¿Qué ha pasado con los huérfanos por femenicios?

Atestiguar el feminicidio de sus madres a golpes o incineradas fue insuficiente para que los gobiernos mexicanos atendieran a estos niños. Apenas tres de cada 10 infantes huérfanos por feminicidio en el país recibieron acompañamiento parcial del Estado, por falta de coordinación institucional y cumplimiento de la ley. El feminicidio se tipificó como delito en México en 2012 y al Gobierno Federal le tomó otra década reconocer la necesidad de atender a las hijas e hijos de las víctimas que quedaban desprotegidos. El 4 de agosto del 2021 se creó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio. Las metas del mecanismo eran crear un padrón de huérfanos por feminicidio y “garantizar el acceso a la justicia, restituir sus derechos y brindarles la protección social”, como lo presumió la entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal, Olga Sánchez Cordero. A casi tres años del anuncio, la administración de Andrés Manuel López Obrador sigue sin publicar el padrón que prometió ni los resultados del mecanismo. Por ello, e-consulta y CONNECTAS, presentaron 967 solicitudes de acceso a la información pública y consultaron a expertos en derechos de la infancia. Esta investigación revela que, desde la creación del protocolo hasta octubre de 2023, las fiscalías de 23 entidades del país identificaron a poco más de mil hijos e hijas de víctimas de feminicidios, pero las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes, autoridades obligadas a aplicar el protocolo, atendieron a sólo 318 infantes, en 50 por ciento de los estados. Aunque la foto del alcance de esta política está incompleta, porque nueve fiscalías y tres Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), ente rector de las procuradurías de protección, no contestaron a las solicitudes de información. Los expertos consultados coinciden en que los lineamientos del protocolo diseñados por el gobierno no son claros y esto no permite su correcta implementación, ni que se salvaguarden los derechos de este grupo de niños. Estas fallas del mecanismo afectaron las vidas de cientos de familias, como las de Karen, Guadalupe o Nidia, víctimas de feminicidio.  Los gobiernos de sus estados privaron a sus hijos e hijas de acompañamiento inmediato como lo establece el protocolo, pese a que varios de estos niños presenciaron los asesinatos de sus madres o recibieron amenazas en sus hogares, según testimonios recopilados.

El protocolo debe iniciar cuando las autoridades de seguridad pública identifican a menores de edad en casos de feminicidio. En ese momento, las autoridades de Policía o Fiscalía deberían informar a las procuradurías de protección de niños, niñas y adolescentes para que los hijos de las víctimas sean evaluados por especialistas médicos, psicológicos y jurídicos, y que se diseñe un plan para la restitución de sus derechos. Los expertos entrevistados coinciden en que el mayor problema del protocolo es su falta de obligatoriedad para las autoridades de seguridad pública del país, quienes suelen ser los primeros respondientes en los casos de violencia. Los únicos forzados a usarlo son las procuradurías de protección. Pero estas, en la mayoría de los casos, no reciben un llamado de las autoridades de seguridad, por lo que desconocen que deben intervenir. Las estadísticas oficiales evidencian contradicciones sobre los resultados del protocolo. Las procuradurías de protección reconocen que atendieron a 318 hijos de víctimas por feminicidio. Mientras, las fiscalías estatales afirman haber activado el protocolo para 556 huérfanos por feminicidio. A nivel nacional destacan las discordancias reportadas por las fiscalías del Estado de México y Coahuila que, en conjunto, activaron el protocolo para 222 huérfanos por feminicidio , pero la procuraduría de protección coahuilense contestó que “en este organismo no se han presentado dichos casos” , mientras la mexiquense contestó vía transparencia que “al no tener conocimiento de la activación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, esta Procuraduría de Protección no cuenta con información en los términos requeridos.” La realidad para la mayor parte de las familias de las víctimas de feminicidio no cambia. Cada día, deben enfrentarse a un sistema que los ignora, a pesar de que las pautas, con todo y sus carencias, ya están establecidas.