Selva Política

MIGUEL BARBA

*Buscan Diputadas Frenar el Acoso Sexual Hacia las Mujeres en el Ambito Laboral

*Piden Modificar Ley Nacional de Ejecución Penal Para Personas con Discapacidad

La diputada Karen Michel González Márquez (PAN) impulsa una iniciativa para reformar las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, con el objetivo de erradicar el acoso sexual hacia las mujeres en el ámbito laboral.

La propuesta plantea modificar el inciso b) del artículo 3º Bis, la fracción XXXI al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para establecer que “el acoso sexual será sancionado administrativamente, independientemente de las sanciones penales procedentes. Los procedimientos administrativos para sancionar el acoso sexual serán ágiles, claros y precisos”.

Además, que los protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, deberán incluir procedimientos ágiles, claros y precisos para sancionar las conductas.

Asimismo, que es obligación de los patrones otorgar las facilidades conducentes para realizar las diligencias correspondientes a los trabajadores que denuncien ante las autoridades competentes.

También se busca adicionar la fracción I Bis al artículo 43 y la fracción I Bis al artículo 44 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 constitucional, para que sea obligación de los trabajadores y titulares de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de las Instituciones, abstenerse de expresar o realizar conductas de naturaleza sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo.

Señala que en caso de que dichas conductas se realicen y de que el trabajador presente la denuncia correspondiente, los titulares facilitarán al trabajador la realización de las diligencias correspondientes.

El documento, turnado a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, para dictamen y a la de Igualdad de Género, para opinión, indica, en los considerandos, que el acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras; constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y es una situación laboral inaceptable.

Añade que es una forma de violencia en la que, puede o no, existir subordinación laboral; ocurre un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Detalla que el acoso sexual puede presentarse de distintas maneras: como chantaje, cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral, aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo para que acceda a comportamientos de connotación sexual; y como ambiente laboral hostil en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de la víctima.

Los comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser de naturaleza física como violencia, tocamientos o acercamientos innecesarios; verbal con comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual o llamadas de teléfono ofensivas, y no verbal con silbidos, gestos de connotación sexual y presentación de objetos pornográficos.

Por ello, señala, el acoso sexual debe erradicarse porque es una forma de violencia contra las mujeres y sus efectos perniciosos trascienden el mundo laboral, y se debe legislar para crear las mejores condiciones para que la mujer desarrolle todo su potencial en el mundo laboral.

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En otro tema, el diputado Pedro David Ortega Fonseca (Morena) propuso modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal para que las personas con discapacidad privadas de la libertad puedan ejercer plenamente sus derechos de manera efectiva.

A través de un comunicado, el legislador expresó que se trata de adicionar el artículo 35 Bis a este marco jurídico para establecer que la autoridad penitenciaria debe adoptar las medidas necesarias en favor de los derechos de este sector recluido en los penales.

Señaló que se busca que la ubicación y las instalaciones destinadas a las personas con discapacidad cuenten con elementos de accesibilidad, identificando y eliminando los obstáculos y barreras de acceso.

También se pretende establecer los mecanismos necesarios para que puedan acceder a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, que facilite su formación y desarrollo académico.

Además, se deberá promover un entorno favorable en materia de salud, bienestar y autonomía, a fin de prevenir casos de explotación, violencia y abuso; así como generar las oportunidades de empleo y laborales en condiciones justas, seguras, saludables y asequibles, que permitan su desarrollo pleno.

El parlamentario afirmó que “el contexto en el que se desenvuelven las personas con discapacidad privadas de su libertad es altamente vulnerable y están propensas a sufrir formas agraviadas e inespecíficas de discriminación”.

Informó que, de acuerdo con la Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad se magnifican en la presión, dada la naturaleza y el entorno de la reclusión, restricción y la violencia resultante de la sobrepoblación y la falta de una correcta diferenciación y supervisión del preso, entre muchas más.

Señaló que, en México, según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a finales de 2021 había 219 mil a 27 personas recluidas en todos los centros penitenciarios del país, con un total de 9 mil 461 personas con discapacidad.

Aseveró que de cada 10 cárceles estatales y federales solo tres tienen espacios adaptados, lo que evidencia el rezago existente en el sistema penitenciario mexicano en la atención a las personas con discapacidad.

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De salida les informamos que la diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) refrendó su trabajo social con grupos vulnerables en Yucatán, durante los dos años que le restan a la LXV Legislatura.

“No tengo el privilegio de haber nacido en Yucatán, pero eso no me hace menos yucateca”, sostuvo en un comunicado.

Informó que ha visitado 70 de los 106 municipios del estado y llevado más de 40 jornadas médicas gratuitas a las comunidades.

Anunció que "en esta tarea de legislar y servir a la gente, si es necesario abandonar al grupo mexicano de música pop de Kabah, lo haré sin problema, porque estoy dispuesta a hacer la diferencia en política”.

Rugidos

Necesaria Explicación

La denuncia relacionada sobre la caducidad de 5 millones de vacunas anticovid y casi un millón más extraviadas, comenzó a convertirse en un agravio para la sociedad mexicana, la cual exigirá de un momento a otro se señale a los responsables de grave irresponsabilidad.

Las primeras voces sobre esta muy probable negligencia oficial, han comenzado a escucharse, las cuales demandan ya un informe completo sobre esta falla y una explicación puntual de quién o quiénes son los responsables de esta situación.

Ante el silencio de las autoridades de salud federal, será necesario iniciar una serie de movilizaciones a nivel nacional para llamar a cuentas desde el Poder Legislativo, Instancias Judiciales y a través de las organizaciones sociales a los responsables de esta situación.

Las primeras voces que exigen el esclarecimiento de los hechos, aseguran que los responsables de esta situación podrían haber engañado incluso al Presidente Andrés López Obrador, quien desde el inicio de la pandemia y el arribo de las primeras vacunas anticovid, ha exigido total transparencia en el manejo de las mismas.