dar un poco de alivio a las heridas personales y sociales. Víctimas y perpetradores, independientemente de que gozan de la misma dignidad humana, jurídicamente no son iguales. Es inaplazable que no banalicemos, no nos engañemos, no son los primeros ataques contra la población civil, se cuentan por miles las personas a las que les han robado la vida, igual que sus patrimonios. Estos no son eventos extraordinarios, lo que sí es ordinario es la naturalización y el permiso que les hemos dado para que permanezcan.

¿Qué es lo que impide que los flujos multimillonarios que deja la industrialización del crimen organizado trasnacional sean confiscados?, ¿Qué es lo que impide que los mecanismos de justicia empiecen a actuar? ¿Qué es lo que impide responsabilizar a los terceros beneficiados -nacionales e internacionales- de este conflicto bélico que cada día aumenta la intensidad? ¿Qué es lo que impide ponerle un alto a la crueldad que aparece cada día ante nuestro desamparo? ¿Qué es lo que impide que prevalezca el dolor y el sufrimiento de las víctimas ante estrategias fallidas de quienes prometen darnos seguridad y tranquilidad? No es cierto que quienes no son parte del crimen organizado pueden estar seguras y seguros en sus casas y sus trabajos. No es cierto que con decir somos más los buenos que los malos, podamos seguir viviendo estos actos de terror. Estas son mentiras que perpetúan nuestro desamparo. Estos son crímenes contra la humanidad de las personas que emanan de un conflicto bélico, que necesitamos detener.