¿Realmente México brinda protección a las personas indígenas?

El día Internacional de los Pueblos Indigenas, como celebración jamás pasara a segundo plano, porque realmente la conmemoración al final de cuenta siempre esta presente. Pero lo que realmente vale es que los pueblos indigenas ya no se sigan enfrentando ante una violencia estructural. Pese al reconocimiento de iure en el marco constitucional, las personas indígenas se han enfrentado históricamente a la violencia estructural. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a sus condiciones socioeconómicas, la ubicación geográfica donde radican y el poco o nulo acceso que tienen a la educación, se le otorga a este sector poblacional un grado mayor de vulnerabilidad. Además de estas intersecciones, se ha documentado continuamente que los miembros de comunidades indígenas carecen del acceso a la justicia y por consiguiente, el derecho a recibir una defensa adecuada. Una de las más crudas realidades que afrontan es la de conflictuarse con la ley penal y en consecuencia ser privadas de la libertad. De acuerdo al “Cuaderno Mensual con datos estadísticos de la población penitenciaria en situación de vulnerabilidad 2022”, se registraron 7,542 personas privadas de libertad de origen indígena a nivel nacional. Los delitos principales por los cuales son puestos en prisión son robo sin violencia, secuestro, delitos contra la salud y homicidio. En muchos de estos casos se observa una serie de violaciones procesales que agravan la situación; el racismo, traducido en violencia institucional que atraviesan desde el momento de la detención, es una práctica generalizada y configuran actos de tortura, durante todo su proceso judicial. La evidencia de datos sobre detenciones es del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que en 2018 identificó que la mayoría de las detenciones a personas indígenas fueron realizadas en un marco de ilegalidad. Es así que este sector del sistema penitenciario vive en constante segregación. De acuerdo al Censo de población indígena privada de la libertad, el 57.7% no participa en actividades escolares en su centro penitenciario, el 32% no participa en ninguna actividad laboral, el 19% no participa en otras actividades y el 31% no tiene visitas familiares o conyugales producto de la distancia o los medios económicos para concretarlas. Este estudio demostró también que Oaxaca y Chiapas concentran el 45% de la población indígena en reclusión a nivel nacional; según los datos arrojados, al 83% no les fue mostrada una orden de aprehensión previa a su sentencia y el 77% no entendió el motivo de su detención. Irónicamente, México es uno de los países que jurídicamente cuenta con un mayor número de instrumentos para brindar protección a las personas indígenas, asegurar el respeto de sus derechos humanos y exigir el cumplimiento consuetudinario respecto sus usos y costumbres. Sin embargo, la realidad dista mucho de los marcos legales y su aplicación. De acuerdo al informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos originarios 2018, para el cual se realizaron una serie de entrevistas a personas indígenas de 12 años en adelante, el 71.9 % vive en extrema pobreza con una esperanza de vida siete años menor al promedio global y tasas altas de mortalidad infantil; por si fuera poco, el 38.6 % declaró sufrir discriminación en el último año, el 20 % en una oficina de gobierno, 23.2 % en el ámbito familiar y 31.4 % dentro de su ámbito laboral o escuela. Estos resultados muestran el panorama de exclusión que se vive a nivel nacional y crea un contraste notable entre las leyes escritas y la discriminación normalizada ejercida a este grupo poblacional, la cual se ve acrecentada por la barrera lingüística y la discriminación estructural. México ha sido sometido al escrutinio internacional en relación a la situación de los grupos originarios en procesos de examen periódico universal y visitas de expertos independientes, como prueban las recomendaciones emitidas por Naciones Unidas al respecto.

A los ojos de los organismos defensores de los derechos humanos, nuestro país tiene una enorme deuda con las personas indígenas, no sólo con respecto a la generación de oportunidades igualitarias y la garantía de su identidad, sino en la procuración de acceso a la justicia, ya que, de forma generalizada se les criminaliza y se fabrican delitos para privarlos de su libertad. Continuamente se echa andar la máquina de la impunidad que, con obstáculos como la falta de perspectiva intercultural, multiculturalidad y autodeterminación, se termina poniendo en el lugar más segregado de los modelos penitenciarios en México.