Selva Politica

+Acusan en Cámara de Diputados, Despilfarro Millonario Gubernamental por La Guelaguetza

+Posible la Reforma Electoral, Pero sin Imposiciones del Poder Ejecutivo: PAN

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) señaló un despilfarro millonario del Gobierno de Oaxaca en las fiestas de la Guelaguetza, mientras que la entidad sigue como una de las tres con mayor pobreza

En rueda de prensa, la diputada propuso la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz por casos de nepotismo y corrupción.

Expuso que en la Guelaguetza se invirtieron 162 millones de pesos, y sólo se obtuvieron ganancias por 57 millones de pesos; “el costo-beneficio pues no se vio reflejado”.

“Los hospitales tienen muchas carencias. Hace unos días el Hospital Civil, que atiende a la mayoría de la población del estado de Oaxaca, se quedó sin luz, en plena Guelaguetza, colapsaron los tubos del drenaje”, acusó.

Además, resaltó, este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza multidimensional correspondiente a 2024, en donde “Oaxaca sigue siendo el tercer estado con mayor pobreza y pobreza extrema”.

“¿Qué le pasa a nuestra clase política que administra los recursos, y no es capaz de sacarnos de esta pobreza?”, cuestionó Cruz Jiménez.

Consideró que todo ese despilfarro de recursos que hace el gobernador debería aplicarse a verdaderas políticas públicas que atiendan las necesidades de las y los oaxaqueños.

Por tal motivo, consideró que “es momento de la revocación, que nos va a costar más de 150 millones de pesos”; sin embargo, el costo de otra Guelaguetza sería lo doble.

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En otro tema, el diputado Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, afirmó que es posible una reforma electoral, pero sin imposiciones del Poder Ejecutivo; planteó legislar para eliminar la sobrerrepresentación, e impedir que se involucre el crimen organizado en las elecciones.

“No puede haber reforma electoral, si no legislamos con total contundencia, dejar fuera el crimen y fortalecer los derechos ciudadanos (…) Reforma electoral es posible, pero sin imposiciones”, sostuvo en rueda de prensa, en el marco de la Comisión Permanente, en el Senado de la República.

Criticó que se pretenda hacer un “diálogo sordo” por parte del Ejecutivo creando la comisión presidencial que esté integrada sólo por “empleados” de ese Poder, y pidió que se incluya en el debate a expertos, integrantes de la sociedad civil, autoridades electorales y a todos los partidos políticos.

Hizo un llamado a que el Poder Legislativo no renuncie a su obligación que es construir el marco normativo; “los legisladores no somos ni marionetas del Ejecutivo, ni nos vamos a doblegar a esos intereses. Por eso creemos que legisladores son quienes deben de legislar”.

Precisó que una reforma electoral debe contemplar eliminar el fraude constitucional de la sobrerrepresentación y que realmente exista una democracia libre de crimen organizado.

Consultado sobre el caso de la remoción de Arturo Serrano Meneses, titular del Órgano Interno de Control (OIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), Lixa Abimerhi informó que envió un oficio al contralor de la Cámara de Diputados solicitando información sobre este asunto.

“Todo el asunto administrativo tiene que ser informado a la Cámara de Diputados, que es a quien le corresponde en su caso tomar cuenta sobre la remoción y, en su caso, una nueva designación”, explicó.

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Una más de panistas: La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) informó que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para solicitar que Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, comparezca ante las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de la Defensa Nacional, para que informe sobre los crímenes del grupo “La Barredora”.

“Ayer ya presenté el punto de acuerdo para exhortar al general Audomaro Martínez Zapata a comparecer en audiencia ante las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y de la Defensa Nacional en la Cámara de Diputados para que nos informe de los delitos atribuidos al grupo criminal ‘La Barredora’ y a su líder Hernán Bermúdez, ocurridos en Tabasco durante su gestión como director del Centro Nacional de Inteligencia.

“También estoy solicitando al Senado de la República y a la Cámara de Diputados instalar lo antes posible la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para fortalecer la supervisión en esta materia”, dijo en conferencia de prensa.

Recordó que, hace una semana presentó, un punto de acuerdo para convidar al senador López Hernández a solicitar licencia a su cargo y colaborar plenamente con las autoridades competentes en las investigaciones que se siguen en torno a “La Barredora”.

Asimismo, entregó a la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana el oficio donde solicita la comparecencia de Audomaro Martínez, “mismo que será entregado hoy a todos los integrantes de la Junta Directiva”.

En otro orden de ideas, cuestionada sobre las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde afirma que México hace “lo que él dice”, la diputada lamentó dichas afirmaciones y que “él esté marcando la agenda”.

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De salida les informamos que el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT, planteó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, para incluir el delito de corrupción inmobiliaria dentro del catálogo en los que el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva oficiosa, dada su gravedad.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, puntualiza que el propósito de usar el mecanismo de prisión preventiva oficiosa es que el responsable de este delito no eluda su responsabilidad por sus actos.

Explica que la corrupción inmobiliaria se manifiesta en la colusión entre servidores públicos y desarrolladores, cuando generan contextos propicios para la adjudicación directa de cambios de uso de suelo, compraventas ilegales de tierras ejidales, construcciones sin permisos y comercialización de inmuebles sin infraestructura correcta o dentro del marco de la ley.

Este fenómeno --señala-- prolifera la gentrificación, desplazamiento, encarecimiento de vivienda y desigualdad social, lo que no solo implica el desfalco por millones de pesos en contratos con inmobiliarias sino que ahora presentan problemas en el abastecimiento de los recursos.

En la Ciudad de México los conflictos que subyacen detrás de las denuncias de despojo con frecuencia son el resultado de muy diversas y diferentes problemáticas, desde disputas familiares por el patrimonio compartido hasta complejas transacciones realizadas por funcionarios y operadores jurídicos deshonestos.

Rugidos

¿Podrán?

En menos de 15 días, el país tendrá en funciones a los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes enfrenarán como primer desafío ganarse la credibilidad de los mexicanos, tras haber sido elegidos a través de un proceso por demás cuestionado.

No será tarea fácil, afirmar que están ahí por méritos propios, pues sus simpatizantes y opositores buscarán el primer escollo en sus resoluciones para recordarles que será mejor que renuncien.

Habré que darles el beneficio de la duda, pero sobre todo, observar el alcance de sus resoluciones y los efectos que estas tengan.

Habrá justicia o revancha? Esa es la gran pregunta de la cual pronto sabremos su respuesta.