Selva Política

*Propone MORENA Cárcel a Empresarios que no den Seguro Social a Trabajadores

*Ya es Ley: Tendrán Seguridad Social Todas las Personas Trabajadoras del Campo

El diputado Pedro David Ortega Fonseca (Morena) presentó una iniciativa para elevar la sanción de seis meses a tres años de prisión a quienes no realicen la inscripción de las personas trabajadoras ante el IMSS en los plazos establecidos por la ley.

Asimismo, a quienes incumplan de manera arbitraria con esta obligación y de manera paralela se presente un accidente laboral o enfermedad por parte de las y los trabajadores.

En conferencia de prensa, Ortega Fonseca señaló que el objetivo es fortalecer la protección y preservación de la vida de toda persona trabajadora referente a riesgos de trabajo.

Refirió que el artículo 123 de la Constitución Política plantea la protección sobre la ocurrencia de un riesgo de trabajo y señala que los empresarios, empresas o patrones serán responsables de las accidentes o enfermedades sufridos por los trabajadores con motivo al ejercicio o ejecución del trabajo.

De esta manera, se genera el derecho a pago por concepto de indemnización o, en su caso, de una pensión, de acuerdo con el dictamen del estado de salud del trabajador.

"En caso de que al trabajador le ocurra un riesgo de trabajo, ya sea por una enfermedad, un accidente o le haya ocasionado incapacidad temporal, permanente o, lamentablemente, la pérdida de vida, entonces le corresponderá la indemnización o una pensión", agregó.

En consecuencia, subrayó, es sumamente importante que el patrón la empresa, cumpla con su obligación que dicta el artículo 12 de la Ley del Seguro Social respecto a la inscripción del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al régimen obligatorio, a fin de que cuente con los diversos seguros que brinda dicho instituto.

El diputado de Morena refirió que en el 2022 la Secretaría del Trabajo y Prevención Social registró que a nivel nacional hubo 565 mil 473 casos de riesgo de trabajo, de los cuales el 13.91 por ciento fueron por enfermedades del trabajo, el 23. 6 por accidentes en el trayecto al mismo, el 62 por ciento por accidente en el trabajo y contabilizó la defunción de 922 personas por accidente laboral.

"Ante dicha realidad laboral, esta red jurídica aludida debe de tener como objetivo proteger y mantener la salud del trabajador, dado que la secuela de este estado de salud a causa de una actividad laboral puede perjudicar el retorno laboral o estar sin la posibilidad de ser contratado por algún otro patrón o alguna empresa".

Sostuvo que, frente a este contexto, la persona trabajadora debe hacer efectivos los mecanismos jurídicos para validar su derecho a la pensión o indemnización correspondiente, asumiendo los gastos médicos para el tratamiento de su estado de salud y las corrientes para su sobrevivencia y la de su familia.

Esto, abundó, en tanto se resuelve el cumplimiento de sus derechos sociales por medio de una resolución en un procedimiento administrativo o, en su caso, una sentencia judicial que puede ser ya sea a favor o en contra del mismo, dejándolo en un estado totalmente de indefensión a causa de una absoluta irresponsabilidad del patrón o de una empresa.

Por otra parte, las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social aprobaron el dictamen a la minuta que reforma las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, para establecer que todas las personas trabajadoras del campo, cualquiera que sea la modalidad de contratación, tienen derecho a acceder a la seguridad social.

El documento fue avalado por 21 votos de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que preside la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), y 18 votos de la Comisión de Seguridad Social, que encabeza el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Morena).

Define como personas trabajadoras del campo a las personas físicas que realizan labores dirigidas a la obtención de alimentos o productos primarios a través de la realización de diversas tareas agrícolas, hortícolas, ganaderas, forestales, acuícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes, siempre que éstas no sean sometidas a algún tipo de proceso industrial y en tanto se desarrollen en ámbitos rurales.

Precisa que persona trabajadora del campo es aquella contratada por tiempo indeterminado, o la prestación de sus servicios es de forma continua.

Asimismo, es aquella persona que es contratada por obra, tiempo determinado o por temporada, conforme a la naturaleza o necesidades propias de las actividades. Este esquema de trabajo comprende las personas trabajadoras del campo denominados estacionales, eventuales, jornaleras y jornaleros migrantes.

En las consideraciones, el dictamen señala que brindar seguridad social a los trabajadores informales del campo es crucial.

Destaca que la naturaleza informal, temporal y estacional del trabajo en la agricultura es un desafío significativo que afecta a las personas trabajadoras del campo; esta realidad plantea varias preocupaciones que deben abordarse desde una perspectiva laboral y social, ya que a menudo dejan a los trabajadores agrícolas desprotegidos y son más susceptibles a la explotación laboral y a recibir salarios bajos, en términos de derechos laborales.

Añade que los trabajadores del campo en modalidades temporales, pueden enfrentar riesgos laborales y ambientales significativos, sin las protecciones necesarias para salvaguardar la salud y la seguridad. La falta de contratos formales y estabilidad laboral puede traducirse en la ausencia de derechos sociales fundamentales, como la seguridad social y acceso a servicios de salud y educación.

Ambas comisiones consideran que para lograr una agricultura más equitativa y sostenible, es necesario salvaguardar, respetar y proteger los derechos, así como brindar seguridad social a los trabajadores, independientemente de la naturaleza temporal o informal de su empleo.

Observan que las reformas se alinean con los principios de derechos humanos, garantizan el acceso a un nivel de vida adecuado y a servicios de salud, lo que contribuye a cumplir con el marco jurídico nacional e internacional.

La diputada Cisneros Luján hizo notar que en la Ley Federal del Trabajo ya existe un capítulo específico relacionado con los trabajadores del campo, es decir no se está legislando por primera vez. “Lo que las y los senadores propusieron es perfeccionar lo ya existente con el fin de avanzar en la transformación en materia de trabajo y de seguridad social”.

En su oportunidad, el diputado Baldenebro Arredondo expresó que por el bien de los trabajadores del campo “estamos avanzando en su protección. Todos coincidimos en que queremos lo mejor para ellos”.

Rugidos

Fast Track Legislativo

En Cámara de Diputados, Senado de la República y Congreso de la capital del país, se vivieron ayer intensas discusiones, posicionamientos, votaciones y aprobaciones sobre fiscales y aspirantes a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los diputados y senadores apuraron el paso, a unas horas de concluir el actual periodo legislativo, con el fin de dar respuesta a temas pendientes y delicados que han comenzado a influir en la vida pública-política en el país.

MORENA, partido en el poder, buscó a toda costa hacer valer su mayoría legislativa y en Cámara de Diputados Federal, logró finalmente avalar el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona con el fin de buscar procesarlo penalmente.

En el Congreso de la capital del país, tras una intensa y larga sesión, los diputados decidieron aplazar la votación del dictamen sobre la ratificación o no de la fiscal capitalina, Ernestina Godoy.

Al mismo tiempo, en el Senado de la República se vivió una acalorada sesión donde MORENA no logró se eligiera a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El bloque opositor de contención impidió llegar a un consenso, dejando ahora al presidente Andrés López Obrador la decisión de nombrar para ese cargo a la que mejor le convenga.

Bajo ese ambiente se llega al cierre de los periodos legislativos.