Reforma de la jornada laboral, ¿la propuesta es una trampa?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la presentación de su propia reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales y garantizar dos días de descanso. A primera vista, podría parecer un triunfo histórico para las y los trabajadores. Sin embargo, la propuesta es una trampa negociada con la patronal que no mejora realmente la vida de las personas trabajadoras. Para empezar, la aplicación total se aplaza hasta 2030, retrasando un derecho que debió cumplirse desde hace décadas. Desde 1917 no se ha reducido la jornada laboral en México, a pesar que la Organización Internacional del Trabajo recomendó hacerlo desde 1969.  Hoy, cuando por fin podría hacerse justicia, el gobierno y los empresarios vuelven a alargar el plazo para dignificar el tiempo y la vida de la clase trabajadora. Pero el problema central es aún más grave: la reforma abre la puerta a manipular las horas extras, permitiendo que las empresas mantengan e incluso incrementen la explotación laboral. Hoy la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 68, fija un máximo de nueve horas extraordinarias por semana. Cuando una persona trabajadora labora más de nueve horas extraordinarias por semana, el patrón debe pagar esas horas con un recargo del 200 % adicional al salario. La propuesta presidencial no fortalece esta protección: al contrario, aumenta de 9  a 12 horas bajo el argumento de que serían “voluntarias”. Esto significa tres horas más de trabajo antes de que el patrón esté obligado a pagar el recargo del 200 % previsto en la ley. Es decir, Claudia Sheinbaum con su propuesta disfraza como “reducción de jornada” lo que en la práctica podría convertirse en un aumento de horas extras baratas y una presión mayor sobre quienes las trabajan. Con la nueva reforma, se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria. No olvidemos la frase “de manera voluntaria”, porque profundizaremos en el concepto más adelante. El tope de horas extras pasará, con la propuesta de la presidenta, de 9 a 12 horas más de trabajo. Se está estableciendo que, para alcanzar el pago extra, se puede trabajar ya no 9, sino 12 horas extras, so pretexto del concepto “trabajo voluntario”. 3 horas más que para miles de mexicanos pueden significar la diferencia, sin exagerar, entre la vida y la muerte. El estado tiene la obligación de poner los límites de las jornadas laborales para evitar las violaciones a los derechos de la clase trabajadora, pero en esta parte de la reforma el Estado parece dejar en manos de la buena voluntad de los empresarios un tema que aún con el tope de las 48 horas actuales, no respetan para nada. En un país donde millones ya trabajan más de 48 horas porque su salario no alcanza, hablar de “voluntariedad” es ignorar la realidad. La mayoría acepta horas extra no por gusto, sino por necesidad. Las consecuencias de las jornadas laborales excesivas en México son consideradas un tema de salud pública por expertas y expertos en la materia. El Observatorio de Trabajo Digno señaló que 14.3 millones de personas que laboran en el país tiene jornadas laborales excesivas, a pesar del ya mencionado tope de 48 horas a la semana que todos y todas sabemos que miles de empresas en México no respetan. Además de los problemas de salud mental que conllevan las horas extra, también están los problemas de salud física. Marath Bolaños aclaró que “el tiempo de trabajo podrá prolongarse de manera extraordinaria, siempre y cuando el trabajador de manera voluntaria acceda a ello, el trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores como lo ha sido a la fecha”. Ahora le pido, estimado lector, estimada lectora, que pregunte a la persona más cercana que sepa usted que trabaja horas extra por qué trabaja en ese segundo empleo, por qué hace un segundo turno o por qué trabaja en el día que se supone, debería descansar. Salgamos unos minutos de la narrativa del gobierno. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó hace tres semanas que la población ocupada con prestaciones (sin considerar el acceso a las instituciones de salud) disminuyó en un millón de personas. Aumentó la cantidad de personas con trabajo que no tienen prestaciones, en 1.43 millones para ser exactos. Si el miedo de la patronal a las 40 horas basado en el argumento del aumento de la informalidad era de por sí absurdo, ahora mismo no tiene ninguna validez porque el gobierno, como se mencionó anteriormente, está apelando entonces a la buena voluntad de los empresarios que son incapaces de darle a sus trabajadores por lo menos el Seguro Social, ya de mínimo. La reforma tampoco contempla a quienes están en la informalidad —más de 32 millones de personas—, que no tendrán acceso a la reducción de jornada porque el gobierno no ha logrado mejorar sus condiciones laborales ni garantizar prestaciones mínimas. Lejos de disminuir la informalidad, esta reforma la ignora. En comparación con mayo del año pasado, la informalidad aumentó 0.5 puntos porcentuales, pasando del 54.4 % en mayo de 2024 a 54.9 % en mayo de 2025. Este mismo sector del empleo en México representa el 54.8 % de la población ocupada, o sea, 32.6 millones de personas que no se verán beneficiadas por las 40 horas. Por eso decimos claramente: la reforma del Ejecutivo no responde a las necesidades reales de la clase trabajadora. Solo legaliza prácticas que ya existen y que nos enferman, empobrecen y agotan. Desde el Frente Nacional Por Las 40 Horas seguiremos impulsando una reducción efectiva de la jornada, sin trampas ni retrocesos, y con propuestas legislativas que ya hemos entregado a la Secretaría del Trabajo. Nuestra lucha es por recuperar el tiempo que nos han quitado y por construir un país donde trabajar no signifique poner en riesgo la vida. Somos obreras, obreros, estudiantes, cuidadoras, trabajadores formales e informales. Y seguimos firmes: las 40 horas deben ser un punto de partida (no un techo) para avanzar hacia las 35 horas, como ocurre en países con mejores condiciones laborales.