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SELVA POLITICA

  • MIGUEL BARBA
  • hace 3 días
  • 7 Min. de lectura

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+Impulsan Reforma Para Escuelas Cuenten con Bebedores y Agua Potabe

+Buscan Prohibir Cirugías Estéticas a Personas Menores de 18 Años


La diputada Ana Isabel González González (PRI) impulsa una reforma a fin de que el suministro constante de agua potable, así como la disponibilidad de bebedores y sanitarios en buen estado, sea un requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier institución educativa.

La iniciativa, que adiciona un artículo 99 Bis a la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de Educación, señala en su exposición de motivos que la problemática del acceso al agua en las escuelas públicas es un reflejo de las desigualdades estructurales que enfrenta el sistema educativo en México.

Además, la falta de infraestructura adecuada para garantizar el suministro de agua potable no solo afecta la salud de las y los estudiantes, sino que también limita su capacidad para aprender y desarrollarse en un entorno seguro y saludable. 

Refiere que en México, el 58 por ciento de las escuelas no cuenta con un suministro regular de agua potable, lo que impide que las instituciones mantengan los estándares de higiene y saneamiento necesarios. En entidades como Oaxaca, Chiapas y Puebla, más del 30 por ciento de las escuelas rurales operan sin bebedores ni sanitarios que funcionen adecuadamente.

La diputada González González asegura que su propuesta no solo reconoce la importancia del agua como un elemento fundamental en el entorno escolar, sino que impone al Estado la responsabilidad de asegurar su provisión, mantenimiento y supervisión, con un enfoque que prioriza la equidad territorial, participación activa de la comunidad y la corresponsabilidad de las instituciones involucradas.

Asimismo, la iniciativa no solo reconoce la importancia del agua como un elemento fundamental en el entorno escolar, sino que impone al Estado la responsabilidad de asegurar su provisión, mantenimiento y supervisión, con un enfoque que prioriza la equidad territorial, participación activa de la comunidad y la corresponsabilidad de las instituciones involucradas.

Con lo anterior, la modificación busca transformar una falta histórica en una política pública que sea vinculante y efectiva, que no solo beneficiará a las y los estudiantes, sino que contribuirá a la creación de un ambiente educativo más justo y equitativo y se fomentará un espacio en donde todos los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente sin limitaciones impuestas por condiciones insalubres.

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En otro tema, para prohibir la realización de cirugías estéticas en personas menores de 18 años, salvo aquellas que tengan carácter reconstructivo derivado de malformaciones congénitas, accidentes, enfermedades o situaciones médicamente justificadas, la diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) impulsa una iniciativa.

Con la adición del artículo 272 Bis 7 a la Ley General de Salud, busca señalar que en todos los casos excepcionales deberá cumplirse los requisitos de dictamen favorable emitido por un comité médico especializado.

También, el consentimiento informado del padre y la madre o, en su caso, de quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda y custodia, y manifestación de voluntad de la persona menor de edad conforme a su grado de madurez.

Además, las autoridades sanitarias competentes deberán vigilar el estricto cumplimiento de esta disposición, y la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, emitirá los lineamientos y normas oficiales correspondientes.

En el documento, enviado a la Comisión de Salud, Ealy Díaz indica que las y los menores de edad enfrentan crecientes presiones sociales y culturales vinculadas a los estándares de belleza, que promueven la realización de procedimientos estéticos a edades cada vez más tempranas.

Relata que la industria de la cirugía plástica y estética se ha expandido sin que existan límites claros respecto de la atención a este sector de la población, lo que genera riesgos graves para la vida, la salud y la integridad personal.

Hace referencia al caso de una niña de 14 años fallecida en Durango, tras someterse a una cirugía estética, lo que visibiliza la urgente necesidad de contar con un marco normativo que proteja de manera efectiva a las y los menores de estas prácticas, pues la ausencia de una regulación expresa en la Ley General de Salud permite que clínicas, consultorios y profesionales de la salud realicen procedimientos invasivos sin que medien restricciones de edad ni protocolos específicos para salvaguardar el interés superior de la niñez.

La regulación de las cirugías estéticas en personas menores de edad --añade-- constituye un paso indispensable para garantizar el respeto al derecho a la salud, a la integridad y al desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia en México.

Resalta que la ausencia de una prohibición expresa ha permitido que intereses económicos y presiones sociales prevalezcan sobre la protección de quienes aún no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones de carácter irreversible.

Por ello, establecer una norma clara y homogénea a nivel nacional no representa una limitación arbitraria, sino una medida de justicia social y de protección de derechos humanos que atienda el principio del interés superior de la niñez y responda a la obligación constitucional e internacional del Estado mexicano de prevenir prácticas que pongan en riesgo la vida y el bienestar de este sector de la población, puntualiza.

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De salida les informamos que la diputada Ana Isabel González González (PRI) impulsa una reforma a fin de que el suministro constante de agua potable, así como la disponibilidad de bebedores y sanitarios en buen estado, sea un requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier institución educativa.

La iniciativa, que adiciona un artículo 99 Bis a la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de Educación, señala en su exposición de motivos que la problemática del acceso al agua en las escuelas públicas es un reflejo de las desigualdades estructurales que enfrenta el sistema educativo en México.

Además, la falta de infraestructura adecuada para garantizar el suministro de agua potable no solo afecta la salud de las y los estudiantes, sino que también limita su capacidad para aprender y desarrollarse en un entorno seguro y saludable. 

Refiere que en México, el 58 por ciento de las escuelas no cuenta con un suministro regular de agua potable, lo que impide que las instituciones mantengan los estándares de higiene y saneamiento necesarios. En entidades como Oaxaca, Chiapas y Puebla, más del 30 por ciento de las escuelas rurales operan sin bebedores ni sanitarios que funcionen adecuadamente.

La diputada González González asegura que su propuesta no solo reconoce la importancia del agua como un elemento fundamental en el entorno escolar, sino que impone al Estado la responsabilidad de asegurar su provisión, mantenimiento y supervisión, con un enfoque que prioriza la equidad territorial, participación activa de la comunidad y la corresponsabilidad de las instituciones involucradas.

Asimismo, la iniciativa no solo reconoce la importancia del agua como un elemento fundamental en el entorno escolar, sino que impone al Estado la responsabilidad de asegurar su provisión, mantenimiento y supervisión, con un enfoque que prioriza la equidad territorial, participación activa de la comunidad y la corresponsabilidad de las instituciones involucradas.

Con lo anterior, la modificación busca transformar una falta histórica en una política pública que sea vinculante y efectiva, que no solo beneficiará a las y los estudiantes, sino que contribuirá a la creación de un ambiente educativo más justo y equitativo y se fomentará un espacio en donde todos los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente sin limitaciones impuestas por condiciones insalubres.

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La diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) propuso reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar derechos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas en prisión, en materia de salud, maternidad y lactancia dignas, acceso a productos de gestión menstrual, y la protección al interés superior de la niñez.

La iniciativa, signada también por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (MC) y remitida a la Comisión de Justicia, precisa que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar espacios adecuados para el esparcimiento, recreación y actividades lúdicas de las y los niños menores de tres años que viven con sus madres en prisión, para favorecer su desarrollo físico, emocional y social.

Además, a fin de garantizar el interés superior de la niñez, estipula que tendrán personal especializado que dé acompañamiento educativo, estimulación temprana, apoyo emocional, seguimiento a su desarrollo integral y evaluaciones periódicas del desarrollo infantil físico, psicológico y nutricional. 

También se fortalece el derecho de las madres a conservar la guardia y custodia de sus hijas o hijos menores de tres años para que permanezcan con ellas, siempre que no contravenga el interés superior del menor.

Plantea que los centros penitenciarios tengan espacios dignos, adecuados y diseñados específicamente para la lactancia materna, separados de la población general, a fin de asegurar el desarrollo de los primeros meses de la hija o hijo de la mujer privada de la libertad.

Añade que cuando estas y estos menores alcancen la edad máxima para la estancia en el centro penitenciario, la separación deberá realizarse de manera progresiva y sensible, bajo la supervisión de personal especializado. Se realizará un dictamen psicológico que respalde la gradualidad del proceso y propicie el mantenimiento del vínculo emocional madre-hijo durante la transición.

Con ello se pretende garantizar que la transición respete el interés superior de la niñez y que en todo momento el menor esté acompañado de personal capacitado para llevar a cabo este proceso sin vulnerar sus derechos.

Rugidos

Ahí Viene el Tren

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum supervisó ayer domingo la etapa final del Tren de Pasajeros, El Insurgente, el cual correraá de la Ciudad de México a Toluca, capital del estado de México.

Tras su recorrido la mandataria confirmó que en enero del 2026, ese Tren de Pasajeros brindará servicio de terminal a terminal, lo que sin duda ayudará a millones de personas en su traslado diario entre la capital del país y el importante Estado  de México.

Con esta y las obras de las líneas de trenes de pasajeros que se construyen en nuestro país, es una realidad este servicio de transporte, el cual había desaparecido en nuestro país hace 30 años.

Al tiempo de atender y responder a una demanda vital como lo es el transporte público, el gremio de los trabajadores ferrocarrileros en México no sólo ha sido valorado, sino además revalorado y recompensado con importantes derechos laborales, además de salarios cada vez mejor pagados.

De acuerdo a trabajadores ferrocarrileros, el orgullo de pertenecer a este gremio cobra mayor relevancia por la gran defensa de los derechos laborales que lleva a cabo el STFRM, sindicato que preside Don Víctor Flores Morales.

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