Selva Política

*Proponen Diputados que el Gobierno Federal Contrate Sociedades Cooperativas

*Urge Actualizar las Reglas Sobre Inspección Ambiental; la Flagrancia, Neccesaria

El diputado Mario Alberto Torres Escudero (Morena) presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar a las entidades federativas y dependencias del Gobierno Federal a que incluyan y contraten a sociedades cooperativas dentro de sus áreas administrativas, a fin de contribuir a la economía social.

“Resulta esencial el fomento de la solidaridad, confianza y participación de la sociedad dentro del sector económico, a través de una integración productiva que contribuya en beneficio social directo”, explicó el legislador en un comunicado.

Señaló que el artículo 25 constitucional establece que el Estado debe garantizar un desarrollo integral y sustentable; y que la competitividad refiere al conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Agregó que en México se estima que existen más de 5 mil sociedades cooperativas de producción y consumo, el mayor porcentaje de éstas se dedica a las actividades primarias, destacándose las pesqueras.

Torres Escudero expuso que la inclusión de todos los sectores productivos a nivel nacional “representa una oportunidad sin igual a la comunidad migrante que busca tener participación en el desarrollo de nuestras localidades, en el mejoramiento de los estados y al desarrollo del país.

"Deseamos proponer la inclusión de nuestros migrantes para que, a través de la flexibilidad de nuestras leyes actuales, las personas en el extranjero puedan formar cooperativas binacionales que buscarán establecer la participación de los connacionales y, de esta manera, generar una oportunidad para la comunidad en retorno”.

El diputado aseguró que “ante los retos existentes, es prioritario lograr un mayor acercamiento con la comunidad residente en el extranjero, a través de la visualización de retos y oportunidades para lograr exponer la importancia de cada migrante para el gobierno mexicano”.

Con este punto de acuerdo también llamó a los gobiernos locales a lograr la transición al desarrollo económico y social sostenible, porque “la inclusión de las cooperativas en la administración local conlleva una estructuración de las concesiones que muchas veces representa una limitante para los sectores sociales, al no estar constituidos como empresas productoras y distribuidoras; esta apertura permitirá la colaboración popular dentro del sector estatal”.

Añadió que la propuesta se planteará en diversos foros: el primero tendrá lugar en el estado de Veracruz, posteriormente en el estado de Tamaulipas y el estado de Quintana Roo, “buscando abordar una legislación que permita primeramente la inclusión de los migrantes y posteriormente otorgue beneficios de desarrollo social para las comunidades".

Torres Escudero planteó que las cooperativas no sólo deben contemplarse en los marcos legales sino que deben incluirse en las acciones gubernamentales, dando un mensaje claro de la reconstrucción social y la importancia de una reactivación económica a partir de la misma ciudadanía.

En otro tema, la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez (PVEM) planteó modificar los artículos 3, 162 y 164 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el objetivo de actualizar las reglas del procedimiento e inspección ambiental reconociendo la figura de flagrancia.

Estas modificaciones permitirían a los inspectores actuar en el momento de un hecho delictivo, ya que actualmente el procedimiento administrativo establece que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), para realizar una investigación, debe contar con una autorización legal, por lo que si se sorprende en flagrancia a una persona, pero se carecen de la orden por escrito, no se puede actuar legalmente frente al delito.

En un comunicado, la diputada explicó que la ley determina como "flagrancia" las acciones en que los presuntos infractores sean sorprendidos en ejecución de hechos contrarios al marco legal, o cuando después de realizados sean perseguidos materialmente o alguien los señale como responsables de su comisión, siempre que se encuentren en posesión de los objetos o productos materia de la infracción.

Con la reforma, agregó, los inspectores podrían actuar de manera oportuna cuando detecten la posible ejecución de un delito.

Se les daría la facultad de levantar actas circunstanciadas en materia de flagrancia.

Además, se determinaría que en un término de 180 días la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales debe adecuar las disposiciones reglamentarias, del mismo modo los Congresos estatales hacer los cambios legislativos pertinentes.

De salida les informamos que con el propósito de mejorar y brindar certeza en los procesos de extradición de alguna persona, el diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) propuso una serie de excepciones que pongan como prioridad salvaguardar los derechos humanos dentro de la Ley de Extradición Internacional.

Explicó que la extradición es el acto mediante el cual un Estado hace entrega de una persona refugiada en su territorio a otro país que la reclama, por estar inculpada, procesada o convicta por la comisión de un delito del orden común, a fin de que sea sometida a juicio o recluida para cumplir con la pena impuesta.

No obstante, García Hernández precisó que en la forma en la cual se ha desarrollado la normatividad en materia de extradición no se ha considerado la protección a los derechos humanos.

 “Es pertinente hacer una revisión de las normas de extradición, a la luz de los compromisos de México en el ámbito internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pues nuestra nación tiene un compromiso de protección en este ámbito”, aclaró en un comunicado.

Ante ello, planteó adicionar diversas causas para negar la extradición; por ejemplo, cuando la persona reclamada sea menor de 18 años, inimputable o declarada en estado de interdicción; cuando se encuentre en proceso o vaya a ser juzgada por el mismo delito por el que se reclama; así como en los casos en los que la pena no se ajuste al principio de proporcionalidad.

De igual forma, dijo, se busca que la extradición sea rechazada en caso de que la persona extraditable padezca enfermedades, terminales, incurables o crónico degenerativas.

“La protección a la salud no puede restringirse y mucho menos escapar en cuanto a su observancia y aplicación de las personas extraditables, por lo cual resulta una obligación de ser revisable bajo un escrutinio constitucional la protección de este derecho”, aseveró.

“Las tendencias actuales en materia de extradición contrastan con la estrecha cooperación entre Estados para que, además de ampliar el alcance de la extradición, se establezca la importancia de salvaguardar los derechos humanos”, finalizó el petista.

Rugidos

Lucha por el Poder

Con el resultado de las elecciones para gobernador del estado de México y Coahuila, inicia de manera formal la lucha por la candidatura a la Presidencia de la República no solo dentro de MORENA, sino en el resto de los partidos opositores al actual gobierno federal.

La contienda por la candidatura se antoja difícil, complicada y riesgosa no solo para el partido en el poder, sino en los institutos políticos que conforman la alianza Va por México –PRI, PAN y PRD- quienes han invitado a Movimiento Ciudadano a sumarse a ellos en esta contienda.

Ayer mismo la dirigencia de MC, reiteró que no participará en la alianza Va por México y, que en el mejor de los casos irá sólo en busca de la Presidencia de la República.

Con el inicio de los primeros acuerdos sobre el método de selección de sus candidatos a la Presidencia de la República, todos los partidos políticos enfrentarán el primer gran desafío que será mantener la unidad y evitar la fractura que los pueda colocar en desventaja ante sus adversarios, durante la campaña formal por la Primera Magistratura.

Veremos qué tan cohesionados están los partidos y las alianzas, pues un caso claro fue lo que vivió MORENA con el PVEM y PT en Coahuila, situación que los llevó a perder la gubernatura en disputa de ese estado.