Red de apoyo entre colectivos y organizaciones ante las desapariciones

México enfrenta una crisis de desapariciones sin precedentes. Desde 1964 hasta 2025, el país supera incluso las cifras registradas en contextos de represión estatal, como la dictadura militar en Chile que dejó alrededor de 3,400 personas desaparecidas, o en zonas de genocidio donde más de 11,000 personas permanecen ausentes. Esta tragedia se origina en una profunda impunidad alimentada por la falta de capacidades institucionales para investigar delitos, en la desconfianza hacia las autoridades, en la colusión de agentes del Estado con el crimen organizado y en la ausencia de políticas efectivas de prevención. Todo ello contribuye a que esta cifra aumente cada día y se naturalice la idea de que, por algún motivo o sin él, en cualquier lugar, de la nada, puedas desaparecer. En un contexto donde los grupos del crimen organizado aumentan su poder ante la ausencia e indiferencia del Estado, el tejido social que integra se fractura al mismo tiempo que la problemática se profundiza. Desde sus orígenes, las desapariciones y las fosas clandestinas han sido una forma de control social y territorial, un mensaje silencioso, pero claro y potente, cargado de significado, en donde el miedo cumple con una función pedagógica que mantiene a las comunidades sometidas y evidencia la impunidad con la que se cometen estos crímenes. Lo anterior se traduce en un control total sobre la vida y la muerte por parte de quienes cometen estas atrocidades. Ante este panorama desolador son las familias quienes sostienen la esperanza a través de la búsqueda de sus seres queridos. Desde la pega de fichas hasta la exhumación en fosas clandestinas, son ellas quienes se han convertido en expertas en encontrar sus tesoros perdidos. Se organizan, documentan, analizan los contextos, convocan acompañamiento, incluso informan a los medios. La frase “les buscamos porque solo nosotras les encontramos” surge a raíz de hallazgos emblemáticos en lugares como Teuchitlán (Jalisco), Salvatierra (Guanajuato), o Cocula (Guerrero), donde los colectivos han sido quienes desentierran la verdad. Esta búsqueda no conoce límites territoriales. En Sonora, Cecilia encontró a su hijo Jesús en 2020 y sigue buscando a su sobrino Moisés Alfonso. Ella lidera el colectivo Buscadoras por la Paz, quienes siguen el rastro de sus seres queridos en fosas clandestinas en el desierto. En el Estado de México, Claudia busca a su hija Reyna Karina en las calles, basureros y en los bosques del sur de la ciudad. Después de 13 años, no afloja el paso y busca en su fe la fuerza para seguir el camino. En Sinaloa, María Isabel busca a Reyes Yosimar., su hijo. Como fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, se dedica a construir alianzas entre familias y otras personas solidarias para visibilizar las desapariciones en su estado a través del arte urbano, como resultado de un proceso de sanación y memoria. La importancia de estos colectivos radica no solo en su capacidad para encontrar a las personas que faltan o en los conocimientos que han desarrollado o adquirido en las búsquedas, sino también en las redes de apoyo y solidaridad que tejen entre ellas. Son las propias familias quienes acogen y guían a otras que recién inician su proceso, compartiendo su conocimiento, experiencia y fortaleza. Con el tiempo, muchas ya no buscan únicamente a su familiar, sino que encuentran sentido al apoyar el proceso de otras familias. Su lucha se transforma en una búsqueda colectiva por la verdad, la justicia y la dignidad humana. Estos colectivos no solo tienen el interés latente por tejer redes al interior de sus comunidades, sino también entre colectivos de diferentes regiones. La magnitud del problema, extendido a lo largo y ancho del país, ha dado lugar a más de 100 colectivos de búsqueda en las 32 entidades federativas. Cada uno enfrenta contextos distintos: varían los terrenos, los patrones de criminalidad y las condiciones socioeconómicas, lo que  los lleva a desarrollar estrategias focalizadas en el ámbito local. La distancia, la disparidad de contextos y la falta de tiempo dificultan el intercambio de experiencias locales y la construcción de alianzas que fortalezcan su labor e impacto a nivel nacional. Conscientes de esta necesidad, el Centro de Colaboración Cívica (CCC) y el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana han trabajado conjuntamente para fortalecer tanto el esfuerzo de los colectivos y sus capacidades técnicas en materia de búsqueda, investigación e identificación forense, como sus estrategias de incidencia, de comunicación para la sensibilización social y de afrontamiento psicosocial para hacer sostenibles sus procesos de exigibilidad de derechos. Las herramientas técnicas para la búsqueda, investigación e identificación, como el Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, el cual establece estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas y desapariciones forzadas, marcó el punto de partida en las conversaciones de los colectivos, así como otras iniciativas como Found, presentado por el Global Security Programme de la Universidad de Oxford, CentroGeo y la Comisión de búsqueda de Jalisco, y la propuesta de un modelo para el uso de fuentes abiertas para la localización de fosas clandestinas en Baja California. Este último presentado por Data Cívica, el Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, y Elementa DDHH.