Selva Politica

MIGUEL BARBA
hace 2 días
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+Proponen Sancionar a Quienes a Través de Redes Sociales, Abusen de Menores

+Revertirán Diputados la Situación Precaria Laboral de Médicos Residentes del País

La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) propone reformar el artículo 261 del Código Penal Federal para aumentar en una mitad más en su mínimo y máximo la pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa a quien contacte a menores de edad a través de redes sociales o medios digitales, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos para engañar y cometer el delito de abuso sexual.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, resalta que actualmente el Código Penal contempla sanciones por el abuso sexual infantil; sin embargo, no siempre considera como agravante el hecho de que el contacto y la manipulación se hayan originado en plataformas digitales, lo cual deja fuera de consideración elementos de alto riesgo y planificación por parte del agresor.

Expone que en los últimos años el rápido avance de las redes sociales y medios de comunicación ha transformado profundamente la manera en que las personas se relacionan, pero esta transformación también ha sido aprovechada por personas con intenciones delictivas, particularmente en la comisión de delitos sexuales contra menores de edad.

El uso de redes sociales para engañar, seducir y obtener la confianza de menores demuestra una conducta especialmente dolosa y premeditada que debe tener una respuesta jurídica proporcional, subraya.

Advierte que el contacto a través de redes sociales permite al agresor ocultar su identidad, fingir ser un menor de edad o manipular emocionalmente a la víctima con mayor eficacia para acercarse a ella, generar lazos de confianza, pedirle información personal y finalmente manipularla para cometer el delito.

Las niñas, niños y adolescentes tienen poca capacidad para identificar situaciones de riesgo en entornos digitales. La desigualdad de edad, conocimientos e inteligencia socioemocional que existe entre el agresor y la víctima aumenta significativamente la afección psicosocial del menor hacia su agresor, menciona

Refiere que el fenómeno conocido como grooming, consiste en el acercamiento y manipulación psicológica de niñas, niños y adolescentes a través de medios digitales para posteriormente cometer actos de abuso sexual; representa una de las amenazas más graves y actuales para la niñez y la adolescencia.

La diputada Zavala Gómez del Campo considera que incorporar como agravante el contacto inicial con la víctima efectuado por medio de redes sociales u otros medios digitales, permitirá que las penas impuestas reflejen de forma más adecuada la gravedad de la conducta y una respuesta firme y ejemplar por parte del Estado mexicano.

También, estima que establecer esta agravante no solo permitirá una sanción más justa, sino que enviará un mensaje claro sobre la gravedad de este tipo de conductas y su rechazo social, con lo que se contribuirá a prevenir estos delitos.

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Por otra parte, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, advirtió sobre la precariedad laboral, falta de salarios dignos y prestaciones legales para las y los médicos residentes del país, por lo que el Poder Legislativo debe impulsar reformas al respecto.

“La situación de las y los médicos residentes en México es que sufren de violencia sistemática y multidimensional. Existe un patrón generalizado de acoso laboral y sexual, hostigamiento, maltrato psicológico, discriminación, abuso de poder por parte de profesores y autoridades hospitalarias”, sostuvo el legislador durante el Foro Nacional Dignidad y Derechos Humanos de Médicas y Médicos Residentes: Un paradigma restaurativo”, que se realizó en la Cámara de Diputados.

Sostuvo que hay falta de descansos adecuados y altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y riesgo de suicidio, aunado a la falta de mecanismos de protección y ausencia de protocolos efectivos para denunciar, investigar y sancionar actos de violencia o injusticia dentro de las instituciones formadoras.

Por ello, se requiere “supervisar y actualizar los planes de estudio y las condiciones en las unidades médicas. Establecer observatorios para monitorear el cumplimiento de normas y derechos. Evitar evaluaciones subjetivas y establecer criterios claros y objetivos”.

Del mismo modo, “armonizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud para garantizar jornadas máximas, descansos y salarios dignos. Crear una ley de formación médica que regule el internado de pregrado, servicio social y las residencias médicas”.

La diputada Margarita García García (PT), integrante de la Comisión de Salud, expresó su preocupación por las condiciones de los médicos residentes. “No quisiéramos llegar al caso en el que llegamos hace unos días, que Luis Abram en Monterrey se quitó la vida por ese tema de no poder platicar y de no descargar este tema en el que nos encuentra”.

Exhortó a las autoridades del sector salud a recorrer los hospitales y mantener un contacto directo con el personal médico, a fin de evitar que los residentes sean sobrecargados con tareas que no les corresponden.

En su participación, la médica Laura Cortés Anabria, secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud y directora general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, presentó un diagnóstico sobre los ambientes académicos en las residencias médicas.

Detalló que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) ha identificado siete líneas estratégicas para garantizar entornos saludables, entre las que destacan el reconocimiento institucional del bienestar, la inclusión del bienestar en las políticas de calidad, la creación de mecanismos de apoyo psicológico y la implementación de canales seguros para denunciar casos de violencia o acoso.

Dijo que se realizó una encuesta a 60 mil 443 residentes, de la cual sólo el siete por ciento respondió. Los resultados revelaron que el 66 por ciento ha sufrido violencia psicoemocional; el 58, académica; el 15, económica; el 10, sexual; y el nueve por ciento físicas.

Además, el 21 por ciento de los encuestados informó que los ambientes académicos no saludables son motivo de insatisfacción o renuncia en las instituciones educativas.

Destacó que se trabaja en la creación de la Estrategia Nacional de Ambientes Académicos Saludables, con el objetivo de reducir en 30 por ciento los reportes de violencia en los entornos de formación, asegurar que todas las instituciones cuenten con protocolos activos y oficinas de dignidad humana para 2030, y garantizar el cumplimiento de las normas sobre horarios de descanso y condiciones laborales.

Al hacer uso de la voz, Jesús Reina Figueroa, jefe del Servicio Nacional de Enseñanza e Investigación del ISSSTE, expuso las acciones emprendidas por la institución para mejorar las condiciones de los médicos residentes.

Indicó que al inicio de la actual administración se detectaron prácticas inadecuadas y desorganización en los programas de enseñanza, lo que motivó la implementación de medidas para homologar procesos, profesionalizar a los docentes y fortalecer los comités de enseñanza e investigación.

“Las herencias culturales son fuerzas poderosas, persisten, aunque las condiciones socioeconómicas y demográficas que las engendraron desaparezcan”.

Además, los ambientes académicos inadecuados son una realidad generalizada, por ello es necesario transformar la cultura institucional para erradicar el abuso y garantizar una formación médica digna, apuntó.

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De salida les informamos que durante el foro “Avances y retos en la atención de la enfermedad vascular cerebral”, especialistas urgieron a fortalecer la prevención, la detección oportuna y atención integral del infarto cerebral, una de las principales causas de muerte y discapacidad en México.

Al inaugurar el evento, promovido por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) en el marco del el Día Mundial del Ictus, que se conmemora el 29 de octubre de cada año, Juan Carlos Castillo Torres, de CG&A Legal y Asuntos Públicos, externó un mensaje de respaldo al trabajo interinstitucional que busca consolidar una red nacional de atención para pacientes con enfermedad vascular cerebral.

Reconoció la suma de esfuerzos entre el Poder Legislativo, la sociedad civil, los profesionales de la salud y las instituciones públicas del sector para avanzar en la prevención de este padecimiento.

Dulce María Bonifacio, en representación del subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar, Ramiro López Elizalde, presentó los avances de la estrategia nacional de atención al Ictus, basada en la creación de redes hospitalarias coordinadas que permitan actuar dentro de la llamada “hora dorada”.

Explicó que actualmente existen 292 centros capaces de aplicar trombólisis endovenosa y 35 que pueden realizar trombectomía mecánica. “El 85 por ciento de las personas mayores de 40 años vive a menos de una hora de un centro esencial, lo que permite el acceso a la fibrinólisis oportuna”.

Añadió que el reto es lograr la homologación de los protocolos en todas las instituciones y la capacitación continua del personal médico, de enfermería y de emergencias.

“La atención oportuna del infarto cerebral durante la hora dorada es determinante para salvar vidas y reducir la discapacidad, pero esto sólo será posible mediante la colaboración sostenida entre IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Sedena y Semar”, señaló.

Rugidos