Selva Política

*Llaman Diputadas a la SEP, Difundir Campaña Contra Consumo de Clonazepam

*Que se Evalúe la Viabilidad Técnica Para que el AIFA, Reciba Carga Aérea

La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) presentó un exhorto para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y sus homólogas en las 32 entidades federativas instrumenten campañas de difusión para concientizar sobre los riesgos que produce a la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes “el reto del clonazepam”, que se ha vuelto viral en las redes sociales.

En un comunicado, consideró que es urgente que las autoridades educativas tomen precauciones sobre estos retos virales que ponen en peligro a este sector de la población e informen también a los familiares sobre las consecuencias que implica el seguir este tipo de desafíos.

Expuso que “el reto del clonazepam”, conocido entre las niñas, niños y adolescentes, consiste en consumir dicho medicamento y grabar sus efectos con un grupo de amigos hasta que estos duerman, y quien sea el último en dormir es quien gana.

Indicó que esta prueba la realizan principalmente los adolescentes, sin conocimiento de que este medicamento se receta a adultos y niños que tienen convulsiones, ansiedad, ataques de pánico o problemas de sueño, cuyos efectos secundarios son mareos, problemas de respiración, visión borrosa, somnolencia extrema, entre otros, además de que su consumo puede ocasionar adicción.

La diputada argumentó que el mundo del internet funciona como un medio educativo y de entretenimiento, pero existe una larga lista de riesgos que los menores de edad pueden correr al navegar, por lo cual se ha insistido que es necesaria la supervisión.

Herrera Anzaldo recalcó que se deben tomar medidas a la brevedad posible, luego de que ya se han contabilizado al menos 15 estudiantes de secundaria, cinco de la Ciudad de México, tres de Nuevo León y 7 en Veracruz, intoxicados por consumir dicho medicamento.

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En otro tema, ayer el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el nuevo decreto que prohíbe el transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es un intento desmesurado y desesperado para intentar “dar vida” al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Por ello, el PAN buscará escuchar la voz de los expertos para evaluar la viabilidad técnica y logística de decisiones de esta magnitud.

“Este sexenio se está caracterizando por ser el sexenio de los decretazos sin que la voz de los expertos y profesionales sea tomada en cuenta. No obstante, en Acción Nacional continuaremos, acorde a nuestra tradición democrática, proponiendo apertura y diálogo para no afectar el desempeño de todo cuanto pudiera verse perjudicado”, sostuvo en un comunicado.

Lamentó que esta medida, más allá de beneficiar a quienes hacen uso del traslado de mercancías por vía aérea, “no deja de otra” más que acoplarse al capricho del Presidente para dar vuelo al AIFA.

Situación que puede ser causante de un incremento de costos que, al final, deberá ser absorbido por quienes utilizan estos servicios, por lo que propuso foros de discusión para lograr consenso entre las partes involucradas, sin poner en riesgo su desempeño.

“Como el aeropuerto de Santa Lucía no despega, este nuevo decreto que busca prohibir el transporte de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no deja de otra más que acatar el capricho presidencial.
"Lo grave aquí es que, al no contar con ninguna consulta u opinión técnica, esta medida puede causar incrementos en los costos de quienes usan estos servicios o entorpecer las distintas etapas que forman parte de este proceso”, apuntó.

Romero Herrera mencionó que el Presidente, en vez de preocuparse por atender los problemas que sí afectan al país, está más preocupado por satisfacer sus propios intereses, alejado de la realidad que enfrentan millones de mexicanas y mexicanos.

Reiteró que el Grupo Parlamentario del PAN sigue y seguirá defendiendo las causas que preocupan a las familias mexicanas, tal como lo ha hecho desde que inició la Legislatura y no descansará para seguir poniendo un alto a las ambiciones autoritarias del oficialismo.

“La gente ya despertó y exigió con su voto poner un alto a la destrucción de nuestro país. Por ello, las y los mexicanos cuentan y siempre han contado con las mujeres y los hombres de Acción Nacional para defender las causas que sí importan, como lo son la economía familiar, la defensa de nuestra democracia y nuestra libertad”.

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De salida les informamos que el diputado José Antonio Gutiérrez Jardón (PRI) presentó una reforma a la Ley General de Salud y del Código Nacional de Procedimientos Penales para que un delincuente que se dedica al narcomenudeo, después de su vinculación a proceso, no tenga tan fácil solicitar la suspensión condicional, la cual les permite salir de prisión antes de tiempo para volver a delinquir.

En un comunicado, advirtió que, desafortunadamente, los resultados de la estrategia del Gobierno Federal para mitigar los niveles de violencia en el país han sido insuficientes, ya que México vive una de las peores crisis de su historia en materia de seguridad pública, relacionada con el narcotráfico.

“Esta crisis está directamente relacionada con el fortalecimiento del crimen organizado en el país ligado al narcotráfico, las divisiones al interior de los principales cárteles de tráfico de drogas y la diversificación de los mismos. Todo esto ha desembocado en una lucha sangrienta por el control de plazas clave para las rutas del tráfico”, reflexionó.

Por ello, el legislador propuso reformar la Ley General de Salud para ampliar el tiempo de prisión al que posea algún narcótico de los señalados en la Ley y se acredite el ilícito si se aseguran objetos o instrumentos que sirven para la comisión de este hecho delictivo, imponer de cuatro a siete años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa por este delito.

La reforma y adición al artículo 476 de la Ley General de Salud establece que se entenderá acreditado este hecho, la posesión de comercio con fines de venta o suministro, aun gratuitamente, con la forma de presentación del narcótico en diversas dosis, como también se puede acreditar con el aseguramiento de objetos o instrumentos que sirven para la comisión de este hecho, como lo son básculas grameras, numerario, bolsas para dosificar, narcótico, entre otros que permitan la ejecución de este hecho.

En tanto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, propone reformas a los artículos 192 y 198 para que quede prohibida cualquier disposición en contrario por parte de la federación o entidades federativas, en donde se autorice un beneficio equivalente al de la suspensión condicional a proceso cuando exista un registro o antecedente en la temporalidad establecida en esta fracción.

Ello, explicó, porque los narcomenudistas detenidos, constantemente en todo el territorio nacional, capturados por las autoridades, inician su vinculación a proceso y salen libres después de cierto tiempo, para volver a delinquir, casi siempre, en venta de narcóticos, porque se refugian en la figura de suspensión condicional a proceso.

Rugidos

No más Prebendas

En la recta final de su administración, el presidente Andrés López Obrador dejó en claro que no habrá diálogo con la oposición, con los conservadores y mucho menos con las organizaciones de la sociedad civil, al señalar que esta demanda y exigencia solo busca el retorno de las prebendas que su gobierno lucha por terminar con ellas.

Con ello, la división de poderes en México, está más que establecida y adelanta que en el tiempo que le resta a este gobierno, el primera mandatario seguirá impulsando lo que él llama la transformación de la vida pública en el país.

La firme posición de López Obrador adelanta también lo que está por venir. No habrá negociación política que valga. Todo será o deberá ser apegado a las leyes establecidas y derivadas de la Constitución General de la República.

Por ello cobrará una mayor peso específico el voto ciudadano. El voto que permitirá determinar quién gana y pierde elecciones y quien o cuál partido tenga la mayoría en el Congreso de la Unión.